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Gobernador anuncia que se dirigirá al pueblo la próxima semana

Según dijo, sería un mensaje "importante"

ENTREVISTA CON EL GOBERNADOR , RICARDO ROSSELLO, AL LLEGAR A LOS PRIMEROS 100 DIAS DE SU GOBERNACION. FORTALEZA, SAN JUAN. FOTO DENNIS A. JONES METRO PR 10 DE ABRIL DEL 2017 (DENNIS A. JONES)

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El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció hoy que ofrecerá un mensaje “importante” al pueblo puertorriqueño durante la próxima semana, aunque no dijo de qué tema sería.

La cita está pautada para el próximo lunes, 22 de enero, a las 5:30 de la tarde.

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De acuerdo con La Fortaleza, el mensaje se transmitirá por el canal gubernamental WIPR y la página oficial de Rosselló Nevares en Facebook (https://www.facebook.com/rrossello/). Para los que no tienen luz o televisión, no se precisó si alguna emisora produciría el mensaje.

Asimismo, hoy Rosselló Nevares firmó hoy un proyecto que supuestamente garantizaría a los electores puertorriqueños votar por los candidatos que correrían para el puesto de presidente en las elecciones de los Estados Unidos.

La ahora ley se originó en la Cámara de Representantes de la mano de su presidente, Carlos “Johnny” Méndez.

Esta firma, según Rosselló Nevares, busca “presionar” al gobierno federal para que solucione el tema del estatus. 

“Hemos atendido grandes retos económicos y fiscales durante poco más de un año. Para mitigar el efecto de estos retos hemos tomado medidas efectivas para incentivar la economía y atender nuestra situación fiscal. No obstante, para salir de estos problemas de forma definitiva tenemos que terminar con nuestra relación colonial con los Estados Unidos que nos impide tener los recursos y mecanismos para atender nuestras necesidades”, expresó el primer mandatario.

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Por otra parte, también estampó su firma en siete proyectos que dan mayores derechos y beneficios a los consumidores del país.

Estos son:

  1. Proyecto del Senado 711, del senador Miguel Laureano: declarar como servicio público esencial las telecomunicaciones para asegurar que se le dé la prioridad que amerita este importante servicio de comunicación en los planes de preparación y recuperación ante un evento atmosférico
  2. Proyecto de la Cámara 47, de la autoría del representante José Aponte Hernández: dispone que el dinero proveniente de una reclamación de daños a un vehículo no puede ser retenido por la institución financiera a la que se le adeude alguna mensualidad en el pago.
  3.  Proyecto de la Cámara 264, del representante Gabriel Rodríguez Aguiló: persigue permitir acceso a los funcionarios autorizados de un concesionario de vehículos a acceder al sistema DAVID Plus para verificar exclusivamente el historial de multas o gravámenes de los vehículos que reciben en “trade in” y facilitar la compra de un vehículo sin inconvenientes para los consumidores.
  4.  Proyecto de la Cámara 709, de los representantes Jorge Navarro y Yashira Lebrón: permite a las Asociaciones de Residentes de lugares con control de acceso a privar del derecho al voto a aquellos residentes que adeuden tres o más plazos consecutivos de la cuota impuesta para la operación continua y efectiva de los servicios comunes.
  5.  Proyecto de la Cámara 1090, también de la autoría de Lebrón: prohíbe a los comercios a calcular la propina de un cliente tomando como base el precio luego de añadido el IVU. Es decir, el monto de la propina voluntaria será a base del sub total, previo a sumar el IVU en beneficio de los consumidores.
  6.  Proyecto de la Cámara 1146, presentado por el presidente cameral Méndez: protege a los consumidores ante las cancelaciones de contratos en compañías de celulares, Internet y televisión. La enmienda ordena que se prorrateen los cargos de cancelación tomando en consideración los meses que faltan para cancelar el contrato para los clientes residenciales.
  7. Proyecto del Senado 527, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz: establece que las reconsideraciones de un procedimiento administrativo ante el Departamento de Asuntos al Consumidor sean revisadas por un abogado o por el secretario para asegurar la uniformidad legal y evitar inconvenientes innecesarios a los consumidores en la revisión de decisiones administrativas.

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