El Pleno del Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió hoy una resolución que enmienda el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, amparándose en que la Legislatura “reconoció nuestra facultad constitucional de reglamentar”.
En esencia, las enmiendas disponen que ahora será el Pleno del Tribunal Supremo quien determinará la asignación de los jueces y juezas que compondrán los paneles del Tribunal de Apelaciones. Específicamente, con el método dispuesto, designarán los presidentes de paneles por antigüedad, además, por medio de tómbola se seleccionarán los jueces y juezas que compondrán cada panel.
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De haber continuado el reglamento anterior, las facultades de nombramiento recaían sobre la jueza presidenta del Supremo, Maite D. Oronoz Rodríguez, nombrada por el exgobernador Alejandro García Padilla.
Por otra parte, el Tribunal Supremo también emitió una resolución para crear un Reglamento para la Evaluación de Jueces y Juezas del Tribunal de Primera Instancia. Este dispone que la Comisión de Evaluación Judicial estará compuesta por un presidente y ocho miembros nombrados por el Pleno del Tribunal Supremo. La dirección administrativa de la Comisión estará a cargo de un director, que también nombrará el Supremo.
La Comisión, que actualmente realiza evaluaciones detalladas sobre las ejecutorias de los jueces y juezas, podrá recomendar al Supremo asignaciones, traslados, designaciones y cualquier otra medida que, a su juicio, pueda “resultar beneficiosa para la judicatura”.
Ambos reglamentos se aprobaron en votación 6 a 3.
Coincide en que los seis votos a favor provinieron de los jueces nombrados bajo la administración de Luis Fortuño: Rafael L. Martínez Torres, Mildred G. Pabón Charneco, Erick V. Kolthoff Caraballo, Edgardo Rivera García, Roberto Feliberti Cintrón y Luis F. Estrella Martínez.
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Mientras, los tres votos disidentes fueron por parte de los jueces nombrados bajo administraciones del Partido Popular Democrático (PPD): Maite D. Oronoz Rodríguez, Anabelle Rodríguez Rodríguez y Angel Colón Pérez.
En cuanto a las enmiendas al Reglamento del Tribunal de Apelaciones, Oronoz Rodríguez emitió un voto disidente mediante el cual rechazó la actuación de la mayoría del Tribunal por ser contraria al esquema constitucional que establece que la administración de los tribunales está a cargo de la jueza presidenta.
En particular, expresó que “este proceder lamentable lacerará profundamente la legitimidad de este Tribunal, no sólo por su abierto desafío a nuestro orden constitucional, sino porque… quebrantará aún más la confianza misma que el Pueblo debe tener en esta institución”.
“El país no cree en coincidencias, y tomará con merecida sospecha que justo en este momento una mayoría de este Tribunal haya decidido suprimir la habilidad que históricamente ha tenido la jueza presidenta para utilizar criterios objetivos, como experiencia, liderazgo y otros, para asignar a los jueces que vendrán llamados a atender los casos judiciales que se presentan en nuestras cortes”, añadió la jueza presidenta.
Por su parte, la jueza asociada Rodríguez Rodríguez también disintió y en su voto particular expresó que los cambios realizados en el reglamento son un “intento burdo” de la mayoría que, “inducidos por la Legislatura”, intentan “usurpar” el poder administrativo de los tribunales.
“Bajo el pretexto de lograr una mayor transparencia y aletoriedad en la asignación de casos y jueces en el foro apelativo intermedio, y sin ninguna evidencia para mostrar que el sistema actual sea ineficiente, una mayoría ignora la complejidad de este proceso y lo aborda como un simple juego al azar que, en función de probabilidades calculadas le permitirá a ellos y a aquellos afín con su ideología política perpetuarse en el poder“, apuntó.
Mientras, en su voto particular disidente, el juez asociado Colón Pérez sentenció que “las ansias desmedidas de poder, que nos carcomen como país, y que tanto daño nos han hecho como sociedad, se apoderan de este sagrado recinto“.
“Al momento de jurar como juez asociado, sabía al detalle cuáles eran mis funciones en este foro y cuáles no. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en ese aspecto, es en extremo clara. La administración de la Rama Judicial recae en la jueza presidenta. A los jueces asociados y juezas asociadas de este Tribunal nos compete colaborar en esas tareas –no apropiarnos de las mismas– y dedicarnos, como últimos intérpretes de la Constitución, a la adjudicación de los casos y controversias que día a día se presentan a nuestras puertas”, expresó.
En torno a la aprobación del Reglamento para la Evaluación de Jueces y Juezas del Tribunal de Primera Instancia, la jueza presidenta expuso: “una mayoría decidió aprobar este Reglamento de espaldas al País, sin tan siquiera dar espacio a la participación de la comunidad jurídica para que se expresara sobre su procedencia. Ello en momentos cuando se exige que nuestro sistema de evaluación de jueces opere, como cuestión de realidad y de apariencia, libre de influencias indebidas”.
Por su parte, la jueza Rodríguez Rodríguez también emitió un voto particular disidente en el que expresó que el poder administrativo del sistema de justicia requiere destreza, capacidad y la habilidad de estudiar detenidamente su funcionamiento antes de implementar cambios en el mismo. “Con el Reglamento que se aprueba durante el día de hoy, una mayoría asume ligeramente las nuevas responsabilidades de índole administrativo que, con la ayuda de la Legislatura de turno, se ha atribuido y simplemente emula los preceptos que regían el sistema de evaluación anterior”.
La jueza asociada Pabón Charneco y su homólogo Martínez Torres emitieron votos de conformidad.
“En virtud de la autoridad constitucional que tenemos para aprobar reglas que rijan la administración de la Jueza Presidenta, aceptamos hoy unas enmiendas… Nada me parece más justo, objetivo, imparcial y transparente que designar a los miembros de los Paneles mediante un proceso aleatorio (tómbola) en el que ningún otro elemento importe”, expresó Pabón Charneco.
Por su lado, Martínez Torres aseguró que “las reglamentaciones que aprobamos hoy le dan mayor confiabilidad y transparencia a la asignación de jueces y casos en el Tribunal de Apelaciones, así como a la evaluación de los jueces del Tribunal de Primera Instancia”.
El juez Estrella Martínez también hizo constar una expresión en la que se mostró conforme con la reglamentación aprobada.
Aprobación de enmiendas al Reglamento del Tribunal de Apelaciones by Metro Puerto Rico on Scribd
Aprobación de Reglamento para la Evaluación de Jueces y Juezas del Tribunal de Primera Instancia by Metro Puerto Rico on Scribd
