Aunque se coincide en que la Ley de Armas del año 2000 debe tener cambios para atemperarse a la actualidad, el Departamento de Seguridad Pública y el Departamento de Justicia levantaron una serie de cuestionamientos sobre un proyecto de ley que se discute en la Legislatura para hacer menos oneroso y más accesible el adquirir un arma en la isla.
En una audiencia pública, la ponencia del DSP, firmada por el secretario Héctor Pesquera, establece que rechazan la medida porque los cambios son unos a “nuestro ordenamiento jurídico vigente que como acotáramos podrían afectar el ámbito de Seguridad Pública del país por cuanto se flexibilizaría en demasía la obtención de una licencia de armas, su uso, su portación”.
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Entre los aspectos que rechazan de la medida están incluir un silenciador en la definición de armas de fuego, transferir a la Policía la autorización de usar armas lo que entienden requeriría más contratación por parte de la Uniformada “para asegurar que no se vea afectado la operación de la Policía de Puerto Rico”.
Argumenta que no lograrían tener fondos “máxime cuando se reduce a $50 el costo (de adquirir una licencia)”. Además, se elimina la facultad de agentes de orden público de ocupar armas salvo cuando haya radicación de cargos criminales.
Por su parte, el Departamento de Justicia expresó preocupación con algunos artículos, entre ellos aseguraron que uno daría paso a que “personas intrínsecamente violentas pero sin antecedentes penales puedan adquirir arma”, a la vez, con relación a cómo corroborarán la identidad de las personas que soliciten.
“Opinamos que al flexibilizar este requisito tendría como resultado que personas no aptas e inescrupulosas tengan acceso a la licencias de armas y posterior portación”, reza la ponencia de la secretaria Wanda Vázquez Garced.
El proyecto del Senado 439 deroga la Ley 404 de 2000, conocida como la Ley de Armas y crea un nuevo estatuto con más libertades. La ley se basa en la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos que establece que el uso de armas es un derecho fundamental.
Con la medida se persigue reducir los costos de adquirir una licencia de arma a $50. Actualmente asciende entre $300 y $1,000 la licencia. Mientras, la pieza legislativa también busca agilizar el proceso que en el presente son 120 días.
