De aprobarse el Plan de Reorganización del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos se perdería la independencia de criterio y se crearía un conflicto serio de intereses en la agencia, advirtió hoy el exdirector de la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (Ocalarh), Harry Vega Díaz.
Según el exdirector, las acciones de recursos humanos tomadas por el secretario de turno serían revisadas por un subalterno.
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Entonces, el plan propuesto fusionaría bajo una Secretaria Auxiliar de Relaciones Laborales a la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP), Junta de Relaciones del Trabajo (JRT) y a la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA), eliminándose así la independencia de criterio, naturaleza cuasi judicial y transparencia administrativa, entre otras cosas, que deben ser observadas por los foros administrativos.
Vega indicó en un parte de prensa que “la eliminación de los organismos cuasi judiciales traería como consecuencia situaciones como las siguientes: Los funcionarios de la Secretaría Auxiliar de Relaciones Laborales no tienen término, no pasan por el consentimiento del Senado, serían de libre selección y remoción, y sus recursos estarán a la merced de la administración del Secretario del Trabajo de turno”.
Asimismo, catalogó como “inestable” que la medida faculte al secretario del Trabajo para determinar y nombrar quién será el secretario auxiliar de Relaciones Laborales, y a removerlo cuando no goce de su confianza.
“[Si] se elimina la independencia de criterio –ya que el Secretario del Trabajo podría intervenir de manera subjetiva– no se garantiza ni se asegura la neutralidad de los organismos administrativos de naturaleza cuasi judicial, los cuales deben operar con un nivel de independencia comparable al de la Rama Judicial; afecta la continuidad de los trabajos adjudicativos; se crearía un conflicto serio de intereses debido a que el propio Secretario del Trabajo revisaría las propias apelaciones de los cerca de 2,000 empleados unionados y no unionados que componen el propio Departamento; se fomenta el patronazgo político; se estará sujeto a los vaivenes políticos; se perdería jurisdicción cuando un ciudadano alegara que una acción o decisión que le afectó viola su derecho a entrar en el Sistema de Administración de Recursos Humanos en cumplimiento con el principio de mérito; se perdería el conocimiento técnico y especializado como de experiencia requerida en la administración de recursos humanos”, detalló.
El empresario cagüeño resaltó que la importancia de que exista un componente de adjudicación cuasi judicial en el Sistema de Recursos Humanos del Servicio Público reside en su función interpretativa del derecho vigente en el área pertinente, como cuerpo especializado que promueve la certidumbre, la paz institucional y la eficiencia en la administración pública. También, es la garantía que representa, tanto para los empleados como para los ciudadanos, en la reivindicación de los derechos que la ley les otorga.
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Vega, quien también fue miembro asociado de la Junta de Relaciones del Trabajo por unos 12 años, recordó que “de aprobarse el Plan de Reorganización, el mismo constituiría un retroceso en materia de autonomía e independencia de criterio de agencias con funciones cuasi judiciales y se perdería la perfección en la administración de los recursos humanos, las cuales se preservan mediante los foros apelativos cuasi judiciales e independientes, lesionando la confianza a los ciudadanos y a los servidores públicos de que sus derechos serán respetados“.
Sin embargo, puntualizó en que no se opone a que se realice una fusión de dichos organismos, pero que debe realizarse de una manera que garantice –de forma transparente– los derechos del pueblo puertorriqueño.
Vega indicó que “se debe considerar la creación del Tribunal Laboral de Puerto Rico y fusionar en el mismo a la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP), la Junta de Relaciones del Trabajo (JRT) y a la CIPA. También debe considerarse incluir bajo esta propuesta a la Comisión Industrial de Puerto Rico, lo cual garantiza la autonomía e independencia de criterio”.
Vega explicó que “para mantener la independencia de criterio y generar ahorros, los asuntos administrativos necesarios para el funcionamiento del Tribunal podían ser provistos por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) debido a que bajo el concepto denominado como el Empleador Único se facilitaría el funcionamiento del nuevo organismo cuasi judicial, logrando los ahorros propuestos”.
“Procesos defectuosos en la administración pública a corto plazo podrían encarecer los costos gubernamentales a largo plazo, agudizando aún más la crisis fiscal del momento, creando situaciones no existentes al presente. Fusiones, consolidaciones o eliminaciones de agencias sin estudio objetivo ni base que lo sustente, pretendiendo solo cuadrar el presupuesto reduciendo gastos, puede ser más costoso y oneroso a lo largo del camino”, puntualizó Vega.
Dejar desprovistos a los empleados y ciudadanos de un foro administrativo cuasi judicial sin independencia de criterio, sin el personal técnico y especializado necesario y que esté sujeto a los vaivenes políticos minarán la confianza y se perderá credibilidad ante nuestro pueblo”, finalizó Vega.
