El referido a Justicia de más de 15 funcionarios, así como el que se realice una auditoría sobre el uso de fondos destinados al transporte aéreo, son solo algunas de las recomendaciones que revela un extenso informe sobre la compra del helicóptero que debía funcionar como ambulancia aérea y, al momento, continúa inoperante.
El decisivo informe se verá hoy en el pleno de la Cámara de Representantes, que si lo aprueba, pondrá en vigor las siete recomendaciones y el referido al Departamento de Justicia por leyes como Ética Gubernamental, Oficina del Contralor y reglamentos del compras y procedimientos del Gobierno.
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De acuerdo con el documento de 87 páginas, se sugiere referir a Justicia a todos aquellos funcionarios involucrados en la transacción de la compra del helicóptero Bell 429, entre ellos la exsecretaria de Salud, Ana Ríus Armendáriz, la exdirectora del Cuerpo de Emergencias Médicas, Rosana Otaño, y el presidente de Ecolift Corp, Ernesto Di Gregorio.
Las Comisiones de Salud y Gobierno de la Cámara concluyen además que se finiquiten acuerdos contractuales con compañías, y crear un comité especial para analizar el costo y la viabilidad de que el Gobierno maneje una operación de certificación federal. De igual forma, se propone crear una alianza público privada para brindar el servicio, así como legislar para regular y establecer requisitos mínimos más estrictos, que las entidades gubernamentales deban cumplir en los procesos de compra realizados fuera del proceso de subasta formal.
Además, se sugiere que, para suplir el costo de servicio de ambulancia aérea, se imponga un recargo fijo a los planes médicos privados, entrar en un diálogo con las compañías de seguro compulsorio para asignar 50 centavos de la prima de $100 que se cobra por vehículo, así como asignar 10 centavos del cargo asignado al Sistema 9-1-1 que se le impone a las líneas de teléfonos y que ya existe.
Mediocre y parcializado
Por su parte, el representante del Partido Popular Democrático (PPD), José “Conny” Varela, tildó de “mediocre y parcializado el informe de la mayoría parlamentaria del PNP sobre la compra del helicóptero de ambulancia aérea”, y sostuvo que “está plagado de errores al ocultar información deliberadamente”. Además, sentenció que la evidencia demostró que el costo de la nave ascendería a unos $7 millones, mientras que la empresa Aeromed pretendía un contrato de tres millones al año por 10 años, lo que le habría costado al pueblo cuatro veces más al llegar la cifra a $30 millones.
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Varela indicó que el fundamento del PNP para investigar la transacción era que, supuestamente, el Gobierno no quería hacer negocios con la empresa Aeromed.
El legislador declaró que “los funcionarios de la pasada administración explicaron en múltiples ocasiones, y de forma detallada —incluyendo el proceso de transición— las razones principales para ordenar la compra de ese helicóptero”.
Por ejemplo, “en tres ocasiones distintas, el país estuvo desprovisto de los servicios de ambulancia aérea porque Aeromed paralizó los vuelos por casi dos meses. Más aún, el informe no expresa que la empresa exigía un aumento de tarifa y que parte del atraso de los pagos se debía a que el Gobierno había objetado múltiples facturas por cobros en exceso”.
Ninguno de esos datos fue incluido en el informe suscrito por los legisladores del PNP Juan Oscar Morales y Jorge Navarro, indicó Varela.
