Un grupo de acreedores de Puerto Rico respondió a la versión del Plan de Crecimiento Económico y Fiscal de PR, presentado por el gobierno de Ricardo Rosselló el pasado lunes. “Lamentablemente, creemos que el PCEF propuesto recientemente por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico representa un importante paso atrás en el camino hacia la recuperación. El Plan no proporciona una base viable sobre la cual reestructurar la deuda de la isla, al mismo tiempo que carece por completo de una base para revitalizar la economía local y restablecer el acceso a los mercados de capital. Tal vez el problema más preocupante con el PCEF es que se desarrolló de manera opaca, basándose fundamentalmente en resultados de análisis subyacentes que nunca se han hecho públicos. Esto contradice el compromiso del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con la transparencia y socava el reciente consejo del presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, Rob Bishop, quien declaró que “es imperativo que la Junta de Supervisión Fiscal y el Gobernador integren plenamente a los acreedores en el desarrollo de estos planes [fiscales], garantizando así la precisión y la transparencia en los supuestos subyacentes”, declararon los acreedores en una misiva. Asimismo comunicaron que “creemos que el análisis objetivo y exhaustivo del Plan ha revelado una serie de fallas fundamentales que deben abordarse antes de seguir adelante, entre ellas: La necesidad de una agenda de crecimiento detallada y sustancial Hasta la fecha, el enfoque del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el litigio ha distraído a las partes interesadas del hecho de que este último no tiene una visión para hacer arrancar el crecimiento. Varios funcionarios del gobierno se han acomodado de manera alarmante a la suposición de una continua disminución de la población y el estancamiento económico. Además, los legisladores aún no han presentado un plan detallado para alentar a los ciudadanos y las empresas a permanecer en la isla. El gobierno debe crear e impulsar una agenda de crecimiento que apoye una economía pujante, frene la emigración e incentive a las personas que han abandonado recientemente la isla a que regresen como parte de su revitalización. Con este fin, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico debería comenzar a trabajar con proveedores de capital privado y expertos de la industria para desarrollar un programa de desarrollo económico amplio e integral. P.R. debe mostrar disciplina fiscal Las reducciones en los gastos públicos bajo el Plan son mínimas, con cifras de nómina del gobierno que crecen en un 1.2% anual, incluso cuando se proyecta que la población disminuirá en un 20% durante el período del Plan Fiscal. Esta desconexión contrasta fuertemente con las reducciones en los gastos públicos logrados en prácticamente todas las demás reestructuraciones municipales. Mientras que se prevé que los gastos públicos de Puerto Rico – sobre una base per cápita– aumenten en un 2%1 anual a lo largo del plazo del PCEF, lugares como Detroit, Stockton y San Bernardino mostraron disminuciones anuales del 5.2%, 3.0% y 3.7%, respectivamente, en los períodos de cuatro años posteriores a sus reestructuraciones. P.R. debe mostrar responsabilidad real y transparencia Solicitamos que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico finalmente haga público los análisis subyacentes compartidos con la Junta Federal de Supervisión y Administración (FOMB, por sus siglas en inglés) para evaluar el PCEF. En este momento, el Plan es inaceptablemente opaco desde diversos puntos de vista, entre ellos: No hace una distinción entre servicios esenciales y los gastos que el gobierno simplemente quisiera pagar; No contabiliza por completo el efectivo mantenido en varias cuentas que pueden estar disponibles para satisfacer las necesidades descritas en el Plan; No comparte los estados financieros auditados de 2015; Depende de un pronóstico de migración desactualizado; y Utiliza suposiciones relacionadas con el costo de la atención médica y participación del plan que contradicen la propia previsión de emigración del gobierno. Lamentablemente, nuestras preocupaciones han sido validadas por el gobierno federal, que se ha negado a proporcionar fondos de préstamos comunitarios para catástrofes (Community Disaster Loan) respaldados por los contribuyentes a menos que haya una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Un análisis creíble de la sostenibilidad de la deuda es fundamental El análisis de sostenibilidad de la deuda presentado en el Plan se basa en datos escasos y equívocos absolutos, incluyendo una comparación de Puerto Rico con los estados de EE. UU. Esto pasa por alto el hecho de que los ciudadanos de Puerto Rico no pagan impuestos sobre la renta federales. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha reconocido esta realidad al intentar acceder a los mercados de capital en el pasado, afirmando que “el BGF considera que cualquier comparación de los niveles de deuda pública de Puerto Rico con los de los estados debería incluir deuda estatal, local y federal”.2 En lugar de comparar los niveles de deuda de Puerto Rico con los de un estado, creemos que los asesores financieros municipales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico deberían construir un análisis de deuda superpuesto que sea compatible con las prácticas de finanzas públicas aceptadas. Cualquier evaluación objetiva evaluará los montos de la deuda existente en todos los niveles del gobierno en los Estados Unidos en relación con Puerto Rico. Sólo a través de este tipo de análisis se puede medir efectivamente la carga de Puerto Rico y, por consiguiente, la sostenibilidad de la deuda. También sugerimos la evaluación comparativa de la sostenibilidad de la deuda de Puerto Rico frente a las métricas de la deuda soberana. Aunque el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han encontrado que entre el 18% y 22% de los ingresos es un nivel sostenible de servicio de la deuda para los países de bajos ingresos3, el PCEF propuesto prevé sólo un ~8% de los ingresos para el servicio de la deuda. El Plan también refleja una relación de deuda-Producto Nacional Bruto del ~20% y una relación de deuda-Producto Bruto Interno del 13%, mientras que los informes sobre la economía de Puerto Rico* realizados por la conservadora Reserva Federal de Nueva York sugieren la cifra del 60% como un nivel objetivo razonable.4 Se necesita un análisis coherente para recuperar la confianza de los acreedores, los ciudadanos y las empresas actuales y futuras que contemplen inversiones económicamente beneficiosas en Puerto Rico. Reducir los gastos excesivos del Título III Mientras que a los acreedores se les informa que hay fondos extremadamente limitados para el servicio de la deuda y los pensionistas reciben recortes, el PCEF establece que los cientos de millones en gastos excesivos por litigios se pagarán en efectivo y por completo. La asignación de tarifas exorbitantes para los asesores legales y financieros, cuyos intereses no están estrechamente alineados con las partes interesadas de Puerto Rico, es una receta para un litigio prolongado en lugar de acuerdos de reestructuración consensual. Esta realidad es aún más inquietante cuando se tienen en cuenta las tarifas exorbitantes pagadas a los asesores que trabajan para la Junta Federal de Supervisión y Administración (FOMB) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF). Juntos, hacemos un llamado al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a la FOMB para que evalúen y aborden cuidadosamente nuestras válidas preocupaciones. A pesar de que el PCEF revisado de esta semana fue un pequeño paso adelante, abordar estos problemas de manera integral asegurará que Puerto Rico inicie un camino a largo plazo hacia el crecimiento y la prosperidad”.
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