La reciente sentencia del Tribunal de Apelaciones sobre la pugna por el manejo de cenizas tóxicas de carbón de la empresa carbonera AES, demuestra que el depósito de estos residuos industriales en el vertedero de Peñuelas fue ilegal, según activistas ambientales.
El 13 de julio de 2017, el Comité Pro Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa presentó una demanda contra la Junta de Calidad Ambiental (JCA), Peñuelas Valley Landfill, EC Waste y la empresa AES, en el Tribunal de Primera Instancia de Ponce, sosteniendo que el depósito de las cenizas en el vertedero de Peñuelas viola la Ley 40-2017, conocida como la “Ley para Prohibir el Depósito y la Disposición de Cenizas de Carbón o Residuos de Combustión de Carbón en Puerto Rico”.
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El Tribunal desestimó la demanda.
“A pesar de que el Apelativo ratifica la desestimación de la demanda, la argumentación del propio Tribunal demuestra que el depósito de sobre 15,000 toneladas de cenizas tóxicas de carbón en el vertedero de Peñuelas fue ilegal y violó varias Resoluciones de la JCA”, dijo el portavoz del Comité Diálogo Ambiental de Salinas, Víctor Alvarado Guzmán.
El portavoz explicó que en la sentencia se indica que las cenizas tenían que ser almacenadas en una estructura cerrada, mandato con el cual EC Waste no cumplió.
“La resolución de la JCA (R-15-23-1), citada por el Tribunal en su Sentencia, desautorizó a EC Waste a almacenar las cenizas, bajo cualquier clasificación, en el área de revestimiento sintético y las mismas tenían que depositarse ‘dentro de una estructura cerrada’ para evitar el polvo fugitivo. EC Waste no cumplió con este mandato. Esta violación ha sido recurrente en todos los depósitos que ha hecho EC Waste desde el 2015 en Peñuelas y Humacao. La JCA ha permitido la violación sin tomar acciones contra la empresa de basura”, manifestó.
José Díaz, portavoz del Comité Pro Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa, señaló que el análisis legal del Tribunal sobre el llamado Agremax fue incompleto.
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“El Tribunal reconoce que la Ley 40 prohíbe el depósito y disposición del ‘fly ash’ (cenizas livianas) y el ‘bottom ash’ (cenizas de fondo o cenizas pesadas). Sin embargo, obvió el estudio del 2012, realizado por la Environmental Protection Agency (EPA), titulado ‘Leaching Behavior of ‘Agremax’ Collected from a Coal-Fired Power Plant in Puerto Rico’, donde claramente se establece que el llamado Agremax es 80 por ciento ‘fly ash’ y 20 por ciento ‘bottom ash’ mezclado con agua. En la práctica AES está contrabandeando cenizas tóxicas y prohibidas por la ley”, aseveró.
Ante la Asamblea Legislativa aún está pendiente la evaluación de dos proyectos, el proyecto del Senado 600 de 2017, del senador Juan Dalmau Ramírez, y el proyecto de la Cámara 1160 de 2017, del representante Denis Márquez Lebrón, que buscan clarificar el alcance de la Ley 40.
“Los proyectos están pendientes de evaluación en Senado y Cámara. Aún no han sido evaluados ni rechazados por los legisladores y legisladoras. Reiteramos que aquellos senadores y representantes que manifestaron su arrepentimiento por la aprobación de la Ley 40, tienen aún una oportunidad para reivindicarse aprobando estos proyectos, clarificar la ley y terminar con el conflicto”, sostuvo Víctor Alvarado Guzmán.
Los portavoces comunitarios acusaron a AES de ser selectivos a la hora de cumplir la ley.
“La carbonera AES fue multada en dos ocasiones, ante el paso de los huracanes Irma y María, por el total incumplimiento de la orden de la JCA que los obligaba a enclaustrar y cubrir todo el material de residuos de combustión de carbón o Agremax que mantiene a la intemperie en sus instalaciones en Guayama. Al día de hoy, la inmensa montaña de cenizas tóxicas sigue a la intemperie y en unos meses comienza la temporada de huracanes. La actitud de la AES y sus representantes es una empresa temeraria y han demostrado que no les importa la salud y seguridad de los residentes de las áreas circundantes a sus instalaciones”, acotó Díaz.
