El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, presentó ayer, lunes, la Resolución del Senado 583, que ordena a la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas investigar todo lo relacionado a la Ley de Cannabis Medicinal de 2017, preservando la legalidad del estado de Derecho y, al mismo tiempo, analizar su implementación y funcionamiento.
Luego de advenir en conocimiento de posibles violaciones a la ley, el legislador apuntó a que “aparentemente hay dispensarios que se promocionan indicando que no requieren identificación; ofertas de cupones de descuentos para obtener certificación médica para el uso del cannabis y anuncios de portales de internet para la tramitación en línea de licencias para su uso”.
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“Este tipo de acciones, de ser confirmadas, incumplirían con el estado de Derecho vigente aplicable a la industria del cannabis medicinal. Más aún, de ser ciertas, estas acciones evidenciarían la corrupta utilización de la ley por parte de elementos dentro de esta industria naciente para tratar de esquivar prohibiciones penales sobre una sustancia controlada”, advirtió.
La también Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites dispone de requisitos y prohibiciones rigurosas entre las que se encuentra la relación bona fide entre el médico y el paciente, la obligación a los pacientes de portar su identificación en todo momento y la prohibición de distribución gratuita.
Además de muestras de productos en convenciones, exhibiciones o eventos públicos y/o privados. También, la prohibición de cualquier presentación o método, incluyendo empaques, rotulación y anuncios de cualquier tipo que puedan ser atractivos a menores de edad, empaque de los productos y rotulación y promoción de los dispensarios, entre otros.
“Ante lo expuesto y con el propósito único de preservar la legalidad del estado de Derecho que adoptáramos a favor de los pacientes con serias condiciones de salud que se benefician de tratamiento con cannabis medicinal, entendemos necesario, prudente y obligatorio analizar la implementación y funcionamiento de esta ley”, dijo Rivera Schatz.
Luego de que la medida sea aprobada en el pleno del Senado, la comisión deberá rendir un informe completo que incluya hallazgos, conclusiones, recomendaciones, acciones legislativas y administrativas en un máximo de 180 días.
