La presidenta de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, María Milagros Charbonier, radicó una resolución para realizar una investigación sobre el manejo y procesamiento de las asistencias y el pago de las nóminas de los empleados del Departamento de Educación, tras informarse a través de los medios noticiosos que una auditoría realizada en cuarenta y cuatro escuelas públicas de San Juan y Ponce reveló que 110 personas que se encontraban en licencias o terminaron su empleo en la agencia, continuaban recibiendo sus salarios ilegalmente.
La legisladora añadió que además de los pagos ilegales que encontró el Departamento de Hacienda también se detectaron que 162 empleados que se encontraban trabajando en los planteles no aparecían en los expedientes del Departamento de Educación.
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La exposición de motivos de la resolución de investigación explica que el hallazgo es parte de unas evaluaciones que realiza actualmente el Departamento de Hacienda en conjunto con la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, para corregir y eliminar prácticas ilegales en la agencia pública y que por años le han costado mucho dinero al erario, indicó la legisladora en un comunicado de prensa.
Charbonier indicó que dirigirá la investigación hasta las últimas consecuencias y referirá al Departamento de Justicia cualquier hallazgo de carácter criminal. “El que la auditoría de Hacienda haya encontrado fallas o faltas no quiere decir que no exista evidencia contundente para sostener un caso criminal. Investigaremos y de encontrar que personas conspiraron intencionalmente para defraudar al Departamento de Educación y robarse el dinero dirigido a los niños de nuestras escuelas referiremos los mismos al Departamento de Justicia.”
La también licenciada señaló que las personas involucradas y señaladas en esta investigación del Departamento de Hacienda pudieran enfrentarse a varias violaciones del Código Penal de Puerto Rico, entre ellos: malversación de Fondos públicos ; falsificaciones falsas otorgadas por un funcionario público; incumplimiento del deber por parte de un funcionario público y que ocasione perdida de fondos públicos ; negligencia en el cumplimiento del deber de un funcionario público .
“Ciertamente, es nuestra intención con esta investigación que se identifiquen y procesen a aquellas personas responsables de cometer actos contrarios al uso adecuado de los fondos y de la propiedad pública, pero también es nuestro objetivo lograr el desarrollo y mantenimiento de un programa de auditoría interna que asegure la calidad de los servicios y el cumplimiento de todas las normas y leyes que rigen en el Departamento de Educación y en todas las entidades gubernamentales en general”, concluyó.