Alberto Ramos Rivera quiere regresar a su casa, pero sus condiciones de salud le impiden sacar los pedazos de madera, zinc, y otros escombros que hay allí acumulados y que hace más de dos meses mantienen su hogar inhabitable. A María Sánchez, le ofrecieron un apartamento en un complejo de vivienda pública, pero las restricciones de la probatoria en la que se encuentra su hijo le impiden establecerse en ese lugar. Pascual Ofray, en tanto, prefiere regresar a vivir en la calle en el pueblo de Salinas, antes de continuar en el refugio al que fue trasladado, lejos del entorno que conoce.
Esa diversidad de situaciones refleja a grandes rasgos la complejidad que caracteriza el proceso para atender las necesidades de vivienda de personas refugiadas o que fueron desplazadas a raíz de los estragos provocados por el huracán María.
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Para algunas de las cerca de 900 personas que todavía habitaban los refugios establecidos por el gobierno a casi tres meses del paso del ciclón, las gestiones para identificarles alternativas de vivienda adecuada -aun de carácter temporero- han sido más lentas de lo esperado. Incluso, entre los desplazados, hay quienes opinan que el proceso ha sido hasta indigno, entre otras cosas, porque ha carecido de sensibilidad y no se les ha tomado en cuenta.
Ramos Rivera tiene 52 años, y pasa los días y noches en el único refugio abierto en San Juan, en la cancha bajo techo ubicada en la sede del Departamento de Recreación y Deportes (DRD). Su casa está en el barrio Guaraguao de Bayamón, pero en ese municipio clausuraron todos los refugios hace varias semanas. La cancha del DRD es el quinto refugio que lo resguarda desde que abandonó su estructura al otro día del ciclón buscando auxilio.
“A las personas que, en verdad, necesitan ayuda no las están ayudando. Mira aquí (señala las distintas áreas del refugio), lo que hay son familias, personas enfermas, personas que reciben asistencia (gubernamental) mensual”, dijo.
El hombre subsiste con el dinero que recibe del Seguro Social, y cuenta que, al cerrar los refugios en Bayamón, el gobierno municipal le ofreció pagar la renta de una vivienda por dos meses, mientras habilitaban su propiedad, pero esa propuesta no se materializó. Comentó que también se comprometieron a remover los escombros y poner en condiciones su casa, y todavía los está esperando.
“Yo he tenido ganas de irme de aquí muchas veces, pero no tengo a dónde ir”, dijo, y soltó una carcajada que suprimió de inmediato. “Lo que hay que hacer es reírse, y tirarse de vez en cuando un ‘coño’ y un ‘carajo’”.
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A medida que pasan los días, la vida en el refugio, para Ramos Rivera, se torna más estresante y hostil. Trata de impregnarle un poco de “normalidad” a su rutina con música y café. Logró rescatar su cafetera espresso entre la estela de escombros que dejó el huracán, y a diario, prepara la bebida para satisfacer su afición y la de sus compañeros de catres contiguos.
“Eso, para mí, es terapéutico. Yo me entretengo con la máquina, haciendo la espumita, echándole azúcar, la canela. Esas son las cosas que te tratan de traer a la normalidad, a la vida, el cafecito y la musiquita”, dice el hombre, quien se estableció en Puerto Rico hace alrededor de una década luego de vivir por años en Nueva York.
Se retiró como soldador en la Autoridad Portuaria de Nueva York a raíz de una lesión en la espalda, y tiene problemas en una rodilla, padece neuropatía y fibromialgia. Para moverse, utiliza una silla motorizada o un andador, y en su catre, colocó un colchón inflable para amortiguar el impacto del rígido lecho en su lastimado cuerpo.
Su pasión por la música le ha traído problemas con algunos “vecinos” en el refugio, que se han quejado o lo han increpado por su estridente distracción, confesó. Esta situación, incluso, requirió la intervención de varios agentes de la Policía hace unos días.
“Yo he sido libre toda la vida. Yo decido qué como, cuándo me baño, cómo me visto; toda la vida he hecho lo que me da la gana. Nunca me han quitado la libertad. Esta es mi casa ahora. Estoy supuesto a ser libre, y no soy libre”, sostuvo.
Ramos Rivera asegura sentir presión para que abandone el refugio cuanto antes. Durante el altercado por la música, temió que las autoridades utilizaran esa disputa como base para expulsarlo de la instalación.
“Están tan desesperados que están usando excusas, como problemas entre refugiados, para sacarnos… Para irme a mi casa, tengo que esperar a que FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) inspeccione los daños, remuevan los escombros, preparen el techo para que no caiga agua y rehabiliten la parte de abajo para poder vivir. Eso toma tiempo, y quieren que me vaya ahora”, detalló.
