El director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Mario Marazzi-Santiago, cuestionó hoy el propósito de consolidar a esa entidad pública con el único propósito de externalizarla posteriormente, según lo propuesto en el Plan de Reorganización 1 referente al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) para el Instituto.
A su juicio, para agilizar la propuesta de “externalizar” las funciones del Instituto, el gobierno podría simplemente proponer un proyecto de ley para enmendar la Ley Orgánica del Instituto.
Otra alternativa que plantea es incluir su propuesta de externalización en un vehículo legislativo existente, “como muy bien pudiese ser el Proyecto del Senado 236 (Ley de Datos Abiertos)”.
“Pero, en este caso, se propuso fusionar con el único propósito de ‘externalizar’ sus funciones. Es una propuesta que nos resulta extraña. No quiero pensar que sea un mecanismo diseñado para evitar que la asamblea legislativa pueda descargar su función de analizar y de finalmente aprobar las reorganizaciones de las entidades creadas por Ley, como es el Instituto”, dijo Marazzi-Santiago.
El 8 de enero, en conferencia de prensa desde la Fortaleza, el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés, presentó una propuesta para reorganizar el DDEC y consolidar varias entidades públicas, incluyendo al Instituto.
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En este caso, se propone consolidarlo con el DDEC con el propósito de externalizar sus funciones, para así garantizar su “independencia real” ya que, según reconoció el propio Rosario Cortés, desde su creación, “aunque ha tenido una independencia, el Instituto depende de nombramientos del gobernador, incluso funcionarios del Ejecutivo que son parte de esa Junta”.
Pese a todo, Marazzi-Santiago agradeció el reconocimiento de que las funciones estadísticas se deben realizar sin intromisión política.
“Estamos a las órdenes para estudiar mecanismos alternos que permitan la selección de los miembros de la junta de directores del Instituto sin necesidad de que el gobierno de turno tenga injerencia. Las experiencias recientes con este asunto ofrecen evidencia contundente para sustentar la deseabilidad de este cambio en política pública”, señaló el director ejecutivo.
El Instituto se creó como un instrumento público con tanta autonomía administrativa y fiscal que ya le permite operar de manera externa al gobierno, casi como una empresa privada.
“Como la Fortaleza ya conoce, el Instituto no consulta ni sus contratos ni sus nombramientos con la Fortaleza ni con la Oficina de Gerencia y Presupuesto, sino que toma estas decisiones como en la empresa privada, basado en criterios profesionales y técnicos que aseguran una gobernanza adecuada de nuestra institución”, señaló el funcionario.
Desde su perspectiva, “este modelo de gobernanza no sólo ha demostrado ser exitoso, sino que la objetividad y profesionalismo del Instituto han sido reconocidos por numerosos usuarios de sus servicios y personas interesadas, como el task force congresional creado al amparo de Ley Promesa de 2016, que específicamente recomendó que el Instituto continuara protegiendo su independencia”