Padres y madres de estudiantes de las escuelas públicas Montessori reclamaron al gobernador Ricardo Rosselló, a la secretaria de Educación, Julia Keleher, y a los legisladores que en el contexto de la propuesta reforma educativa protejan el sistema Montessori.
Damaris Rondón, portavoz de los padres de escuelas Montessori, reclamó “proteger y mantener lo que hemos logrado: escuelas públicas Montessori que sirven bien a nuestros niños. Pedimos de ustedes que mantengan la Secretaría Auxiliar Montessori dentro del DE con representación en las regiones educativas o LEA (Local Education Agency)”.
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El reclamo surge ya que la secretaría de las escuelas públicas Montessori no está incluida en la nueva ley 825 de reforma educativa.
Rondón, junto a padres de escuelas Montessori en Guaynabo, Guayama, y otros municipios, añadió que “las comunidades escolares públicas Montessori invitamos al gobierno a proteger 25 años de historia y todos los logros que nacen de esta. Invitamos a proteger las 44 escuelas públicas que sirven a nuestros hijos a través de la isla en lugares como Vieques, Llorens, Juan Domingo, Cantera, Yabucoa, Patillas”.
Expresó que toda la comunidad celebra los siguientes logros en Puerto Rico:
- Son escuelas que llevan tiempo en el proyecto tienen 0 % deserción escolar
- 0 % de incidentes graves de violencia
- 0 % incidencias de droga
- Tuvimos un 16 % aumento de matrícula en los últimos tres años y listas de espera en nuestras escuelas (algunas sobrepasan los 100 estudiantes en espera)
- Integran la edad temprana (0-6) a la escuela pública
- Sobre un 85 % de los niños de cinco años y un 90 % de los niños de 6 años leen.
- 100 % de los padres encuestados dicen que no cambiarían a sus hijos de la escuela.
- Las escuelas dan empleo a 250 ciudadanos de nuestras comunidades.
Rondón aseguró que los padres tampoco desean que las Montessori pasen a ser administradas como escuelas chárter pues lo que han leído en la Ley 825 les inquieta en varios puntos: cómo excluirán a los estudiantes de educación especial de la corriente regular, al tener que tomar sus terapias en otro lugar; por la posibilidad, al escogerse estudiantes al azar en una tómbola, que estudiantes de la comunidad no sean seleccionados y finalmente que estudiantes con mala conducta (aún sin considerar que puedan ser hiperactivos), por el promedio o por ausentismo sean expulsados y no se les garantice luego educación.
Sobre la selección de estudiantes por tómbola, la secretaria de Educación ha dicho que en Puerto Rico no se haría así, pero el proyecto de ley eso es lo que estipula y hasta ahora no se ha enmendado.
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Por su parte, Rosa Echevarría, otra madre de estudiante Montessori, comentó que el alcance del proyecto Montessori necesita una estructura de gobierno ágil para su currículo especializado, una organización escolar eficiente y el buen manejo de su presupuesto.
“El proyecto Montessori público es una inversión y ahorro para el gobierno al no tener que ‘pagar’ la deserción y la delincuencia, los rezagos y las fórmulas remediativas. Ya que es un modelo de inclusión, en el cual se atiende al niño o joven de Educación Especial exitosamente dentro de la corriente regular, presenta un ahorro en personal, servicios y transportación”. Las escuelas públicas Montessori, a las que apoya el Instituto Nueva Escuela, permite el acceso a todas las comunidades que así lo escojan, a la pedagogía Montessori, que hasta el 1994 solo estaba accesible a través del sector privado.
