La Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR), desarrolló el primer reglamento sobre el desarrollo de microredes en la Isla anunció el presidente de la CEPR, el ingeniero José Román.
“Durante el pasado mes de octubre, la Comisión inició una investigación en relación al estado de sistema eléctrico de Puerto Rico como resultado del paso del huracán María sobre la Isla. Estudiamos diversos modelos exitosos en los Estados Unidos y recogimos el insumo de muchas empresas y organizaciones interesadas en el tema energético. El resultado es que pudimos elaborar – en corto tiempo- un reglamento único en el mundo que establece un marco regulatorio para establecer sistemas de microredes, que sin duda es un paso de vanguardia hacia la restructuración energética en Puerto Rico”, expresó el presidente de la Comisión.
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Según Román la restauración del sistema eléctrico debe ser el principal objetivo a corto plazo. Sin embargo, aseguró que no basta con identificar estrategias que permitan restaurar el servicio eléctrico en el menor tiempo posible, sino que, además, es necesario que estas estrategias fomenten el desarrollo de un sistema eléctrico resiliente, moderno y ágil.
Sistema separado de la AEE
De igual forma, se explicó que una microred consiste en un “grupo de cargas interconectadas y recursos de energía distribuida que actúa como una entidad única controlable con respecto al sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. Es decir, una microred permite a uno o más clientes mantener y operar un sistema eléctrico independiente, separado del sistema eléctrico de la Autoridad, de forma tal que la disponibilidad de servicio eléctrico no dependa exclusivamente del servicio e infraestructura de la Autoridad.
Existen diversos ejemplos de microredes que proveen a sus usuarios mayor control sobre el costo, calidad, confiablidad de servicio y las fuentes de energía utilizadas para la generación eléctrica. De igual forma, el desarrollo de microredes ha permitido a ciertas comunidades resistir fenómenos naturales, proveyendo continuidad de servicio en momentos de apagones masivos a causa de dichos fenómenos atmosféricos.
El Presidente Interino de la CEPR señaló que los daños causados por el paso de los huracanes Irma y María, y la complejidad de las tareas de restauración del servicio eléctrico, no permiten continuar postergando la elaboración e implementación de un andamiaje regulatorio que fomente el despliegue de microredes, lo cual incluye la instalación de tecnologías de generación distribuida y almacenamiento de energía.
Es por esto que, acorde a lo anterior, la Comisión solicitó comentarios del público en general y, en particular de personas y entidades con interés directo en el sector eléctrico, sobre las normas que la Comisión debe adoptar para fomentar el desarrollo de sistemas de microredes. “El proceso fue uno muy participativo ya que recibimos un total de 53 comentarios de individuos, organizaciones sin fines de lucro y compañías privadas interesadas en aportar ideas para establecer un nuevo sistema de generación de energía en la Isla”, detalló el ingeniero.
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Propuesta de Reglamentación
En el caso de pequeñas cooperativas, el objetivo de la Comisión es crear un andamiaje regulatorio mínimo, tomando en consideración que la estructura cooperativista mitiga la necesidad de normas regulatorias de mayor envergadura. Por otro lado, en el caso de los sistemas con fines de lucro (donde el dueño de la microred le vende energía a terceros), la Comisión procuró establecer las salvaguardas mínimas necesarias para proteger al consumidor sin que las mismas representen un obstáculo al desarrollo y a la inversión en dichos proyectos.
“Mediante esta propuesta de reglamento, la Comisión provee herramientas y modelos que los desarrolladores y dueños de microredes pueden utilizar para asegurar el cumplimiento con la clasificación pertinente para su sistema. La Comisión también desarrollará formularios de inscripción sencillos para facilitar la certificación de microredes” concluyó el presidente interino de la Comisión.
El público en general podrá presentar sus comentarios en torno a la propuesta de reglamentación hasta el 5 de febrero de 2017.
