El Comité Timón de Padres de Niños de Educación Especial calificó hoy como una violación por parte del Departamento de Educación al derecho de la educación tras el paso de los huracanes Irma y María.
En conferencia de prensa, la portavoz del Comité, Carmen Warren, denunció el cierre de escuelas al alegar que perjudica el proceso de aprendizaje de los alumnos, particularmente aquellos en el Programa de Educación Especial. Criticó que tras el paso de los huracanes, el servicio se “ha modificado unilateralmente, aún cuando no se han reunido los COMPU para revisar los programas educativos individualizados (PEI) de los estudiantes”.
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Mientras, dio a conocer el más reciente informe de la monitora del caso Rosa Lydia Vélez contra el Departamento de Educación, que “refleja un grave problema de acceso a la justicia al que se enfrenta el país”.
Esto debido a que el informe, que compara el año 2011 con 2017, refleja que durante el periodo de enero a septiembre se presentaron 1,190 querellas de las cuales el 5 % contaron con representación legal.
Según Warren, esto responde a que el Departamento se niega a pagar los honorarios de los abogados a raíz de la Ley PROMESA. Señaló que al no pagar los honorarios, los padres que no cuentan con el poder adquisitivo se ven obligados a prescindir de hacer la querella.
“Llama la atención la disminución de querellas”, dijo la portavoz de los Padres sobre el informe que establece que en 2011 se presentaron 1,334 querellas, frente a 2017 cuando hubo 1,190.
