José Poupal, líder de PROTGE, catalogó como un logro para la transportación pública terrestre en Puerto Rico, que la jueza Cortés González, el juez Rivera Colón y la jueza Surén Fuentes, del Tribunal de Apelaciones, dictaminaran un “no ha lugar” a una reconsideración emitida por la red de transporte UBER, relacionada a una intromisión en una zona turística restringida.
“Agradecemos a los jueces del Tribunal de Apelaciones ese fallo porque por fin se hace valer la ley. Esperamos que esto sirva de precedente y se atienda de una vez y por todas, la difícil situación que pasamos los transportistas día a día, viendo cómo se viola la ley que se supone que nos proteja, y aquí no se hace nada”, opinó en una comunicación escrita.
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“Yo no sé qué se está esperando aquí. Hemos dado una tregua, hemos dejado que el gobierno atienda la situación sin más presiones, los compañeros han respetado mi filosofía de no confrontación, pero yo creo que aquí se está esperando a que el desespero sea el que domine y puedan volver las confrontaciones, que no se dan por otra cosa que no sea la impotencia de ver que no se hace nada y perdemos poco a poco nuestro trabajo”, añadió.
Critican gestión de la Comisión de Servicio Público
Poupal denunció que la Comisión de Servicio Público no tiene definido un reglamento para hacer valer la ley 75 ni sabe manejar las irregularidades que siguen ocurriendo en la zona turística, desde que se le asignó regular el transporte terrestre en la Isla.
El pasado mes de agosto, el gobernador Ricardo Rosselló firmó y convirtió en ley el PC 1084, que establece la “Ley de Transportación Administrativa de la Comisión de Servicio Público”. Con esta ley, le corresponde a la CSP regular a los transportistas y definir, especialmente, la manera en que las zonas turísticas serán divididas, después de que la red de transporte UBER hizo su entrada al mercado violando la ley.
Poupal destacó que se suponía que para el 1 de enero todos los conductores de las redes de transporte estuviesen registraos en la CSP, y no ha ocurrido, por lo que estarían en violación de la ley 75. “Ellos estaban trabajando en un reglamento que, al día de hoy, todavía es un borrador porque no saben cómo implementar la ley 75 que regula el transporte público”, dijo.
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Una vez convertido en ley el PC 1084, la Comisión de Servicio Público se convirtió en responsable de fiscalizar la transportación y Uber debería cumplir con requisitos adicionales que garanticen la seguridad del turista y del pasajero, además de respetar las áreas zonificadas como turísticas.
“Estamos en un momento crítico para la Isla. El Turismo sigue decayendo después de la situación de emergencia vivida en la Isla y ahora pretendemos que cuando el extranjero llegue a este país caiga en manos de cualquier conductor que no cuenta con los permisos establecidos por ley”, concluyó.
