El futuro próximo del Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR) no está claro aún, pero será definitivamente reorganizado y algunos de sus programas eliminados o “externalizados”.
En este momento “se exploran” los cambios que se van a introducir en esa agencia que incide tanto en el sistema educativo público y privado K-12, como en el post-secundario y universitario, a los que licencia y acredita.
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“Se está trabajando el detalle de eso. No sé si han tomado una decisión, pero al identificar que se pueden separar me parece tan fácil como establecer una oficina independiente, para operar sin ningún conflicto” con el Departamento de Educación (DE), indicó la secretaria de la agencia a preguntas de la agencia Inter News Service (INS) en torno al destino de la agencia de licenciamiento y acreditación educativa del estado.
El conflicto de intereses que se le puede plantear al CEPR, si se trasladara al DE, es que estaría licenciando (y acreditando a los que voluntariamente se sometan a ese proceso) tanto a las escuelas privadas como a las públicas, siendo un organismo del DE.
Ese conflicto ya le fue planteado al antiguo Consejo de Educación Superior en la década de 1990, cuando el organismo licenciaba y acreditaba (desde su creación en la ley de reforma universitaria de 1966) a todas las instituciones post-secundarias privadas al mismo tiempo que fungía de Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, es decir, como su ente rector.
El conflicto era evidente para muchos, particularmente para el entonces presidente del Sistema Universitario Ana G. Méndez, José “Pepe” Méndez, quien cabildeó fuertemente para su separación, pues la entidad tenía la autoridad de permitir la creación de nuevos programas académicos, tanto en el sector privado como en el público, conteniendo el organismo en su interior la capacidad de obstruir las solicitudes privadas como beneficiar las de la UPR, si así se le daba, consciente o no, aunque solo se levantó el asunto del “potencial conflicto”, nunca de denuncias específicas.
Una de las primera leyes sometidas a la Legislatura en el 1993, al llegar el nuevo gobernador Pero Rosselló al poder, fue deslindar las tareas del CES como Junta de Síndicos y cuerpo rector de la UPR, y sus funciones de licenciamiento y acreditación e investigación y estadístico de todo el sistema post-secundario. De esa manera se creó un nuevo CES sin intervención regente en la UPR.
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Rosselló creó por primera vez al final de esa década el Consejo General de Educación (CGE) para que asumiera las responsabilidades del sistema K-12.
En el 2010 se obligó, pese a la objeción de ambos, la fusión del CES y el CGE para crear el CEPR, organismo que ahora será reubicado, desmantelado o externalizado, según se determine.
“Es una discusión que se está teniendo, puede culminar en otra área que no sea Educación, puede culminar alguna parte de lo que es el Consejo ahora, puede ser o eliminado o externalizado, como es en otras jurisdicciones. Pero la parte que tiene que permanecer, de las escuelas secundarias, pues se está identificando hacia dónde es que se mueve para tener la independencia”, aseguró el primer ejecutivo a la agencia INS durante un conversatorio junto a la secretaria de Educación con la prensa en torno al sometido plan fiscal del DE hace unos días.
Sobre las funciones de licenciamiento y acreditación del nivel postsecundario, el gobernador ya tiene una posición.
“Es que no es necesario. Acreditar sí es necesario, eso lo hace la Middle States, pero el licenciamiento… de 50 estados, 47 no lo hacen. O sea, que lo que nosotros hemos expuesto, ‘mira, si queremos decidir que se haga ese licenciamiento, fenómeno, pero el gobierno no lo tiene que hacer, y no tiene que gastar posiblemente dos o tres veces lo que normalmente se gasta para hacerlo”.
Aun así, está abierto a cualquier posibilidad, siempre y cuando implique ahorros fiscales y eficiencia, metas que persigue ante una burocracia de gobierno que nunca se ha caracterizado por resolver de manera efectiva los asuntos y además es cara.
“Se está explorando (la forma definitiva en que se transformará al CEPR), pero definitivamente habrá un cambio de lo que era el Consejo de Educación porque, de nuevo, hay una serie de funciones que, o se pueden eliminar o se pueden sacar, entonces, las que se tienen que retener, buscar dónde” (se ubican), agregó.
En vista de que no ha terminado el análisis, no es posible conocer si el cuerpo rector de nueve consejeros, nombrados por el gobernador con el consejo y consentimiento del Senado, sobrevivirá. Las juntas de gobierno de las diversas agencias de seguridad que se integraron al Departamento de Seguridad Pública no lo lograron. Algunos de estos miembros señalaron que eso motivó el desempeño inconsistente de esas agencias durante la emergencia provocada por el huracán María.
