Federales no cambiarán sus prioridades sobre marihuana medicinal

Así lo aseguró la fiscal federal de Puerto Rico

Por Ronald Ávila Claudio

Las prioridades de la fiscalía federal en Puerto Rico sobre la marihuana quedarán igual, aun cuando el secretario de Justicia Federal, Jeff Sessions, eliminó el Cole Memo, acción que permitirá a los fiscales en todo el país decidir qué tipos de recursos dedicar a la aplicación de las leyes contra dicha sustancia.

Así lo afirmó Rosa Emilia Rodríguez, fiscal federal de Puerto Rico, quien acotó: “No es un memo que, en este momento, tengamos que seguir o no seguir. En aquel momento tampoco. Nuestro trabajo era sugerido. Nuestro trabajo siempre es el mismo. Que nos digan que cojamos o no un caso de marihuana es una sugerencia, como fiscales de cada región, a que hagamos nuestro trabajo”, afirmó la funcionaria.

“Claro, muy respetado por nosotros porque es el Deputy Attorney General de los Estados Unidos. En este caso, el Attorney General Jeff Sessions nos dijo que ese memo se estaba eliminando, pero que todavía él lo que hacía era sugerirnos qué actuaciones deberíamos tener. Lo que él dice no es un cambio de cómo hemos estado haciendo nuestro trabajo en Puerto Rico toda la vida”, agregó Rodríguez.

La funcionaria manifestó que, en el plano local, quien está más concentrado en atender casos por posesión de marihuana es el Negociado de la Policía. Los federales, añadió, se centran en atender este tipo de faltas cuando están relacionadas con alguna conspiración mayor que envuelve crímenes de organizaciones delictivas.

El Cole Memo fue un documento originalmente redactado por el exfiscal general de Estados Unidos, James M. Cole, en 2013, bajo la administración del presidente Barack Obama.

El memorándum establecía que el Gobierno federal no se interpondrá en el camino de los estados que legalizan la marihuana mientras los funcionarios actúen para evitar que migre a lugares donde su uso es aún ilegal. Indicaba que los fiscales y las fuerzas del orden debían centrarse solo en algunas prioridades relacionadas con las operaciones de cannabis en los estados donde existía una normativa legal sobre su uso.

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