Porto Alegre, Brasil — Una corte de apelaciones de Brasil comenzó a revisar ayer una condena por corrupción contra el expresidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, y su fallo podría afectar no solo las elecciones presidenciales, sino incluso la estabilidad del país.
Si el panel de tres jueces ratifica su condena, Lula podría quedar excluido de la carrera para las elecciones presidenciales de octubre. A pesar de sus problemas legales –ha sido condenado en un caso y tiene otros seis pendientes–, el político de 72 años es el favorito en las encuestas.
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“No estamos juzgando la vida pasada de nadie”, afirmó el juez Joao Pedro Gebran Neto.
Las autoridades cerraron las calles y apostaron francotiradores en los tejados cercanos a la corte en la ciudad sureña de Porto Alegre.
En sus primeras declaraciones, el juez Joao Pedro Gebran Neto pidió a los fiscales y abogados defensores que se concentren en los hechos. “No estamos juzgando la vida pasada de nadie”, dijo en alusión a la carrera política del acusado.
Sin embargo, en este enorme país profundamente polarizado, el caso forma parte de una historia más amplia en la que partidarios y detractores de da Silva ofrecen interpretaciones contrapuestas. Lula y sus seguidores dicen que se intenta impedir por vía judicial su regreso a la presidencia. Sostienen que es parte de una conspiración mayor: la elite nacional no quiere un presidente que se dedicaría a mejorar la suerte de los pobres e igualar las condiciones en uno de los países con mayor desigualdad del mundo.
Los detractores dicen que Lula y su Partido de los Trabajadores gobernaban el país en momentos que una enorme conspiración retiraba miles de millones de dólares de la petrolera estatal Petrobras y permitió que la economía más grande de América Latina cayera en la recesión más grave de las últimas décadas.
En los últimos años, el escándalo conocido como “Lava Jeito” (lava autos) ha enviado a la cárcel a decenas de miembros de la elite, tanto políticos como empresarios. Varias empresas constructoras constituyeron un cartel de facto que decidía quién obtendría los enormes contratos para obras públicas que incluían miles de millones de dólares en sobornos a políticos, directivos empresarios y a los partidos bajo la forma de donaciones de campaña.
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El caso está relacionado con un apartamento costero en Guaruja, una ciudad del estado de Sao Paulo. La fiscalía alega que la constructora OAS, propietaria de la vivienda, se lo prometió al exmandatario a cambio de contratos.
Lula ha repetido que el caso tiene motivaciones políticas y que el departamento nunca estuvo a su nombre.
En julio, el juez Sergio Moro sentenció a Lula a nueve años y medio de prisión.