El CEPR, en todas sus variantes históricas, siempre ha sido un organismo complejo que ha pasado por debajo del radar público, sus funciones son altamente técnicas y aunque no se vea en las portadas de los diarios es una entidad que incide con fuerza en el todo proceso educativo del país.
El organismo licencia instituciones de educación básica privadas e instituciones post-secundarias privadas y públicas. Igualmente acredita las instituciones de educación básica públicas y las privadas que así lo soliciten.
Por otro lado, mediante varios programas ofrece ayudas económicas a estudiantes necesitados para que completen sus estudios.
También, es el custodio y administrador de la documentación estadística relacionada con la educación e investigaciones académicas “para procurar el desarrollo de las competencias necesarias para generar una mejor calidad de vida y mayor actividad económica para Puerto Rico”, se afirma en su página cibernética.
Una oficina del organismo emite certificaciones que validan los grados conferidos por las instituciones de educación autorizadas mediante la licencia del CEPR, y atiende las instituciones denominadas Iglesias-Escuelas (Ley 82 de 1995).
La licencia es un requisito para las instituciones de educación privadas y públicas. Mientras, la acreditación es voluntario para las instituciones de privadas y obligatorio para las públicas pertenecientes al DE.
Otro de sus programas se encarga de la evaluación, la planificación, las estadísticas y la investigación. También desarrolla indicadores para monitorear los procesos de la educación en la isla; y conduce estudios e investigaciones.
A la entidad se le requiere diseñar planes estratégicos, métricas de desempeño para medir las funciones del Consejo, adiestramientos, seminarios, conferencias sobre licenciamiento y acreditación, y otras tareas afines.
En este momento no se puede afirmar, sin embargo, que las instituciones de educación privadas o públicas atienden las recomendaciones, investigaciones o estadísticas del CEPR. Sí se someten al proceso de licenciamiento y renovación como requisito para iniciar y continuar sus operaciones.
Sin embargo, mientras el gobierno central comienza y analiza su “transformación” educativa, el Senado lleva, de manera paralela, su propia agenda de trabajo, en manos de la Comisión de Educación, que preside Abel Nazario.
Mediante los proyectos del Senado 674 y 677 se enmienda el Código de Ética para los contratistas y suplidores del DE, y se establece un programa piloto de Educación Internacional para estudiantes de excelencia académica que comenzaría en el año escolar 2018-2019 en una escuela elemental, intermedia y superior del sistema, respectivamente.
El modelo y currículo que se adoptará, será el provisto por la Cambridge Assestment International Education (CIE) y estaría disponible solamente para estudiantes de alta excelencia académica, a los cuales se les facilitarán los exámenes para su admisión a instituciones universitarias internacionales.
El proyecto sobre los suplidores y contratistas requiere que estos presenten evidencia (declaración jurada) sobre el pago de subcontratados para que el DE desembolse el dinero.
Mientras, con el el Proyecto del Senado 675 se establecería una Academia de Liderazgo para directores escolares. Actualmente el DE desarrollo una Academia de Directores.
Además, mientras la UPR está en plena evaluación de su plan fiscal, que requiere una transformación profunda de las operaciones administrativas, estructurales y docentes, Nazario lleva paralelamente su iniciativa para presentar una nueva ley universitaria.
El problema que se le presenta al senador es que una vez la junta de control fiscal certifique el plan fiscal de la UPR, es poco lo que podrá incidir en el sistema, porque la ley que prevalece es la certificación de la junta. La que apruebe la legislatura y el gobernador puede ser “anulada” por la junta.
En este momento el presidente interino de la UPR, Darell Hillman, ha remitido su plan fiscal a los distintos cuerpos universitarios para su evaluación, con la oposición frontal de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (Appu) que, al contrario, quiere que se continúe el millonario subsidio del gobierno, según reveló en una carta enviada a sus asociados.
La APPU, un organismo bona fide, como lo son también el sindicato de Trabajadores y la Hermandad de Empleados No Docentes, apenas recoge a menos de un tercio de los profesores.
La Appu pide que firmen los profesores una carta “para que se reconozca a la UPR como un servicio público esencial; y para que el gobierno salvaguarde su permanencia deteniendo los recortes a su presupuesto y asignándole los recursos necesarios para el desarrollo de proyectos que ayuden a Puerto Rico a superar la crisis”.
