Armando Vega Martínez espera ansioso el día en que pueda tener de nuevo un hogar. La casa en la que residía entre las montañas del barrio Guaraguao en Ponce, quedó completamente destruida cuando una estructura contigua le cayó encima tras sucumbir ante los potentes vientos del huracán María hace cuatro meses.
Para optar por una vivienda nueva, el hombre de 69 años cuenta con $13,000 que le otorgó recientemente la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), a la que 𐆑al igual que más de un millón personas𐆑 recurrió en busca de asistencia.
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“Con eso, usted no hace hoy día ni dos zocos”, afirmó Vega Martínez aún con dificultad para verbalizar lo que experimentó aquel 20 de septiembre.
“Hemos pasado el infierno. La casa no tiene arreglo”, añadió.
El sobreviviente del huracán María reside hoy en una casa ubicada en la finca de un hijo que, según dijo, no está habilitada para servir de residencia permanente.
Su hija, Ana Vega Bruno, ha intentado ayudarlo en la búsqueda de un techo seguro, pero la gestión no ha dado resultados. “De $13,000, no conseguimos a ese precio en ningún lado. He tratado, he tratado; $13,000 no son nada”, dijo la mujer de 45 años.
Conscientes de que la cantidad asignada por FEMA no les permitirá comprar o construir una casa nueva, y sin ningún otro recurso adquisitivo, Vega Martínez y su hija acudieron hace unos días a la Escuela Anselmo Rivera Matos, en el sector La Mocha, en Ponce, donde un grupo de entidades se unieron para ofrecer orientación gratuita sobre el proceso de apelación ante la agencia federal.
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Vega Martínez no estaba solo en su reclamo. Decenas de personas acudieron al plantel escolar, localizado en un escarpado camino de la zona rural ponceña, para conocer qué pasos debían tomar para prevalecer al solicitar una reconsideración a FEMA.
Para algunos allí, la pregunta inicial era básica: ¿por qué FEMA les denegó la ayuda si lo perdieron todo y no tienen nada para resarcir el daño?
Elney Jiménez Ocasio tiene su casa en el vecino sector de Montes Llanos. Antes de que el huracán atravesara el país, la vivienda de concreto en la que reside tenía en la parte superior una estructura de madera que, según el hombre de 62 años, quedó hecha escombros ante el embate del fenómeno atmosférico.
Al notificarle que no era elegible para recibir ayuda, FEMA le indicó que no pudo probar que las fallas estructurales en su casa estuvieran relacionadas con el paso del huracán. Jiménez Ocasio, quien se gana la vida como contratista en la industria de la construcción, está convencido de que eso no es correcto. Asegura que en los cerca de 40 años que lleva viviendo en el lugar nunca había tenido problemas de filtraciones, y ahora la edificación tiene grietas y manchas de humedad en distintas partes.
“Hubo temblores durante el huracán. Yo sentí temblores en la casa. En mi casa, las paredes son de ocho pulgadas, no es una pared finita, y esa casa temblaba como si fuera mantequilla. Estoy en una montaña, por todos lados llega la brisa. La virazón fue peor todavía. Las vibraciones, según iba arrancando la casa arriba, iba cayendo todo. Entiendo que fue lo que contribuyó a que se agrietara el techo”, comentó mientras esperaba que llegara su turno para recibir la orientación legal.
Jiménez Ocasio teme que la situación en su vivienda se agrave al punto que se desplome su techo. Aseguró que, cuando el inspector acudió a evaluar los daños, coincidió con su apreciación sobre el deterioro de la parte superior de su domicilio, pero le recalcó que era el personal de FEMA el que tenía la última palabra.
“Me sorprendí porque pensaba que el inspector era el que tomaba la decisión porque era el que estaba viendo el problema, y sabe si fue ahora o si fue viejo”, comentó.
Además de las dificultades que señaló FEMA para determinar el origen de los daños, Jiménez Ocasio enfrentó durante el proceso otro inconveniente que lo aleja un poco más de la ayuda que reclama. Aunque afirma ser el dueño de la residencia, no cuenta con ningún documento que certifique su derecho propietario sobre el inmueble. Los dueños de una vivienda afectada por el huracán pueden acceder a fondos para reparar la estructura, pero si se trata de un inquilino, solo podría recibir asistencia para compensar por la pérdida del contenido o sus bienes personales.
