Responsabilidad legislativa

La presencia del PIP en la Cámara de Representantes tiene múltiples propósitos y funciones. La principal es contribuir al adelanto de la descolonización de Puerto Rico y su independencia. Represento, además, a las miles de personas que votaron para que legislemos por el bien común, para que fiscalicemos  y para que denunciemos todo aquello que perjudique al país.

Dentro de esas funciones está ser miembro de la Comisión de Ética, que tiene como función investigar, concluir y recomendar sobre la conducta de los legisladores. La Constitución del ELA establece que somos los legisladores los que juzgamos a los miembros de la Cámara de Representantes. Siempre he tenido como norte en dicha Comisión de Ética evaluar y juzgar con justicia. Incluso, eso me ha llevado a tener diferencias en la toma de decisiones de casos en dicho organismo.

En el caso de la expulsión del exrepresentante Ramón Rodríguez Ruiz, durante meses guardé silencio en cumplimiento con la obligación de confidencialidad de la Comisión de Ética. No obstante, por ser una decisión pública y celebrado el juicio político no tengo impedimento alguno de expresarme.

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Luego de concluida la investigación de la Comisión de Ética, no tuve la menor duda, con la mayor certeza moral y con el mayor criterio de justicia, que el legislador Ramón Rodríguez Ruiz cometió el delito grave de violencia doméstica bajo la Ley 54 en su modalidad de maltrato y, por esa razón, voté a favor del informe y, posteriormente, a favor de su expulsión. Y si bien es cierto que en la Cámara represento a un partido de minoría, y que una de mis funciones es la fiscalización, también pertenezco a dicha institución y una de mis responsabilidades es protegerla, a pesar de las múltiples diferencias que pueda tener en diversos asuntos con la mayoría y con la minoría del Partido Popular. Se trata de la integridad de la Cámara de Representantes, de la integridad de los legisladores y de nuestra responsabilidad de protegerla.

El exrepresentante Rodríguez cometió, tal y como está establecido en la Constitución de Puerto Rico, un delito grave de violencia de género. En estos tiempos en el que han saltado a la discusión pública —local e internacionalmente— tantos casos de violencia doméstica y agresiones, es inconcebible que una persona pueda seguir siendo legislador cuando ejerce tan nefasta y reprochable conducta. Desafortunadamente, vivimos en una sociedad patriarcal y machista, y es nuestra obligación continuar promoviendo cambios que fomenten la equidad y la igualdad entre los seres humanos. Por ello, la decisión de expulsión fue la correcta.

Una de mis expresiones públicas relacionadas con los casos de ética ha sido mi deseo de no tener que atender más casos de esa índole. No para evadir mi responsabilidad, esa la ejerceré y la descargaré siempre, sino para poder dedicarme de lleno a la función legislativa, sin interrupciones, enfocado en el servicio público a la altura de la posición que me honro en ocupar.