Retórica de odio desde el poder golpea los derechos humanos

El nuevo informe de Amnistía Internacional –que incluye a Puerto Rico– señala que los discursos de odio de jefes de Estado han disparado la intolerancia, pero también ha incrementado la lucha por esos derechos

Por David Cordero

Si bien se espera de los Estados que manejen un discurso de inclusión y que eso se vea reflejado en sus políticas públicas e implementación de derechos civiles y humanos, el pasado año 2017 se caracterizó precisamente, por lo contrario, concluyó la organización Amnistía Internacional (AI).

“El año pasado, con el mundo sumido en crisis, líderes prominentes nos ofrecieron la visión dantesca de una sociedad cegada por el odio y el miedo”, afirmó Salil Shetty, secretario general de AI, en declaraciones escritas.

“El año pasado, con el mundo sumido en crisis, líderes prominentes nos ofrecieron la visión dantesca de una sociedad cegada por el odio y el miedo”, afirmó Salil Shetty, secretario general de AI.

En su informe del año 2017-2018, “La situación de los derechos humanos en el mundo”, que abarca 159 países, AI presenta un análisis exhaustivo del estado actual de los derechos humanos en el mundo, y aunque señala retrocesos, hace hincapié en la lucha de miles a favor de esos derechos.

El informe señaló que en Estados Unidos el presidente Trump ha promovido un discurso en  contra de derechos, marcado por la discriminación y la xenofobia, que amenaza con generar un importante retroceso para la justicia y las libertades, con medidas como la firma de una serie de órdenes ejecutivas represivas que ponen en peligro los derechos humanos de millones de personas, en Estados Unidos y en otros países.

Según el análisis de AI, las medidas adoptadas incluyen prácticas abusivas en la frontera entre Estados Unidos y México, como el aumento de las detenciones de personas solicitantes de asilo y sus familias; restricciones extremas del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres y niñas, en Estados Unidos y en otros países; la revocación de medidas de protección para trabajadores y trabajadoras LGBTI y estudiantes transgénero; y la autorización para culminar la construcción del oleoducto Dakota Access, que amenaza la fuente de agua de los sioux de Standing Rock y otros pueblos indígenas, además de violar el derecho de esos pueblos al consentimiento libre, previo e informado.

"Esta situación envalentonó a quienes promueven la intolerancia", dijo Shetty. "Pero motivó a muchas más personas para luchar por un futuro más esperanzador”, apuntó el secretario general.

“La población sigue haciendo exigencias de sus derechos humanos y se han ido movilizando internacionalmente, en diferentes países, multitudinariamente, exigiendo que se respeten esos derechos humanos”, indicó, por su parte, Liza M. Gallardo-Martín, directora ejecutiva de AI en Puerto Rico.

Puerto Rico en el informe 

Amnistía Internacional resalta en esta edición el recrudecimiento de la crisis humanitaria a consecuencia del huracán María y la lenta respuesta de las autoridades para atender la emergencia. Además, hace señalamientos de retroceso en protecciones a la libertad de expresión, protección de las personas transgénero y, sobre todo, cómo las medidas de austeridad ponen en peligro los derechos humanos de los residentes de la isla. 

"Lo más importante de parte de AI en Puerto Rico al gobierno de nuestro país, es que en vez de controlar la expresión, las manifestaciones y las voces del pueblo, deben garantizar los espacios para escuchar sus problemáticas", apuntó Liza M. Gallardo-Martín, directora ejecutiva de AI en Puerto Rico.

“El 19 de mayo, el gobernador Rosselló firmó la entrada en vigor de varias enmiendas al Código Penal que ilegalizaban ciertas conductas, como bloquear la entrada a obras en construcción o instituciones educativas —tácticas estas empleadas tradicionalmente por quienes protestaban pacíficamente—, lo cual debilitaba potencialmente los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica”, señala el informe.

El documento enfatizó en que el paso de esas enmiendas por la Asamblea Legislativa fue muy apresurado, con consultas limitadas a la sociedad civil, por lo que entraron en vigor inmediatamente después de su aprobación, sin el período de espera habitual de 90 días. “Las enmiendas parecían ser un intento directo por parte del Gobierno de desalentar la protesta pacífica”, advierte.

El informe también apunta a la crisis financiera de Puerto Rico, como consecuencia de su enorme deuda externa, de más de $70,000 millones y a que la Junta de Supervisión Fiscal, creada por las autoridades estadounidenses en 2016, implementó varias medidas de austeridad a lo largo del año que tendrían efectos adversos en derechos.

“Esas medidas podrían tener consecuencias negativas para los derechos humanos, en especial para el acceso a la atención médica, la vivienda, la educación y el empleo. El 9 de enero, el experto independiente de la ONU sobre deuda externa y derechos humanos expresó públicamente su preocupación por los efectos adversos que podrían tener las nuevas medidas de austeridad”, lee el documento.