“Es que es una herencia, no hemos hecho la repartición. Esa escritura era de mis padres, no se ha hecho una escritura como tal. Tendría que hacer una declaratoria de herederos, invertir un dinero que no hay, porque sale… somos muchos, somos ocho, ya algunos han fallecido, sería bregar con los hijos. Todo el mundo está de acuerdo en que yo viva ahí, así que para qué voy a ponerme a segregar si no tengo el dinero, para empezar, y a la familia no le interesa quién vive” en la residencia, sostuvo.
El problema para probar la titularidad de una propiedad ante FEMA se repite a través de todo Puerto Rico, y es uno de los principales obstáculos que impide que la asistencia del gobierno federal llegue a quien la necesita, coincidieron abogados de diversas entidades dedicadas a promover mayor acceso a la justicia para poblaciones de escasos recursos.
Ariadna Godreau Aubert, coordinadora del proyecto Ayuda Legal Huracán María, que realiza brigadas de orientación alrededor del país, confirmó que uno de los principales motivos de inelegibilidad que ha planteado FEMA hasta ahora ha sido la falta de evidencia para comprobar la titularidad de una propiedad.
“FEMA no está preparada para entender la situación de titularidad y de manejo de los derechos reales, el manejo de la propiedad de las personas en la isla. La realidad es que tú tienes muchas comunidades, muchas familias que viven en una casa que era de la abuela y que han vivido ahí eternamente, y que simple y sencillamente no tienen una escritura, pero es su casa, llevan viviéndola 50, 60 años”, argumentó la abogada, quien coordina también la Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia.
“O tienes de esas familias que viven todas en un mismo solar que nunca se segregó porque la gente no tiene dinero para segregar, porque es un proceso costoso que requiere capacitación, asesoría legal, etcétera, así que FEMA, simple y sencillamente, lo que ve es ‘Ah, pues no tienes escritura, pues no (recibes ayuda)’. O les piden documentos que son bien onerosos, sobre todo, después del huracán”, añadió Godreau Aubert.
Entre otras razones que ha planteado FEMA para denegar ayudas a los solicitantes, según la abogada, figura el que no se haya probado la ocupación de una vivienda, que no hay daños suficientes o relacionados con el huracán, que hay varias reclamaciones en una misma dirección o que no pueden contactar a los reclamantes.
FEMA no proveyó información que permita conocer en detalle los motivos de inelegibilidad de los solicitantes. A requerimiento del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Daniel Llargués, portavoz de la agencia, se limitó a decir que, hasta mediados de enero, habían recibido casi 1.1 millones de solicitudes de asistencia por desastre bajo el Programa Individual de Viviendas, de las cuales 413,605 habían sido aprobadas. Esto representaría un 62 % de solicitudes denegadas o “en proceso”, un detalle que FEMA tampoco pudo precisar.
El CPI obtuvo copia de un documento que FEMA produjo para uso oficial que precisa el número de solicitudes sometidas en cada municipio, la cantidad de reclamantes elegibles en cada uno, así como los fondos desembolsados hasta el momento. Según ese registro, que data del 3 de enero, Isabela presenta la tasa de menor elegibilidad con 40.38 % y Cataño, la máxima con 53.35%.
Aunque las razones por las que una persona es inelegible para asistencia están clasificadas con 41 códigos diferentes, Llargués indicó que la agencia no tiene disponible la información segmentada para conocer cuáles son los motivos más comunes para las denegatorias en la isla.
Advirtió que hay casos pendientes de adjudicación y otros que podrían subsanar las deficiencias de la solicitud al presentar un documento o firma, y explicó que la cantidad de reclamaciones sometidas podría incluir casos duplicados en un mismo núcleo familiar.
