Más de un 50 % de los empleados en la isla han sufrido acoso laboral

En la continuación de las audiencias públicas de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara que preside el representante Angel Peña Ramírez, trascendió que el 51.8% de los empleados en Puerto Rico han experimentado ahora o en el pasado año el acoso laboral.

Así lo expresó el director ejecutivo de “The Work Place Alliance”, Waldemar Serrano Burgos que, a su vez, agregó que el 67.1% de los encuestados “han sido testigo de maltrato abusivo repetido, demostrando sin duda razonable que este mal si existe y que es peor de lo que pensábamos cuando estuvimos deponiendo en la última vista, ya que estimamos entonces que la cifra de acoso laboral era de un 45%”.

Durante la discusión de los Proyectos de la Cámara 243, 306 y 759, para crear la “Ley Especial Contra el Maltrato Emocional Laboral” (anti-bullying) y la “Ley para Prohibir y Prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico” (mobbing), así como fijar la política pública del gobierno respecto a estas modalidades, Serrano Burgos, reveló que las empresas que no atienden las denuncias gastan entre $180,000 a $500,000 anuales por cada dos mil empleados. Costo que supera la implementación de cualquier ley al respecto.

Mientras que la Dra. Jackeline  Rosado, del Centro Integral de la Psicología, quien es Psicóloga Clínica, Escolar y Deportiva, especialista en Acoso Escolar y laboral, indicó que según un ‘Estudio  Exploratorio del Acoso Psicológico’ del año 2003, las mujeres son las más afectadas con un 61% de la data recopilada en comparación con los hombres.

“En cuanto al lugar en que trabajan las víctimas, se encontró que un 52% es en el sector público,  y el acoso moral proviene en un 55% de su supervisor jefe inmediato, 30% de otros supervisores, 23% de un grupo de trabajo y 20% de un compañero de trabajo”, expresó.

El secretario del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Saavedra Gutiérrez, planteó que los trabajadores de Puerto Rico actualmente cuentan con las herramientas jurídicas necesarias para vindicar sus derechos en cuanto a estas prácticas. Recomendó que se aclaren las medidas para que sean implementables por el Departamento. Igual posición asumió Alicia Lamboy Mombille, presidenta de “Voz de Acción de la Empresa Privada”.

A esos efectos, Peña Ramírez le dio un plazo de 15 días al Secretario para que someta a la Comisión una definición clara de lo que es acoso laboral y le presente unas guías.  El representante señaló, que tras este esfuerzo tripartito, posteriormente la Comisión y la Asamblea Legislativa adoptarán lo que será la postura final para establecer este estatuto.

“Entendemos que un proyecto final tendría el aval unánime de las tres delegaciones de Cámara y Senado y que sostendría la necesidad apremiante representativa de que este es un asunto que hay que atender con prioridad y premura. Así que una vez tengamos esas definiciones, vamos a celebrar otras vistas  y vamos  estar sometiendo al pleno de la Cámara la versión final sobre este asunto”, expresó.

El Legislador enfatizó que cree en el justo balance de lo que son los intereses proteccionistas tanto a los trabajadores como a las empresas. No obstante, destacó que el acoso laboral es un problema latente en diferentes jurisdicciones  y es a nivel mundial. Además, mencionó que “Puerto Rico sería una de las jurisdicciones vanguardistas si aprobamos un proyecto  que atienda esta necesidad que es evidente. Es un asunto al que hay que darle un remedio legal laboral vanguardista”.

Mientras que el representante José “Quiquito” Meléndez Ortiz, autor de una de las propuestas, expuso que la política pública institucional del Gobierno se trabaja en la Asamblea Legislativa y “para nosotros es bien importante atender esta conducta. Las tres delegaciones están abordo y esto probablemente pasará por unanimidad tanto en la Cámara como en y en el Senado”.

De otra parte, la profesora Jeannette Sánchez, de la Organización ambiente Laboral Libre de Violencia, sugirió que se establezca un ente independiente tal como una Comisión de Asuntos del Trabajador para que atienda estos casos. “Se trata de víctimas en donde se requiere de un equipo especial y profesional y preparado para trabajar con esta problemática laboral, además de la confidencialidad y prevención de la revictimización”. Lo que “a su juicio”, redundará en ahorros significativos en las gestiones de proceso administrativos para la investigación de las querellas.

Waleska Torres Gutiérrez, autora del libro “Mobbing el Asesino Silencioso en el Ambiente del Trabajo”, igualmente expresó que no debe ser el Departamento del Trabajo quien esté facultado para atender estos casos.