La decisión de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) de terminar hoy la distribución de agua y comida en Puerto Rico suscitó reacciones encontradas dentro y fuera de la isla.
Mientras la dependencia federal afirma que ha repartido más de 65 millones de litros de agua embotellada y 58 millones de comidas a los Centros Regionales para comunidades locales, congresistas, e incluso varios mandatarios municipales, han cuestionado la acción. Otros, por su parte, defienden que la isla pase a la fase de recuperación y apoyan un impulso a la economía local, maltrecha por los efectos del ciclón y la falta de energía eléctrica.
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FEMA, aunque cesará de repartir agua y comida, comunicó en declaraciones escritas que tiene una reserva de galones de agua y comida por si es necesario. Indicó, además, que de ahora en adelante recaerá en el Gobierno la entrega de suministros
En entrevista con Metro, el alcalde de Naguabo, Noé Marcano, afirmó que la necesidad en su municipalidad “ya fue cubierta” en términos de alimentos y agua potable, aunque reconoció que solo un 26 % de la población tiene luz. Sentenció que las arcas del ayuntamiento están necesitadas de ingresos, como el IVU municipal, que se utiliza para costear el recogido de basura.
“Nosotros cerramos el centro de distribución [de alimentos] el día 9 de enero y se acordó que, en algún caso que necesitemos, haríamos una petición de necesidad”, indicó Marcano.
Sin embargo, aunque en Loíza establecieron que tampoco necesitan los suministros, no contaron la misma historia a este medio.
De acuerdo con Yeidi Escobar, planificadora y encargada de distribuir suministros en Loíza, no sabían que hoy sería el último día para recibir dicha ayuda de FEMA. Empero, declaró que el 100 % de los ciudadanos de Loíza tiene agua potable en sus hogares y son muy pocos los que requieren el alimento.
Por el contrario, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, dijo en una entrevista al medio estadounidense NPR que no estaba de acuerdo con el cese de distribución de agua y comida, porque gran parte de la población de su pueblo no tiene energía eléctrica para mantener encendido un refrigerador.
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“En municipios como este, donde las familias salen a trabajar solo para comprar gas para hacer funcionar un generador, se vuelve muy difícil”, acotó. “Porque el dinero que usarían para comprar comida lo usan para comprar combustible”, añadió.
Mientras, la alcaldesa Carmen Yulín Cruz, la comisionada residente Jennifer González, así como varios congresistas de mayoría y minoría, pidieron a FEMA que reconsidere su decisión.
“Es demasiado pronto para, sin previo aviso, suspender la entrega de alimentos y agua por parte de FEMA a decenas de miles de ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico que todavía están, desesperadamente, necesitados de estos suministros vitales”, señaló la comisionada.
De otra parte, Héctor Pesquera, secretario del Departamento de Seguridad Pública, y quien sería responsable de continuar la entrega de suministros a nivel local, comentó que nunca se dio por enterado del asunto.
“Sobre el estatus de la distribución de suministros y agua en la isla, el Gobierno de Puerto Rico aún se encuentra en espera de datos críticos que deben ser proporcionados por FEMA para determinar cuándo estas responsabilidades deberán ser transferidas de FEMA al Gobierno de Puerto Rico como parte de la transición de la fase de respuesta a la fase de recuperación. Esto no ha sucedido aún, y no fuimos informados sobre que los suministros se detendrán, ni el Gobierno de Puerto Rico ha acordado esta acción”, soltó Pesquera en declaraciones escritas
