El representante Javier Aponte Dalmau, del Partido Popular Democrático (PPD) depuso en la tarde del lunes ante la asamblea municipal de Carolina en contra de la ordenanza que pretende reglamentar la ubicación y la operación de los negocios ambulantes de venta de comida o “food trucks” en el municipio.
“Este reglamento contiene un sinnúmero de disposiciones inconstitucionales. Viola, además de la igual protección de las leyes y el debido proceso de ley, el sistema republicano de gobierno, tocando un asunto ocupado por la asamblea legislativa al ser este cuerpo el que tiene la prerrogativa de imponer cargas adicionales a sectores del mercado o favorecerlos”, indicó.
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Añadió que “la legislatura facultó bajo la Ley de Municipios Autónomos la reglamentación, no la eliminación, que es precisamente lo que pasará con las restricciones propuestas a estos comercios”.
A su entender, “garantizar la ubicación y operación de negocios ambulantes en lugares, horas y días que no incidan en competencia desleal entre comercios ‘legalmente establecidos’ y evitar la proliferación de estos negocios, son algunas de las razones principales para la propuesta reglamentación”.
Para ello se prohibirá, entre otras, la ubicación de vendedores ambulantes en áreas públicas o privadas de los centros comerciales y de las estaciones de gasolina; no podrá estar conectado a estructura de energía eléctrica, agua potable alcantarillado sanitario, gas ni telecomunicaciones; se prohíbe el uso de generadores eléctricos.
Tampoco se podrán instalar carpas, mesas, sillas y toda venta tendrá que ser para consumo fuera del lugar y sus inmediaciones.
“El municipio de Carolina está entrando aquí en campos que son de jurisdicción federal, como lo es la competencia desleal. Eso no es jurisdicción ni suya ni mía en la asamblea legislativa y ellos están pretendiendo establecer quién compite con quién”, aseveró.
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Y recalcó: “Una cosa es reglamentar y una muy distinta, eliminar. Mi padre en un momento dado reglamentó estos negocios, pero les proveyó alternativas, como acondicionar áreas donde ellos pudieran establecerse. Restringir los derechos constitucionales absolutamente no es la manera de trabajar este asunto. Mucho menos en el momento más crítico de la historia de nuestro país”.
Por lo mismo, insistió en que la asamblea municipal “debe revisar esta medida, porque está creando un precedente en los otros 77 municipios de querer restringir el comercio como les dé la gana. Y yo me voy a oponer”.
Aponte Dalmau concluyó que este reglamento “incidirá directamente en las personas emprendedoras, con deseos de superarse, con deseos de no depender de las ayudas del gobierno, y muchas de ellas grandemente afectadas tras el paso de los huracanes Irma y María”.
