La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, espera que el error cometido ayer por la Oficina del Contralor, que vinculó las irregularidades halladas en la escuela especializada University Gardens con el municipio capitalino, corresponda “a un trabajo mal hecho y no a un juego político”
“Contralora, tome nota y corrija: la escuela especializada University Gardens pertenece al Departamento de Educación de Puerto Rico. No es del municipio de San Juan, aunque está en el municipio de San Juan”, señaló la alcaldesa.
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Agregó que quiere pensar “que esto es un error de redacción y que pronto veremos el comunicado de la Oficina de la Contralor, y a la contralora misma, pidiendo excusas por la falsedad del comunicado”.
Sin embargo, señaló que no sabe “cuál de las opciones es peor: que fuese un error de un trabajo mal hecho -y perdonen la palabra ‘chapucero’- o la otra opción, que intencionalmente se esté prestando esta Oficina para el juego político”.
“Hay que tener mucho cuidado de no usar, ni siquiera dar la impresión, de que se están usando las instituciones para perseguir políticamente. Las cacerías de brujas le quitan credibilidad a estas instituciones y nuestro pueblo ya no les tiene mucha confianza. No le quitemos la poquita que le queda”, urgió Cruz Soto.
Por último, señaló que espera “que los medios que también reportaron la situación sin verificar los hechos, hagan lo propio y se retracten. Agradezco a Noticias Telemundo que en un acto de periodismo responsable llamó a nuestra directora de Prensa, quien les pudo aclarar que esta escuela no es del municipio”.
“La mala fe ya es burda y la ansiedad por responsabilizarme aún de lo que le corresponde al gobierno central es bochornosa”, concluyó.
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Ayer, la Contraloría informó que detectó irregularidades como resultado de una investigación a una querella relacionada con el uso de fondos en la escuela. En la querella se alegaba que no se mantenía un control adecuado sobre los fondos del plantel.
Según la pesquisa, la escuela obtiene más de 50 mil dólares anuales mediante donaciones, venta de refrigerios en máquinas expendedoras y actividades de “casual days”.
Además, se indicó que compró un proyector por 15 mil dólares sin seguir el debido proceso.
La investigación realizada por la Oficina de Querellas e Inteligencia Fiscal reveló que se incumplió con el Reglamento 23, Reglamento de Consejos Escolares, y con la Guía para el Manejo de Fondos Propios.
