A pesar de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, México empeoró en esta materia al pasar del lugar 123 al 135 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC 2017) en comparación al año pasado .
Según Transparencia Mexicana, el país empeoró por un punto en la evaluación, pasando de 30 a 29 puntos, lo cual le hizo perder 12 puestos en el ranking de 180 países.
A nivel regional, México se ubicó entre los últimos cinco lugares de América Latina- al igual que Honduras y Paraguay-, sólo por encima de Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela.
Esto ubica a México como el país peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y de las naciones que integran el grupo del G20.
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La escala del IPC mide el nivel de corrupción en diferentes grados de la sociedad y del gobierno de 180 países del mundo, en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia.
Asimismo, este estudio coincide con el Índice de Transparencia Presupuestaria 2017, publicado por la Open Budget Partnership, en donde México ocupó el 6° lugar de 102 países. Lo cual muestra que la transparencia, por sí sola, no necesariamente lleva a una reducción de la corrupción.
Transparencia Mexicana atribuye a esta caída en el IPC a las resistencias para instalar el Sistema Anticorrupción en todo el país, a la ausencia de una Fiscalía Independiente que conduzca las investigaciones y la falta de sanciones firmes para los grandes casos de corrupción conocidos por la opinión pública.
Por otra parte, recomienda al gobierno mexicano a promover la eficiente instalación del Sistema Nacional Anticorrupción, a incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en este sistema para evitar el lavado de dinero y el desvío a empresas fantasmas.
De igual manera, llama a crear una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política, ni de intereses privados, así como avanzar hacia sistemas de transparencia en todas las instituciones públicas, incluyendo la máxima publicidad y formatos abiertos respecto del financiamiento a partidos políticos y sus proveedores.