Dirigentes sindicales y personas que han estado relacionadas con el Sistema de Emergencia 9-1-1 solicitaron de La Fortaleza que intervenga ante el deterioro de la agencia, y se nombre un nuevo comisionado.
Mientras, fuentes indican que el tiempo de respuesta a las emergencias ha ido elevándose debido a la falta de recursos humanos y equipo.
El exmiembro de la junta de gobierno en representación del interés público en esa agencia, disuelta por la nueva ley que crea el Departamento de Seguridad Pública, ingeniero Manuel Rolón, sostuvo que se está creando “una emergencia de seguridad pública”, con la desatención al 9-1-1.
Rolón sostiene que la nueva ley nunca debió disolver la junta, que en la vieja agencia solía tener un papel activo de supervisión constante de las operaciones.
Por otro lado, durante este año hasta su disolución la Junta se encaminó a cobrar a las corporaciones de telecomunicaciones las decenas de millones que le adeudan a la agencia por concepto de la retención de los 50 centavos o dólar que retienen en las facturas telefónicas.
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Esa tarea se detuvo al disolverse la junta.
“Y seguimos esperando por una reunión con el secretario Pesquera. También le pedimos a (los senadores) Henry Neumann Zayas, Zoé Laboy Alvarado y al Presidente del Senado Thomas Rivera Schatz que investiguen esta situación en el 911. También pedimos acción por parte del gobernador Ricardo Rosselló y al secretario de la Gobernación William Villafañe, el 911 necesita ya un Comisionado en propiedad con la experiencia, compromiso y pasión para que el centro y corazón del sistema de emergencias funcione por el bien del país”
La junta, por otro lado, era el lugar donde los empleados podían acudir ante los desmanes de los directores ejecutivos. Ahora tienen que acudir al secretario de seguridad pública Héctor Pesquera, quien había admitido a la agencia Inter News Service (INS) que no sabía nada de lo que ocurría en esa agencia durante el mandato de su director ejecutivo Héctor Torres, a quien finalmente La Fortaleza, no Pesquera, le pidió la renuncia.
Pesquera, bajo la nueva ley, es el jefe y supervisor de todas las agencias de emergencia del país, estos es, la Policía, la Agencia estatal para el manejo de emergencias y administración de desastres, el Sistema 9-1-1, Emergencias Médicas, Bomberos, Negociado de investigaciones Especiales y Ciencias Forenses.
Hay vacantes en el 9-1-1, Aemead y Emergencias Médicas.
Se ha indicado que a Pesquera le es imposible supervisar con el detalle que se necesita todas estas agencias.
Una fuente en el 9-1-1 le criticó a Pesquera que dijera públicamente que a un telecomunicador del 9-1-1 que canalizó una ayuda de emergencia le tomara tres minutos hacerlo. Se intentaba dilucidar como una ambulancia tardó 50 minutos en llegar a una escena de emergencias en Sabana Grande. La persona, el padre de un policía municipal, murió por falta de atención médica inmediata.
La fuente del 9-1-1 indicó que el telecomunicador suele tardar entre 30 segundos y minuto y medio bajo otras circunstancias. Tres minutos sería demasiado y no se cree que haya tardado ese tiempo.
Por otro lado, un telecomunicador puede tomarse apenas segundos en localizar la ayuda, el problema consiste en si hay ambulancias disponibles y quien las opere. Este problema se ha ido agravando.
Y mientras el gobierno no le pague a los municipios las decenas de millones que les debe por el uso de las ambulancias municipales, el tiempo de respuesta a las emergencias se irá alargando, hasta, dice Rolón, conformar una crisis de seguridad pública.
Para el presidente del gremio CWA, que agrupa a los trabajadores del 9-1-1, Luis Benítez, el gobierno ha sido insensible al poner en riesgo la salud de la población. Este denunció que sus peticiones para reunirse no han tenido éxito. Y ahora reclamó del gobernador Ricardo Rosselló y el secretario de la gobernación William Villafañe acción inmediata sobre el problema.
“Y seguimos esperando por una reunión con el secretario Pesquera. También le pedimos a (los senadores) Henry Neumann Zayas, Zoé Laboy Alvarado y al Presidente del Senado Thomas Rivera Schatz que investiguen esta situación en el 911. También pedimos acción por parte del gobernador Ricardo Rosselló y al secretario de la Gobernación William Villafañe, el 911 necesita ya un Comisionado en propiedad con la experiencia, compromiso y pasión para que el centro y corazón del sistema de emergencias funcione por el bien del país”, reclamó.
En pasadas administraciones, el 9-1-1 se ahorró el salario del subdirector y lo destinó a las operaciones. Este año, el entonces director Héctor Torres no solo contrató a un amigo de la infancia para ocupar el cargo, sino que le aumentó el sueldo. Este subdirector, José García, abogado, fue destituido como director de la división legal de la Oficina del Procurador de la Salud bajo la administración de Luis Fortuño, por perder la confianza del procurador de entonces.
Ahora García es el director. Desde la renuncia hace más de un mes de Torres, Pesquera no ha designado al nuevo comisionado.