Ramón Rodríguez Ruiz se mantuvo inexpresivo durante todo su juicio político. Sentado al final del hemiciclo de la Cámara de Representantes, lugar que ocupó desde que fue expulsado del caucus del Partido Nuevo Progresista el 7 de diciembre, escuchó uno tras otro los discursos en su contra, por supuestamente haber golpeado a una empleada de su oficina, y que terminaron en su expulsión de la Asamblea Legislativa.
Y aunque hasta el final de su término como representante por los municipios de Aibonito, Coamo, Santa Isabel y Salinas se mantuvo firme en que era inocente, sus argumentos no pudieron rebatir el contundente informe de la Comisión de Ética que dio paso a que 46 miembros de la Cámara baja votaran por la destitución, con solo su propio voto en contra.
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A la vista de su esposa y empleados que le aguardaban en las gradas del Capitolio, Rodríguez Ruiz acotó que “este servidor nunca ha tocado a ninguna dama”. El ahora exrepresentante, además, cuestionó la capacidad de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes para investigarlo, así como de sus homólogos para enjuiciarlo y expulsarlo, por la asignación de un oficial examinador – por parte del presidente de la Cámara, Carlos Méndez- que realizó una pesquisa externa a los miembros de la Legislatura.
”Ni en el reglamento de la Cámara, ni de la Comisión de Ética, dan la facultad al presidente de la Cámara de colocar un oficial investigador. Lo único que establece la Constitución es que los únicos que pueden hacer una investigación son los pares”, sostuvo Rodríguez Ruiz para defenderse.
Añadió que Soniel Torres Suarez, la empleada de su oficina que en un inició lo acusó por haberla golpeado a los puños en varias ocasiones en Santa Isabel, y que luego se retractó en una rueda de prensa, fue obligada a acusarlo en un hospital de Guayama a cambio de recibir servicios médicos. Este hecho, según dicta el informe de la Comisión de Ética que recomienda la expulsión del exlegislador, fue negado por el galeno que atendió a la víctima.
“A la víctima se le coaccionó inicialmente para que dijera el nombre de este representante. Esa coacción inicial de ese doctor fue la que hizo que ella lo siguiera diciendo”, sentenció.
Pero quienes hasta hoy fueron sus pares no dieron crédito a ninguna de sus palabras, cimentados en varios testimonios, así como documentos que señalan que la víctima, el día de los hechos, lo identificó como su agresor en más de una ocasión, incluso utilizando fotografías.
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“Seis oficiales de la Policía de Puerto Rico, el día 11 de noviembre del 2017, todos recibieron información de la alegada víctima, quien indicó que fue el legislador quien la golpeó”, increpó Dennis Márquez, representante por el Partido Independentista Puertorriqueño.
“Quiero explicarle al país que nuestra delegación ha tenido diferencias claras con los procesos. Ahora, la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes no le dio paso a ningún proceso ilegal. La Comisión de Ética recibió una querella juramentada, que de casualidad la presentó el presidente de la Cámara, pero no en su calidad como presidente. En ningún momento se usó el informe del oficial examinador en el proceso de las vistas “, argumentó por su parte Rafael Hernández, Portavoz del Partido Popular Democrático.
Algunos detalles de los hechos contenidos en el informe de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes
- Soniel Torres Suárez fue golpeada el 10 de noviembre en Santa Isabel.
- El 11 de noviembre acude al hospital e indica que fue golpeada por su compañero consensual. Se activa el protocolo de violencia de género y llaman a la Policía. Identifica al legislador como su agresor ante dos agentes.
- Llega el Cuerpo de Investigaciones Criminales. Torres identifica nuevamente al legislador como su agresor y dice que es su pareja hace “varios meses”.
- Pidió una orden de protección a uno de los agentes y declaró que su jefe “la iba a botar”
- Torres identifica en una tercera ocasión, esta vez con una fotografía, al legislador como su agresor, ante el pedido de una agente adscrita a la región de Ponce.
- Ante la comisión, Torres negó que el legislador fuese su victimario y agregó que no ofrecía el nombre de la persona que la golpeó por razones de seguridad.
Aparecen otras irregularidades
El juicio político en su contra, sin embargo, no tan solo se debe a la acusación por violencia de género. Según el informe de la Comisión de Ética, a Rodríguez Ruiz también se le atribuye la creación de dos organizaciones sin fines de lucro desde su oficina, con la intención de que estas recibieran fondos legislativos.
Las entidades Futuros Deportistas y Lazos dorados de amor fueron establecidas por una empleada del exrepresentante en enero del 2017. Según la Resolución Conjunta 16, también del año pasado, se le asignó dinero que nunca fue desembolsado “por falta de cumplimiento de dichas organizaciones con documentos solicitados”.
De otra parte, el exlegislador también tenía adscrito a su oficia a un empleado trabajando a tiempo completo, que supuestamente laboraba a la vez en un colegio de Guayama. “Al examinar las facturas de Gabriel Rivera y verificar algunos días que certifica que está trabajando para el representante, también trabajó en el colegio”, dicta el informe de la Comisión de Ética.
El presidente de la Cámara, en una conferencia de prensa posterior a la expulsión, afirmó que es posible que Rivera fuese testigo ocular el día en que Rodríguez Ruiz golpeó a su presunta víctima, aunque este hecho no pudo ser probado de manera contundente. No obstante, Méndez indicó que Rivera estuvo en el hospital mientras Torres era atendida, y que esta última así lo expresó.
Comienza proceso para llenar vacante
El secretario general del Partido Nuevo Progresista, Rafael “June” Rivera, informó que su colectividad se encuentra lista para comenzar el proceso de selección de candidatos para la vacante que deja el representante del Distrito 27. Confirmó que recomendará al Directorio del PNP que se utilice el método de votación de delegados de los comités municipales y que esto podría suceder el 8 de abril próximo.