En el informe se denunció, además, un uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la policía en las protestas relacionadas con la crisis fiscal. El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, la Unión Americana de Libertades Civiles documentó un uso indiscriminado de gas lacrimógeno, de acuerdo al documento, contra manifestantes sin que se hubieran dado órdenes de dispersión previas, lo cual es contrario al derecho y las normas internacionales. Los observadores reunieron botes que revelaron que se empleado gas lacrimógeno caducado. Además, las pruebas mostraron el uso de balas de goma contra manifestantes, en gran parte pacíficos. Se planteó asimismo preocupación por el hecho de que no podía identificarse adecuadamente a los agentes de policía durante las protestas y que en las manifestaciones se infiltraron policías encubiertos que practicaron detenciones sin identificarse.

"Lo más importante de parte de AI en Puerto Rico al gobierno de nuestro país, es que en vez de controlar la expresión, las manifestaciones y las voces del pueblo, deben garantizar los espacios para escuchar sus problemáticas, el impacto que tiene cuando uno no tiene vivienda, el impacto que tiene cuando la educación de tus hijos ya no es accesible, el impacto que tiene el no conseguir un trabajo, en vez de limitar esa expresión utilizando la violencia policiaca o una presencia policiaca desmedida, entendemos que eso realmente no abona a tener un país que garantice los derechos", apuntó Gallardo-Martín.

Venezuela al tope del retroceso en América Latina

La organización internacional concluyó que el pasado año estuvo marcado por las crecientes protestas públicas provocadas por el aumento de la inflación y la escasez de alimentos y suministros médicos en Venezuela.

Entre abril y julio en particular, se celebraron manifestaciones multitudinarias a favor y en contra del Gobierno en varias zonas del país, pero el derecho de reunión pacífica no estaba garantizado.

Según datos oficiales, al menos 120 personas perdieron la vida y más de 1,177 resultaron heridas —entre ellas manifestantes, miembros de las fuerzas de seguridad y transeúntes— durante las protestas multitudinarias. También hubo informes de la Fiscalía General de la República sobre grupos de personas armadas, con el apoyo del Gobierno, que habían llevado a cabo acciones violentas contra manifestantes.

Según la ONG local Foro Penal Venezolano, en el contexto de las protestas se detuvo a 5,341 personas, de las cuales se juzgó a 822. A 726 de ellas —que eran civiles— se las sometió a jurisdicción militar y se las acusó de delitos militares por manifestarse contra el Gobierno. Al terminar el año 2017 permanecían recluidas en espera de juicio 216 personas.

Asimismo, según AI, en enero, el Gobierno reanudó su programa de seguridad pública, previamente llamado Operación Liberación del Pueblo, con el nuevo nombre de Operación Liberación Humanista del Pueblo, pero siguieron recibiéndose noticias de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad. En el contexto de las manifestaciones que tuvieron lugar entre abril y julio, el Gobierno anunció la activación del “Plan Zamora”, cuyo objetivo era “garantizar el funcionamiento [del] país [y] su seguridad” mediante la movilización de civiles junto con fuerzas policiales y del Ejército para “[defender] el orden interno”. Sin embargo, los detalles del plan no se habían hecho públicos.

Arte gráfico: Jan M. Morales-Torres Arte gráfico: Jan M. Morales-Torres

Se agrava la situación en México 

Por otro lado, la crisis de derechos humanos en México se agravó por el aumento de la violencia y los homicidios, con una cifra sin precedentes de homicidios de periodistas. Las detenciones y reclusiones arbitrarias siguen siendo generalizadas y, a menudo, dan lugar a otras violaciones de derechos humanos, la mayoría de las cuales no se investigan debidamente, según el informe.

En el país se produjo un incremento significativo del número de homicidios, con 42,583 registrados en todo México. Se trata de la cifra anual de homicidios más alta registrada por las autoridades desde el comienzo del mandato presidencial actual, en diciembre de 2012. La cifra real podía ser más alta, señala el informe, ya que algunos crímenes no se denuncian a la Policía.

Asimismo, se reportaron 4,390 casos de tortura en revisión a nivel federal y se iniciaron 777 investigaciones según el nuevo sistema de justicia adversarial.

Sobre las desapariciones forzadas con implicación del Estado y las desapariciones perpetradas por agentes no estatales, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas indicó que siguen sin esclarecerse el paradero de 34,656 personas (25,682 hombres y 8,974 mujeres). Las cifras reales son más altas, porque la cifra oficial excluye los casos federales anteriores a 2014 y los casos clasificados como delitos de otro tipo, como secuestros o tráfico de personas.

El informe también enfatizó en el peligro que corren los inmigrantes y refugiados. Entre enero y agosto se presentaron un total de 8,703 solicitudes de asilo, una cifra similar a la de todo 2016. El porcentaje de solicitudes que dieron lugar a que se concediera la condición de refugiado se redujo; pasó del 35% en 2016 al 12% en 2017. La mayoría de las solicitudes de asilo correspondían a personas refugiadas y solicitantes de asilo provenientes de Honduras y Venezuela.