“La asistencia de FEMA varía de sobreviviente a sobreviviente dependiendo de sus necesidades y el impacto que sufrió durante la tormenta. De ese 1.1 millón (de solicitudes), vas a tener referidos (para préstamo) a la Administración de Pequeños Negocios, personas que retiraron su solicitud, personas pendientes porque estamos esperando que nos den información y casos duplicados”, manifestó el portavoz de FEMA.
“Son muchísimos los casos, diferentes razones por las cuales alguien no recibe asistencia o no la ha recibido, pero cualifica. La idea es que el sobreviviente vaya a vernos y platique en persona para darle la guía que solicite. Inicialmente, en esa carta va a decir que es inelegible para la asistencia, pero que nos visite o nos llame al Centro de Ayuda por Desastre para que podamos hacer una carta formal de qué es lo que necesita”, añadió.
Hasta el momento, el equipo de Ayuda Legal Huracán María ha atendido a cerca de 2,300 personas y ha visitado más de la mitad de los 78 municipios.
Denuncian irregularidades en el proceso
La inspección de los daños en un inmueble es clave a la hora de determinar si una persona tendrá o no acceso a la asistencia de FEMA. En esa tarea, intervienen múltiples factores que podrían incidir en que una persona reciba la ayuda que requiere, o que se le notifique que es inelegible sin aparente justificación, advirtieron dos inspectoras que estuvieron en el país alrededor de dos meses realizando esa gestión.
Las inspectoras, quienes hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias laborales, viajaron a la isla en octubre desde los Estados Unidos, donde residen, y formaron parte de la plantilla de Vanguard Emergency Management, una de las compañías subcontratadas por FEMA para esos trabajos. La agencia federal también mantiene contratos con la empresa WSP USA Inspection Services para esas labores.
“Ellos (Vanguard) reclutan a las personas, y no les brindan información, así que tú te percatas cómo es todo cuando llegas aquí. Cuando llegamos, solo sabíamos lo que veíamos en las noticias. Falta información por parte de estas compañías… la gente sale a la calle sin saber lo que hacen, y eso puede marcar la diferencia entre alguien que recibe ayuda, y alguien que no, y eso pasó mucho”, alertó una de las inspectoras, quien tenía experiencia previa en el manejo de otros desastres naturales.
Al describir las principales fallas en las inspecciones, mencionó la escasez e inconsistencias en el adiestramiento de los inspectores, al igual que el desconocimiento general de los damnificados sobre el proceso que siguen esas evaluaciones.
Dijo que, antes de salir a examinar las residencias, los inspectores reciben un adiestramiento en línea sobre las diversas catástrofes naturales que podrían enfrentar al trabajar para FEMA, además de detalles técnicos sobre el software que utilizarán al recopilar los daños, y la manera en que someterán esa información en el sistema.
Una vez llegan a la zona de desastre, reciben cerca de ocho horas de preparación adicional sobre algunas particularidades del área donde trabajarán. No obstante, las contratistas aseguraron que algunas directrices se desarrollan sobre la marcha, y no todos los inspectores reciben las instrucciones de manera uniforme ni al mismo tiempo. A modo de ejemplo, mencionaron que, cuando llegaron al país, se percataron de que algunos compañeros que ya habían sido desplegados en diferentes regiones de la isla desconocían cómo abordar e incluir en el sistema las fallas en las estructuras de hormigón.
“Aquí (en Puerto Rico) casi todo es de hormigón. No recibimos ninguna explicación específica de cómo abordar el concreto en las casas. No nos dijeron nada, así que al principio los inspectores decían ‘no está cubierto’. El 90% de las paredes son de concreto, y nunca nos enseñaron… Creo que las personas que recibieron la ayuda al principio, probablemente obtuvieron menos (asistencia) porque la compañía estaba aprendiendo”, subrayó.
Otro escollo, afirmaron ambas, ha sido el inglés en muchas de las comunicaciones de FEMA. “Fui a casas en las que me pidieron que les leyera la carta de FEMA porque ellos no entendían lo que decía porque estaba en inglés”, rememoró una de las inspectoras.