Según datos oficiales, a casi tres meses del paso de María, había 909 personas viviendo en 40 refugios. En su momento pico, hubo cerca de 15,000 personas en 245 refugios.
El secretario del Departamento de la Vivienda (DV), Fernando Gil Enseñat, admitió las dificultades que enfrenta, pero alegó que los retos al relocalizar a los desplazados, así como las quejas y la insatisfacción de estos, son circunstancias intrínsecas al proceso.
Gil Enseñat dijo que tiene que atender con premura el cierre de aquellos refugios que se ubican en escuelas, y que no han podido reanudar clases debido a que sirven como techo provisional para los damnificados.
El titular de la Vivienda, se había propuesto entregar al Departamento de Educación, a más tardar el 27 de noviembre, todos los planteles que sirvieran de refugio para que los estudiantes pudieran regresar a las aulas. Sin embargo, cuando expiró el plazo, todavía había nueve escuelas con refugiados. Hoy día, quedan dos.
Cuando se le preguntó por qué no habían podido cumplir con su meta, Gil Enseñat adujo problemas con la localización, y que “no hay disponibilidad de mantener esos refugiados cerca de su comunidad”. Mencionó que más temprano en la fase de recuperación, contempló reubicar los refugiados en fábricas en desuso de la Compañía de Fomento Industrial para desocupar los planteles, pero FEMA frenó esa idea, pues no contaba con estudios ambientales para dar paso a cualquier mejora estructural dirigida a adecuar esa instalación a las exigencias de un refugio.
El interés por desalojar las escuelas y la falta de alternativas inmediatas para relocalizar a los refugiados ha generado choques en algunos centros de vivienda temporera. Uno de los incidentes más recientes ocurrió el 17 de noviembre, en la Escuela Francisco García Boyrie, en la urbanización Costa Azul de Guayama, donde las personas desplazadas le hicieron frente a los maestros y maestras que acudieron al lugar a preparar los salones de clase en anticipo a su reapertura.
Según algunos refugiados, el personal de la empresa M. J. Consulting & Development, Inc., que actúa como agente administradora de la instalación, indicó a eso de las 10:00 a.m. que tenían tres horas para abandonar el lugar o llamarían a la Policía. La situación generó un encontronazo que requirió la intervención de la Unidad de Operaciones Tácticas de la Uniformada, y culminó con el traslado de los refugiados hacia los centros comunales de los residenciales Fernando Calimano y Luis Palés Matos, en el mismo pueblo.
“Siempre va a haber alguna de las partes que va a estar inconforme con el resultado por equis o ye razón, por la naturaleza humana, digo yo. Nosotros hacemos todo lo humanamente posible por, uno, que la persona que sufrió el daño, que no tiene hogar, poder mantenerla en un sitio seguro, salubre, y dos, saber también que estamos en una etapa de recuperación y nos corresponde que la gente continúe con su vida, traer a los maestros para que sigan dando sus clases a los estudiantes”, subrayó el secretario de la Vivienda.
“Es un proceso bien difícil; conlleva que la gente vaya, se hable con las personas, buscar alternativas. Muchas veces se nos hace bien difícil encontrar alternativas viables. A mayor cantidad de disponibilidad, más fácil va ser esa reubicación, mientras van disminuyendo los refugios, pues va a ser más difícil buscar alternativas, dentro de, porque muchos de ellos están en lugares donde no tenemos sitios viables ahora mismo para llevar a los desplazados”, reconoció.
A Gil Enseñat, le parece inaceptable la actitud altanera que, según los refugiados, exhibieron los empleados de M. J. Consulting & Development. No obstante, admitió que no ha discutido el incidente con los directivos de la compañía. Aseguró que en una ocasión ordenó remover de un refugio a un empleado de una de estas compañías -que no quiso identificar- tras recibir quejas del trato que daba a los refugiados. Pero el funcionario no ofreció información solicitada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) sobre las querellas que se han sometido por personas en los refugios o si ha tomado medidas con alguna de las empresas.
A pesar de que el DV es la agencia encargada de los refugios, delega el manejo de las instalaciones a una decena de empresas que actúan como agentes administradores mientras dure la emergencia. Esas compañías también manejan los residenciales públicos, y se distribuyeron los refugios de acuerdo con las regiones donde se ubican los complejos de vivienda que tienen a su cargo.
El contrato entre la Administración de Vivienda Pública, que también encabeza Gil Enseñat, y cada una de las empresas fue suscrito el 18 de septiembre, dos días antes del paso del huracán, y tiene vigencia hasta el 31 de marzo próximo, con la posibilidad de extenderlo por seis meses adicionales. La corporación pública acordó pagar una tarifa de $7 por día por cada persona refugiada hasta un máximo de $160,000 mientras dure el contrato con la compañía. Los recursos provienen de partidas de fondos federales que maneja la entidad pública.
