Ante la terrible noticia de la muerte violenta de Janice Zengotita Torres, puertorriqueña residente en Florida, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico expresó el rechazo a la aplicación de la pena de muerte como castigos a los asesinos confesos.
Se ha indicado que Glorianmarie Quiñones Montes, su novio Alexis Ramos y la autora del crimen Ishnar Marie López, confesaron el mismo. También se ha hablado del posible castigo a los implicados en el asesinato, incluyendo la ejecución por parte del estado.
PUBLICIDAD
Se ha propuesto que el estado de la Florida certifique la pena de muerte a dos mujeres y un hombre como consecuencia del insensible asesinato de Janice. El Colegio rechaza que se utilicen los sistemas de justicia como herramientas del Estado para promover como alternativa al manejo de la violencia la venganza, en ánimos de saciar la molestia colectiva.
“Nuestro llamado no es a una justicia blanda, sino a una justicia efectiva. Aunque en ocasiones el impulso nos lleve al deseo de responder a un crimen como éste con la misma fuerza, el Estado tiene el deber de dar el ejemplo, y ese ejemplo no puede ser seguir matando”, afirmó el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, Alejandro Torres Rivera.
Artículo recomendado: Habla esposo y vecinos de mujer boricua asesinada en Florida
“Para aquellos que hemos vivido la experiencia del asesinato de un hijo, la exigencia de que se haga justicia condenando al culpable no supone sacrificar el derecho a un juicio justo del imputado, ni procurar como remedio a nuestra pérdida la ejecución del culpable,” añadió el licenciado Torres Rivera.
Por su parte, Kevin Miguel Rivera-Medina, presidente de la Comisión sobre Pena de Muerte del Colegio, quien además preside la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, recordó el nefasto expediente que tiene el estado de la Florida. “Florida se ha caracterizado por aplicar la pena de muerte con regularidad, en contra de la tendencia general de los últimos años en los Estados Unidos de disminuir su uso; y el Tribunal Supremo de los EU le ha declarado inconstitucional sus modos de sentenciar a muerte.”
PUBLICIDAD
En el 2016, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró inconstitucional la manera en que el estado de la Florida sentenciaba a los acusados a pena de muerte y requirió que la recomendación del jurado fuera unánime. Florida se vio obligado a enmendar sus estatutos sobre pena de muerte.
Florida también ha sido eje de críticas en sus procesos de administrar la inyección letal. “Recordemos que en diciembre de 2006, la ejecución del puertorriqueño Ángel Nieves Díaz tuvo errores que le produjeron una muerte tortuosa, dolorosa y lenta, inhumana. Nieves Díaz defendió su inocencia hasta el momento de su muerte. Florida cuenta con la cifra revisada de, al menos, 26 inocentes en la galera de la muerte, exonerados de los delitos por los que fueron hallados culpables; entre ellos el maunabeño Juan Roberto Meléndez, quien estuvo encarcelado casi 18 años siendo inocente del crimen”, añadió el licenciado Rivera Medina.
La fiscal del condado de Orange-Osceola, Aramis Ayala, a cuya jurisdicción pertenece el caso del asesinato de Zengotita-Torres, se vio enfrentada en una batalla legal con el gobernador Rick Scott, pues ante la inconstitucionalidad e ineficiencia de la ley de pena de muerte en Florida, la Fiscal rechazó el uso de la pena capital en su condado. A la oficina de la fiscal Ayala, quien fue electa con el 94 % de los votos de su condado, el gobernador le quitó $1.3 millones de su presupuesto y removió los casos de pena de muerte a un fiscal republicano que se ha expresado a favor de la pena capital. Hoy nuevamente se levantan voces para que a la fiscal Ayala no se le asigne el caso de la muerte violenta de Zengotita-Torres. En abril del pasado año, el Colegio de Abogados y Abogadas aprobó una Resolución en apoyo a la postura de la fiscal Ayala.
La fiscal Ayala perdió su batalla legal ante el gobernador Scott. Luego de las enmiendas a la ley de pena de muerte y de la determinación de los tribunales en su caso, la fiscal Ayala creó una junta revisora en casos de pena de muerte, que decide si el caso se verá como uno de pena capital, por lo que la determinación no recae en manos de la fiscal Ayala. Un mecanismo parecido lo tiene el Departamento de Justicia Federal.
“Ante el éxodo de decenas de miles de puertorriqueños al estado de la Florida, es necesario que nos acompañe también nuestro alto sentido de justicia, que no incluye la pena de muerte, y así influir en mejorar la cultura jurídica donde vive la comunidad puertorriqueña” culminó indicando el Presidente del Colegio.
El estado de la Florida tiene a su haber la opción de sentenciar a sus acusados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad a prueba. Entre las 314 personas en el corredor de la muerte de la Florida, sólo 3 de ellas son mujeres. Los procesos judiciales de pena de muerte, incluyendo los procesos apelativos, son usualmente más largos que los procesos judiciales normales. Ello eleva los costos al estado, hace casi eterna la espera por un resultado final definitivo, y no permite que la familia de la víctima cierre el capítulo de la batalla judicial, afectando el proceso de duelo.
El Colegio reafirma que la aplicación de la pena capital no sirve de disuasivo contra el crimen y que la justicia se verá mejor servida con un sistema que demuestre con sus acciones la prédica de defender la vida ante la muerte.