La comunicación también fue entorpecida debido a los graves problemas con las telecomunicaciones que incluso, persisten hoy en algunas zonas. Esas dificultades, mencionaron las contratistas, dilataron la prestación de ayudas, pues cada inspector tenía tres días para contactar al reclamante, y si no lo conseguía en ese plazo, el caso sería reasignado a otro empleado.
Una de las inspectoras aclaró que esa reasignación no significaba que el caso se cerrara, pero precisó que visitó algunas viviendas en las que el reclamante aseguraba que su caso había sido retirado sin que hubiera tenido contacto con el inspector.
Cuando se retira un caso, la persona reclamante tiene que expresar voluntariamente al inspector que ya no desea o necesita la asistencia de FEMA. Si esto ocurre, se cierra el caso, pero aun así el inspector cobra la inspección, explicó la fuente. “Algunas personas fueron retiradas, y no se supone que lo fueran”, aseveró.
Desesperanza entre los damnificados
Lo escueta que es la notificación de FEMA no permite conocer cuáles fueron los criterios específicos que utilizó la entidad para negarle elegibilidad a un reclamante. Todos esos retos se suman a los golpes acumulados por los damnificados durante los últimos cuatro meses, que en ocasiones, erosionan su ánimo para seguir adelante con una apelación.
FEMA ha advertido a los damnificados que fueron declarados “no elegibles” que tienen la oportunidad de apelar si difieren del resultado. Pero ese trámite se realiza únicamente por escrito mediante correo, fax o internet, y el apelante tiene que incluir aquellos documentos o información que subsane el señalamiento que haya hecho la agencia del gobierno estadounidense. Esa exigencia, en ocasiones, requiere los servicios de un abogado. En caso de que se indique la falta de evidencia sobre la titularidad de un inmueble, aparte de la escritura, podrían presentar documentos sobre la hipoteca, sobre algún seguro en la propiedad o las contribuciones pagadas sobre la estructura. Si la persona no cuenta con ninguno de esos documentos, a los solicitantes se les ha instruido para que sometan una declaración jurada que dé cuenta de que son dueños de la propiedad.
“La precariedad en Puerto Rico es a un nivel tan grande que afecta la salud física y emocional. Las personas se hartan si reciben un rechazo, se ponen en depresión. Es fuerte el choque emocional que ha habido en Puerto Rico por tantos daños. La falta de saber cuáles son los criterios que se usaron para evaluar esta propiedad y esta otra propiedad no solo hace que la persona diga: ‘A mi vecino le dieron tanto, y a mí tanto’, y entra en una depresión, sino que también el abogado que vaya a ayudar con una apelación, no va a hacer el mejor caso”, dijo la licenciada Adi Martínez Román, directora ejecutiva de la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia.
“Para sostener una apelación porque estás inconforme con la cantidad, necesitas saber los criterios que usaron para evaluarlo”, señaló la ejecutiva del organismo que creó el Fondo Legal de Emergencia para financiar a organizaciones que presten servicios legales a los afectados por el huracán María.
La crisis provocaría aumento en la vivienda informal
La encrucijada en la que se encuentran muchas de las personas que no han obtenido ayudas para reparar o reemplazar su casa tras el paso de María podría empeorar el problema de vivienda informal en la isla. La socióloga Liliana Cotto Morales alertó que, ante la falta de un hogar seguro para los damnificados, podría dispararse el número de ocupaciones ilegales de terrenos o estructuras.
“María deja al descubierto todas estas contradicciones y desigualdades. Mucha gente ahora ha descubierto la pobreza que había en Puerto Rico antes de María. Pero todo se ha hecho más grave, los pobres se han hecho más pobres, y los que no eran pobres, se han hecho pobres”, sostuvo.
“La gente no se va a dejar morir, así que puede darse un incremento en las ocupaciones, de gente desesperada. ‘No hay gente en tal sitio o edificio, pues para allá vamos’. Ese puede ser el proceso si se deja al garete”, señaló Cotto Morales, quien dijo que también podrían ocurrir problemas de hacinamiento en algunas viviendas y aumentar la emigración.
La estudiosa de los rescates o invasiones de terrenos recalcó, sin embargo, que la coyuntura actual debe propiciar la participación coordinada de las comunidades, las administraciones municipales y el gobierno estatal, no solo para impulsar la recuperación, sino para desarrollar nuevas formas de organización comunitaria y modelos de vivienda.
