La Junta de Control Fiscal (JCF) emitió tres cartas esta noche dirigidas al gobernador Ricardo Rosselló, en la que notifica que, aunque los planes fiscales entregados reflejan cambios sustanciales, deben ser revisados para cumplir con la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA).
Las misivas, firmadas por el presidente de la JCF, José Carrión, detallan los puntos que el Gobierno deberá corregir en el plan fiscal del Gobierno Central, así como en el de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y en el de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), entregados el pasado 24 de febrero.
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Ante esto, el representante del Gobierno ante la Junta, Christian Sobrino, indicó que “los planes fiscales preparados por el Gobierno y las respectivas corporaciones públicas son documentos robustos que trazan una ruta de disciplina fiscal, recuperación y reconstrucción tras los huracanes Irma y María y transformación socioeconómica de Puerto Rico a favor de sustentabilidad a largo plazo. El proceso de elaboración y certificación de planes fiscales contemplado bajo la Ley PROMESA es uno interactivo por lo cual revisaremos cuidadosamente los comentarios de la JSF, al igual que cumpliremos con cualquier petición adicional de información incluida en la carta”.
En el caso del plan fiscal de la AEE, Carrión detalló en una carta de cuatro páginas que el documento debe “definir medidas realistas para reducir los costos, de modo que la AEE pueda continuar brindando servicios eléctricos a la población de Puerto Rico a tarifas más accesibles”. Este agregó que se deben incluir objetivos para los posibles compradores de la corporación pública. “La Junta insta al gobierno a utilizar esta herramienta para proporcionar un futuro fiscal sostenible para la AEE y el sector energético de la isla y para crear las condiciones que permitan una electricidad más asequible, electricidad más confiable, electricidad más limpia y una infraestructura energética más resistente”, dijo Carrión sobre la Ley PROMESA.
También se recomendó verificar las proyecciones financieras del plan fiscal de la AEE y que se incluyan estimados “realistas” de las ayudas federales. Revisar el manejo de capital, los controles de liquidez, así como tener una sección más específica sobre ahorros operacionales, fueron otras de las observaciones.
La Junta aplaudió la privatización de la AEE, a la vez que pidió que en su plan fiscal se incluyan más detalles y una línea del tiempo de las transacciones que se proponen junto con proyecciones de la sostenibilidad de la deuda a 30 años. Según la Junta, este plan fiscal debe extenderse hasta el año fiscal 2023.
Cambios en el plan fiscal de la AAA
Sobre el plan fiscal de esta corporación, la Junta observó que se incluyeron las reducciones en los recaudos por el huracán María, pero no se redujeron “los gastos operativos, lo que resulta en un déficit operativo significativo”. También se le recomendó cambios en las secciones de gestión de efectivo para garantizar que no se quede sin liquidez, planes de mejoras capitales y fondos futuros.
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“PRASA debe excluir fuentes de financiamiento federal inciertas del plan propuesto”, detalla la Junta en su misiva, a la vez que recomendó eliminar $200 millones de del Préstamo Comunitario por Desastre (CDL, por sus siglas en inglés) y otros $322 millones, de fondos rotatorios estatales. A la Autoridad de Acueductos también se le pidió incluir una visión y posibles acciones para la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Entre las opciones de financiamiento que se pueden incluir Carrión detalló fondos federales y alianzas público-privadas.
En la carta también se le pidió a la AAA proyecciones de la sostenibilidad de la deuda a 30 años.
Plan fiscal del Gobierno Central
En cuanto al plan fiscal del Gobierno Central, la Junta señaló que se debe incluir toda la información pública sobe fondos federales, datos más específicos sobre las proyecciones de recaudos del fondo general, así como una reserva de emergencia de $650 millones, según otras jurisdicciones que fueron impactadas por los huracanes. “La Junta cree que contribuir $650 millones en los próximos cinco años, y construir una reserva total de $1.300 millones en los próximos diez años, es prudente”, se expuso en la carta.
En cuanto a las reformas estructurales, la JCF dijo que son vitales para el crecimiento económico de la Isla a largo plazo. Por esto pidió mejorar las medidas de “Ease of Doing Business”, en áreas como construcción, permisos e impuestos.
La Junta recomienda que se incluyan medidas para impulsar la tasa laboral en Puerto Rico, entre las que incluyó hacer opcional que el empleador pague la indemnización por despido y bono de Navidad, reducir los requisitos de licencia por vacaciones y por enfermedad al igual que los estados de EE.UU. “Ningún estado requiere que los empleadores brinden vacaciones pagas”, argumentó la JCF.
En cuanto a la reforma contributiva, Carrión manifestó en la carta que esta debe “enfocarse en mejorar el cumplimiento tributario, la simplicidad y
crecimiento económico, en lugar de perpetuar un sistema impositivo que ha distorsionado la actividad económica y no ha logrado generar crecimiento a largo plazo”.
También pidieron que se incluya el Plan propuesto contenga “un plan para un regulador de energía sólido e independiente”.
Finalmente, la Junta pidió que se detallen acciones específicas para lograr reducciones en las pensiones, entre las que recomendó que los maestros, policías y jueces se registren en el Seguro Social.
