El fiscal general federal de Estados Unidos, Jeff Sessions, emitió un memorando a través del cual deja sin efecto el memorando Cole -emitido en el 2013 bajo la administración de Barack Obama- que abrió las puertas del cannabis medicinal en los estados y territorios americanos como jurisdicciones independientes.
La determinación puede afectar irreparablemente la industria de cannabis no solo en Puerto Rico sino a nivel nacional.
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Sessions le indica a los fiscales federales que deben ser más rigurosos a la hora de impartir la ley federal y que les permitirá aplicar la ley como cada uno entienda aunque sea en los establecimientos que ahora se expende de manera medicinal o recreacional.
“Las expresiones de Sessions a través de su memorando han causado un enorme revuelo e incertidumbre para la industria del cannabis a nivel nacional. Sus expresiones implican que el gobierno federal podría intervenir con los dueños de establecimientos de cannabis en cualquier momento”, advierte el presidente de Puerto Rico Legal Marijuana, Goodwin Aldarondo.
El abogado cuestiona: “¿Deben los dueños de establecimientos cesar sus operaciones? Las expresiones de Sessions no implican que inmediatamente el gobierno federal vaya a intervenir con nuestra industria, pero podría pasar en cualquier momento”.
Añadió que “nuestra recomendación es que todo dueño de un establecimiento de cannabis tiene que estar en estricto cumplimiento con la ley 42 y el reglamento 8766a. Lo único que nos salvaría de una intervención federal es estar en completo cumplimiento con la reglamentación vigente”.
Aldarondo destaca que la industria de cannabis en Puerto Rico, luego del huracán María, se encuentra “enormemente vulnerable ante una intervención federal, pues somos la única jurisdicción en Estados Unidos que tiene establecimientos que están operando sin electricidad”.
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Esto implica que operan sin sistema de rastreo de inventario, sin cámaras de seguridad, con licencias vencidas (por la moratoria), sin informes de inventario y otras consideraciones de índole inaceptable ante el gobierno federal, violaciones que están siendo pasadas por alto por la Junta Reglamentadora”.
“Hacemos un llamado a la Junta Reglamentadora para que con los fines de evitar una intervención a nivel federal se haga valer de manera estricta la Ley 42 y el reglamento vigente. Es indispensable que la Junta elimine de inmediato la moratoria emitida en cuanto a licencias vencidas y presentación de informes, al igual que debe ordenar el cierre inmediato de todo establecimiento que no esté en cumplimiento con la ley y el reglamento”, apuntó Aldarondo.
El cannabis es ilegal a nivel federal, porque la planta se encuentra dentro de la categoría I de la Ley de Sustancias Controladas Federal. Bajo la administración de Obama, James Cole, quien era el fiscal federal general de aquel entonces, dictó el Cole Memo, que estableció que el gobierno federal contaba con fondos y recursos limitados por lo que no podrían perseguir a los estados que violentaran la ley federal sobre cannabis.
Estableció que el gobierno federal no intervendrá con los estados que tengan regulado el cannabis, ya sea recreacional o medicinal, siempre y cuando no ocurran una de las ocho prioridades establecidas en el propio memorando.
Entre ellas se encuentran vender cannabis a menores de edad, que las ganancias de las ventas de cannabis lleguen a empresas criminales y la posesión en propiedad federal.
La industria de cannabis regulada, como la de Colorado, tuvo su auge gracias al Cole memo. Este memorando fue la llave que le dio seguridad y protección a los estados con cannabis regulado.
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