“Puede haber dos caminos, uno de reproducir los ciclos que estábamos viendo. Va a aumentar la cantidad de gente con vivienda no adecuada. Veo un camino que sea que la gente siga improvisando. O, que se aprenda un desarrollo de modelo de vivienda con apoyo de los municipios y las comunidades”, subrayó.
El gobierno planifica otorgar títulos de propiedad
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares reconoció que la vivienda informal es un problema serio y prioritario para su administración, y anticipó el jueves pasado que se propone atenderlo. Para ello, dijo que usará una asignación de $1,500 millones del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés). “Ciertamente, en Puerto Rico, la vivienda informal es un problema significativo, es parte de la política pública poder atenderlo, y eso estará incluido dentro de los planes que se van a estar detallando”, comentó el mandatario durante una rueda de prensa en La Fortaleza.
La asignación de HUD forma parte del primer paquete de ayudas por desastre que la administración del presidente Donald Trump aprobó en septiembre pasado. Del total de $7,400 millones legislados, Puerto Rico recibió $1,500 millones bajo el programa de subsidios para desarrollo comunitario Community Development Block Grant-Disaster Recovery (CDBG-DR). Los recursos no estarán disponibles de inmediato, pues el gobierno tendrá que elaborar en los próximos 90 días un plan donde detalle cómo y en qué empleará los fondos, celebrará vistas públicas para obtener los comentarios de las partes interesadas, y posteriormente someterá el plan al gobierno federal para su validación.
El uso de los fondos para atender el grave problema de titularidad en el país recibió el visto bueno de la subsecretaria de HUD, Pamela Hughes Patenaude. “Si el gobernador dice, junto a su equipo de Vivienda, que es algo que desean atender, sería un uso elegible con los fondos de CDBG-DR”, sostuvo la funcionaria federal al participar del encuentro con la prensa en la Mansión Ejecutiva.
El subsidio también podría utilizarse, entre otras cosas, para la renovación o rehabilitación de hogares, la construcción de vivienda nueva, para ciertas instalaciones públicas, para apoyar a organizaciones sin fines de lucro, negocios y a los municipios, así como para completar el pareo de fondos en algunos programas federales. Los proyectos deben cubrir necesidades que no hayan sido atendidas aún por seguros privados u otra asistencia federal, como la que provee FEMA.
Hay quejas por violación de derechos civiles
El descontento de algunos damnificados por el trato recibido por parte de FEMA llegó ante la Comisión de Derechos Civiles (CDC), que tiene ante su consideración, al menos, cinco quejas de personas que han argumentado haber sido discriminadas por la agencia federal.
El licenciado Ever Padilla Ruiz, director ejecutivo de la CDC, precisó que todas las querellas son de personas transexuales a quienes FEMA les ha rechazado su solicitud de asistencia porque su nombre no concuerda con el que aparece en sus registros.
“Son personas que, incluso, tienen cambio de nombre mediante resolución del tribunal, y no aparece en la base de datos de FEMA. Aparecen bajo el nombre legal anterior. Cuando buscan el número de Seguro Social, aparece otro nombre que no está alineado a la identidad de género”, indicó Padilla Ruiz.
“Esto es una agresión y una falta de reconocimiento para la identidad de esas personas… La única razón por la que no le ofrecen el servicio es porque no le reconocen la identidad de género que la persona ha asumido, lo que demuestra que la agencia federal no está sensibilizada a la realidad de la diversidad”, añadió.
Padilla Ruiz reconoció que la CDC no tiene jurisdicción para actuar contra una instrumentalidad del gobierno estadounidense. Por ello, ha intentado discutir la situación directamente con Alejandro de la Campa, director de FEMA para Puerto Rico y el Caribe, pero su petición de reunión no ha sido respondida. Tampoco ha obtenido contestación de la licenciada Johanne Vélez, asesora de Calidad de Vida de La Fortaleza, a quien recurrió para que intercediera con el gobierno federal en aras de solucionar el problema.
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