La administración de Ricardo Rosselló se apresta a reorganizar unas 25 agencias con la intención de ahorrar $220 millones en cinco años, según informó hoy en una conferencia de prensa Ramón Rosario, secretario de asuntos públicos de la Fortaleza.
Esta acción, según explicó el funcionario del Partido Nuevo Progresista, se tomó a base de la Ley 122 del 2017, que busca aprobar de manera expedita planes para ajustar las agencias del ejecutivo.
“Aunque la Ley no lo exige, estamos radicando los proyectos de Ley y estos tendrán su trámite como cualquier otro proyecto. El plan de reorganización tiene 45 días para que la Asamblea Legislativa lo apruebe o lo rechace. Habrá espacio para algún ajuste, pero es limitado”, afirmó.
Cada uno de los planes para unir las dependencias del ejecutivo, explicó Rosario, garantizan la permanencia de los empleados públicos y sus derechos adquiridos. No obstante, serían redistribuidos de acuerdo a la Ley 8 del pasado año. Las propuestas de Rosselló, además, protegerán los fondos federales que se asignan a las diferentes dependencias del Estado.
“Se pretende tener ahorros sustanciales a nivel de carga del Gobierno de Puerto Rico y dar servicios que sean más eficientes, centralizados y más rápidos para la ciudadanía”, detalló Rosario.
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Entre los planes de reorganización, se crea la Junta Reglamentadora de Servicio Público que supervisará 3 negociados. Esta Junta, de acuerdo a Rosario, estará compuesta de 3 miembros y conglomerará lo siguiente:
- Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones
- Comisión de Servicio Público
- Comisión de Energía
- Administración de Energía de Puerto Rico
- Oficina Independiente de Protección al Consumidor
El organismo se dividirá en tres comisiones: telecomunicaciones, transporte y energía que tendrán un líder cada una.
Entre las propuestas del primer mandatario, además, se transfieren las funciones de la Oficina del Bosque Modelo al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y al Fideicomiso del Bosque Modelo.
De acuerdo a lo explicado por Rosario, el Consejo de Educación Superior dejaría de existir y sus funciones serían unidas bajo el Departamento de Educación.
En declaraciones escritas, el secretario explicó que con esta propuesta “Puerto Rico adopta el modelo de 47 estados que no requieren que las instituciones educativas privadas tengan licencias de estado y se fomenta las acreditaciones de entidades privadas como ocurre en la mayoría de las jurisdicciones de Estados Unidos y en otras partes del mundo. No obstante, se les requerirá a estas instituciones estar registradas en el Departamento de Educación”.
El plan transfiere al Departamento de Educación el deber del Consejo de Educación Superior de Custodiar los expedientes académicos de las instituciones educativas privadas.
Asimismo, en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos se crea la Secretaría Auxiliar de Relaciones Laborales que atenderá los casos que hoy observa la Comisión Apelativa de Servicio Público, la Junta de Relaciones del Trabajo y la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación.
Los programas de la Secretaría Auxiliar de Adiestramiento y Promoción de Empleo pasarían al Departamento de Educación.
El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio incluirá: Oficina de Exención Contributiva Industrial, Oficina Estatal de Política Pública Energética, la Corporación del Centro Regional, la Oficina de Gerencia de Permisos, Compañía de Turismo, Compañía de Comercio y Exportación.
Con servicios compartidos también se añade a esta entidad la Compañía de Fomento Industrial, Autoridad de Redesarrollo de Roosvelt Roads y la Junta de Planificación. También se integra al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio el Instituto de Estadísticas. No obstante, esta última agencia tendrá el deber de “externalizar” la organización para, supuestamente, que opere fuera del Gobierno.