La Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico (ACDET), manifestó nuevamente su oposición al impuesto a los inventarios de los comercios al detal ya que penaliza la actividad económica en la isla y representa un riesgo de Seguridad Nacional de grandes proporciones.
La ACDET hizo un llamado se elimine el impuesto en la reforma contributiva. “En principio apoyamos la Reforma Contributiva presentada ya que su fundamento es bajar las tasas contributivas a los individuos y corporaciones para que éstas sean más competitivas a nivel mundial. No obstante, el impuesto a la propiedad mueble tangible (PMT), específicamente a los inventarios, no han sido parte de la propuesta. Este no es considerado una política pública sana y efectiva, es una forma desfavorable de recaudar impuestos y es contrario al desarrollo económico”, precisó la portavoz de la asociación.La falta de inventario en los comercios y almacenes de Puerto Rico que vivimos recientemente se debe en gran parte al impuesto del Estado. Se estima que actualmente los comercios solo tienen inventario para menos de 21 días, lo cual coloca a la isla en una posición vulnerable para enfrentar cualquier crisis o catástrofe natural. “El paso de los huracanes Irma y María puso en evidencia la delicada condición de Puerto Rico tras agotarse productos esenciales que por nuestra ubicación geográfica no podían suplirse de manera expedita. Tenemos comercios que aun carecen de productos por problemas con la distribución”, explicó en una comunicación escrita Lymaris Otero, directora ejecutiva de la ACDET.
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Agregó que esta última emergencia debe servir de testimonio de que el impuesto a los inventarios atenta contra el pueblo y que a la discusión de la Reforma Contributiva y la transformación del Sistema Energía Eléctrica debe incluirse urgentemente la eliminación del impuesto a los inventarios.
Otro de las condiciones por las cuales atraviesan los comercios a consecuencia del impuesto es la desventaja de estos frente a las empresas de venta por internet sin presencia en la Isla, que no no cobran el Impuesto a las Ventas y el Uso (IVU). De igual forma, se penaliza la actividad económica de la isla, se limita la capacidad de expansión de las empresas y exportaciones desde Puerto Rico, además de que encarece el costo de los productos al consumidor.
“Es alarmante que no estemos discutiendo y tomando acción sobre este impuesto arcaico, oneroso y que representa un riesgo a la seguridad nacional, habiendo vivido tan intensamente una crisis en suministros de proporciones gigantes como la tuvimos tras el pado del Huracán María.”, sentenció la ACDET.
Ante este cuadro, la ACDET apuntó que una de las grandes ventajas en la eliminación del impuesto es el aumento en la inversión en activos del negocio incluyendo inventario, expansiones y creación de nuevos empleos.
Según expertos economistas y contadores públicos autorizados, los modelos apuntan a que los casi $200 millones que actualmente los municipios recaudan mediante este impuesto pueden ser remplazados con el incremento automático en la contribución sobre ingresos proyectado, como resultado del aumento en inventario y en ventas; viabilizar la autotasación con pago voluntario de propiedades inmuebles de corporaciones junto a un plan agresivo de tasaciones y revisiones de exenciones caducadas.
La organización reiteró su disposición a conversar en profundidad con los funcionarios que impulsan la permanencia de este impuesto, así como a trabajar con el Gobierno en la búsqueda de estrategias que beneficien el desarrollo económico del sector del comercio al detal.