Entre enero y noviembre, 88.741 personas migrantes en situación irregular fueron detenidas y 74,604 fueron deportadas, en la mayoría de los casos sin la posibilidad de impugnar su deportación. De las personas deportadas, un 94% procedían de Honduras, Guatemala y El Salvador, países que habían registrado algunas de las tasas de homicidio más altas del mundo en años anteriores, y un 20% de las personas deportadas a esos países eran niños y niñas. Asimismo, en febrero, el secretario de Relaciones Exteriores de México anunció que su país no recibiría a personas extranjeras devueltas por Estados Unidos en virtud de la orden ejecutiva sobre control fronterizo anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 25 de enero.

Además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó una encuesta que estimó que un 66.1 % de las niñas y mujeres mayores de 15 años habían experimentado violencia de género por lo menos una vez en su vida, y que un 43.5 % de las mujeres habían sufrido violencia de género a manos de sus parejas.

Tras una sentencia del Tribunal Constitucional de Chile, que refrendó la despenalización del aborto en determinadas circunstancias, en todo el mundo solo quedaban siete países que mantenían la prohibición total del aborto, incluso cuando peligraba la vida o la salud de la mujer o la niña embarazada. Seis de esos países estaban en la región de las Américas: República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam.

Alrededor del mundo:

  • En Corea del Norte, hasta 120,000 personas siguieron recluidas arbitrariamente en campos penitenciarios para presos y presas políticos donde se las sometía a trabajos forzados, tortura y otros malos tratos.
  • En Colombia, la persistencia de los abusos y violaciones de derechos humanos demostró que el conflicto interno entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las fuerzas de seguridad está lejos de haber concluido y, en algunas zonas, parece intensificarse.
  • En Perú, se promulgaron nuevas leyes que debilitaron la protección de los derechos de los pueblos indígenas relativos a la tierra y el territorio, y socavaron su derecho al consentimiento libre, previo e informado.
  • El indulto concedido al expresidente de Perú, Alberto Fujimori, que en 2009 había sido condenado por crímenes de lesa humanidad, transmitió una preocupante señal en cuanto a la disposición de Perú de hacer frente a la impunidad y respetar los derechos de las víctimas.
  • En Ecuador, se sigue violando el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado, con situaciones que incluían intrusiones del Estado en los territorios indígenas para la futura extracción de petróleo.
  • México recibió una cifra sin precedentes de solicitudes de asilo, en su mayoría de ciudadanos y ciudadanas de El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela, pero eludió reiteradamente brindar protección a quienes la necesitaban y, en lugar de ello, devolvió a esas personas a situaciones sumamente peligrosas donde incluso sus vidas estaban en riesgo.
  • En Haití, casi 38,000 personas siguen estando internamente desplazadas como consecuencia del terremoto de 2010.
  • Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, más de 57,000 personas de Honduras, Guatemala y El Salvador solicitaron asilo en el extranjero. Muchas de ellas fueron obligadas a regresar a sus países, donde la falta de un sistema de protección eficaz las dejaba expuestas a los mismos peligros y condiciones de los que habían huido.
  • En Angola, Chad, Etiopía, República Democrática del Congo, Sudán, Togo y otros países, se emplearon medidas jurídicas, administrativas y de otra índole para restringir y prohibir de forma ilegítima protestas pacíficas.
  • La policía de Kenia empleó fuerza excesiva —que incluyó el uso de munición real y gas lacrimógeno— contra manifestantes de la oposición tras las elecciones generales, causando decenas de víctimas mortales; al menos 33 personas, entre ellas 2 niñas, murieron por disparos de la policía. En Togo, al menos 10 personas —entre ellas 3 niños y 2 miembros de las fuerzas armadas— murieron violentamente durante una operación represiva de las fuerzas de seguridad.
  • En al menos 30 países se restringió la libertad de los medios de comunicación y se criminalizó a quienes ejercen el periodismo. El uso indebido del sistema de justicia para silenciar la disidencia era habitual en Angola, donde el gobierno utilizó legislación sobre difamación especialmente contra periodistas e intelectuales.
  • En Kenia, las autoridades utilizaron el hostigamiento y la intimidación para silenciar a los medios de comunicación. En Botsuana se hostigaba e intimidaba persistentemente a periodistas por realizar labores de investigación, y unos agentes de seguridad vestidos de civil detuvieron y amenazaron de muerte a tres periodistas que habían llevado a cabo una investigación sobre la construcción de la vivienda vacacional del presidente Ian Khama.
  • En la región de la cuenca del lago Chad en la República Democrática del Congo, Boko Haram cometió crímenes de guerra en gran escala. El grupo armado lanzó ataques contra civiles, causó muertes y provocó un aumento de los desplazamientos de población civil. El resurgimiento de los ataques en Camerún y Nigeria se saldó con la muerte de cientos de civiles. En Nigeria, aunque 82 de las alumnas secuestradas de Chibok (nordeste del país) fueron liberadas en mayo, se desconocía el paradero de miles de mujeres, niñas y hombres jóvenes secuestrados que sufrían terribles abusos, incluidas violaciones. Más de 1,7 millones de personas de todo el nordeste del país se vieron desplazadas, lo que dejó a muchas de ellas al borde de la inanición.
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