El Departamento de Justicia, a través de la Oficina de la Jefa de Fiscales, ordenó el cierre de las investigaciones relacionadas a querellas presentadas por el representante José Luis Rivera Guerra y la contradenuncia presentada por líderes sindicalistas, luego de que las partes declararan que no tienen interés en continuar con los casos criminales relacionados a un altercado en el que hubo agresiones en hechos ocurridos el 27 de abril de 2017 en los predios del Capitolio de Puerto Rico, en San Juan.
Rivera Guerra y varios manifestantes se enfrascaron en un incidente de agresión de parte y parte, incidente que fue grabado en vídeo y publicado en las redes sociales. Las partes involucradas presentaron las correspondientes querellas ante la Policía de Puerto Rico.
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Uno de los manifestantes, Julio Vargas Cruz, se querelló contra Rivera Guerra, mientras que este presentó una denuncia contra los también manifestantes, Leopoldo Negrón Arroyo y Feliciano Tollens Quiñones.
La Oficina de la Jefa de Fiscales informó que las partes comenzaron un proceso de diálogo con miras a transar el asunto extrajudicialmente, según se le informó a los fiscales investigadores. Estos procedieron citar a las partes, dado a que las negociaciones afectaban la investigación de ambas querellas criminales.
A finales de diciembre pasado se dio la reunión de los fiscales con los abogados de Rivera Guerra y con los de Vargas Cruz, que presentaron declaraciones escritas de sus clientes, en las que manifestaban que no tienen interés en seguir el caso criminal.
La jefa de los fiscales, Olga Castellón, y la fiscal Ileana Espada entrevistaron a Vargas Cruz, y éste reafirmó su deseo contenido en su declaración jurada de no continuar con su querella contra Rivera Guerra. Indicó querer terminar con el asunto, ya que también involucraba la posible radicación de cargos y procesamiento contra Negrón Arroyo y Tollens Quiñones, que son sus compañeros de organizaciones sindicales.
Por su parte, Rivera Guerra, por conducto de su abogado, manifestó que tampoco tenía interés en seguir la causa criminal contra los querellados.
“Luego de escuchar a las partes y examinar las declaraciones juradas presentadas, se determinó proceder a archivar la denuncia y la contradenuncia, y ordenar el cierre de ambas investigaciones”, reiteró Castellón.
