El gobernador Ricardo Rosselló firmó hoy una ley que crea el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, a los fines de imponer mano dura contra aquellos que defrauden al pueblo desde cualquier cargo gubernamental o como contratistas del Estado.
La medida, además, convierte en delito grave tomar represalias contra los testigos de un caso de corrupción, así como oficiales del Tribunal, ofreciendo mayor protección para alentar las denuncias de este tipo de delitos. El código también eleva a rango de ley el Grupo Interagencial anticorrupción, compuesto por agencias estatales y federales, que supone vigilará el cumplimiento del nuevo estatuto.
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“Aquellos que contemplen actos de corrupción que sepan que va a haber un grupo vigilante que van a caer con el martillo de la manera más fuerte en contra de la corrupción. Que el pueblo de Puerto Rico sepa que los escollos y las inconsistencias que existían se están tratando de racionalizar ahora permitiendo el espacio a nuevas iniciativas de cara al futuro que se puedan trabajar. Sobre todo, un compromiso genuino para que esto sea un inicio adicional”, destacó el primer ejecutivo en una conferencia de prensa desde Fortaleza.
- El Grupo Interagencial está compuesto por:
- Directora de la Oficina de Ética Gubernamental – Zulma Rosario Vega
- Contralora de Puerto Rico – Yesmín Valdivieso
- Presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente – Nydia Cotto Vives
- Secretaria del Departamento de Justicia – Wanda Vázquez
- Secretario del Departamento de Hacienda – Raúl Maldonado
- Comisionada de la Policía – Michelle Hernández de Fraley
- Jafa de la Fiscalía Federal en Puerto Rico – Rosa Emilia Rodríguez
- Agente especial a cargo del Buró Federal de Investigaciones en Puerto Rico – Douglas Leff
“Este logro hoy nos lleva a otro nivel de colaboración con nuestros compañeros estatales. Nos permitirá conocer casos de manera más temprana que en años anteriores”, agregó Douglas Leff, director del Buró Federal de Investigaciones, en referencia al Grupo Interagencial.
En términos del apoyo a los testigos, el nuevo código aumenta a tres años el tiempo prescrito para que cualquier persona pueda instar una acción civil por represalias. Asimismo, aquellos acusados de interferir con un testigo o personal del Tribunal estará exento del beneficio de la Ley de Sentencias Suspendidas (probatoria). Esta última disposición también aplicará a los convictos de realizar el acto de corrupción.
“Eso es medular [la protección a los testigos] para que se pueda llevar una lucha contra la corrupción. Si los testigos no están dispuestos a venir a nosotros, a cualquiera de las agencias, es muy difícil tener la evidencia para entonces poderlos llevar hasta feliz término. Así que la protección a los testigos es definitivamente una de las partes más importantes de este código”, resaltó Zulma Rosario Vega, directora de la Oficina de Ética Gubernamental.
La nueva Ley, que según el gobernador Rosselló unifica varios estatutos que estaban dispersos, permite al Estado reclamar civilmente y obtener compensación por el triple del daño causado al erario. Para probar la reclamación será suficiente la sentencia de convicción por la conducta ilegal. De acuerdo a la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez, el gobierno podría hacer hasta embargos preventivos de los bienes de quienes defrauden al pueblo.
A nivel administrativo, el Código Anticorrupción establece un Registro de personas convictas por corrupción que se mantendrá electrónicamente y estará adscrito al Departamento de Justicia.