“Aquí lo que quieren es sacar a la gente, punto y se acabó. Sacaron a 10 personas de Costa Azul para apartamentos sin agua y sin luz. Lo que ellos quieren es sacar a todo el mundo de aquí. Eso fue de hoy para hoy. No hay comunicación, y te tienes que ir y punto. Esa es la actitud de M.J. Es para meter presión, para jugar con la mente. Somos seres humanos, creo que hasta a un animal se le trata con decencia, es como si nosotros fuéramos cualquier cosa, te tiro para acá, y aquí quedas”, denunció María Sánchez, quien pernocta en el residencial Fernando Calimano, en el centro urbano de Guayama.
Sánchez vive allí junto a un hijo de 30 años, y asegura que los empleados de la empresa administradora los han tratado con insensibilidad y desdén. Este es su tercer refugio, y señala que la experiencia, no solo la tiene en un estado de ansiedad constante, sino que también ha agravado sus problemas cardíacos. El día que la Policía intervino en la controversia con los docentes, la mujer terminó en el hospital debido a que se aceleraron sus palpitaciones. Lo que más le atormenta es sentir que vive bajo una amenaza de desalojo perpetuo, y que desconoce cuál será su destino.
El CPI intentó contactar a la directora de M. J. Consulting, Carmen Cuevas, pero no estuvo disponible.
Una de las primeras opciones que les ofrece el DV a los refugiados es que puedan ocupar un apartamento en un residencial público, pero Sánchez advierte que, para ella, esa no es una alternativa, pues su hijo está bajo probatoria por un caso de violencia doméstica y, como parte de las restricciones, no puede estar en complejos de vivienda pública. Por vía de excepción, las autoridades le permitieron refugiarse en el centro comunal que ocupan ahora en el residencial Calimano.
Asegura que la comunicación que ha recibido de FEMA y del Departamento de la Vivienda no ha sido clara ni suficiente, e incluso ha obtenido información contradictoria por parte del gobierno municipal de Guayama respecto a las ayudas que puede recibir en su situación.
Durante las pasadas semanas, los desplazados de Guayama han percibido cómo se ha deteriorado la salud mental entre ellos. Varios atestiguaron la angustia que provocó en algunas familias tener que interrumpir abruptamente su convivencia, pues las reglas del refugio mantenían a los hombres separados de las mujeres, vieron cómo la soledad intensificaba en algunos el sentido de desesperanza e, incluso, presenciaron la emergencia provocada por un intento suicida de uno de sus compañeros.
“Estoy viendo esto (manejado) como si nosotros fuéramos delincuentes. No lo estoy viendo en forma de desastre o humanitario. No lo estoy viendo canalizado de una manera que nosotros no nos veamos más afectados de lo que estamos. Lo estoy viendo yo como que este es un mandato bruto. Para eso nos tiramos a la calle a vivir, porque no queremos más presión de la que tenemos. Entonces, y los niños, nosotros y los ancianos, ¿van a recibir sicológicamente esta presión? Vamos a terminar más afectados”, comentó Luis Ortiz, otro de los refugiados de Guayama.
A poca distancia, en el residencial Luis Palés Matos, Numidia Martínez Pérez aguarda resignada por que le informen cuándo podrá regresar a Salinas. La mujer de 61 años fue relocalizada junto a otras 12 personas en la instalación de Guayama debido a la urgencia por abrir la Escuela Carlos Colón Burgos. El plantel escolar salinense pudo reanudar operaciones a finales de noviembre, pero los desplazados que vivieron allí por semanas ahora esperan el día en que puedan volver al lugar que conocen y al que sienten que pertenecen.
“No me dijeron que venía para acá. Yo aquí no cuento con nadie ni na’ porque no tengo familiares. Yo estoy aquí, esperando que me ayuden, pero no me puedo quedar aquí”, insistió.
Martínez Pérez no tiene carro ni celular. Tiene una hermana que reside en Santa Isabel, que la visitaba mientras permanecía refugiada en Salinas, pero a quien el trayecto hasta Guayama le resulta complicado. Mientras estuvo en el pasado refugio, sufrió una caída en el comedor que ella entiende le fracturó la clavícula. Sin embargo, no conoce la magnitud de la lesión, pues no había podido recoger los resultados de la radiografía en la institución donde se la realizó en Salinas.
Junto a la mujer, Pascual Ofray, de 67 años, protestaba su traslado a Guayama en medio de los esfuerzos por consolidar y reducir los refugios existentes. El hombre del sector La Playa, en Salinas, dijo que prefería regresar a deambular por las calles de su pueblo natal antes que permanecer en Guayama. “Pa’ la calle me voy si no me dan sitio. Yo no quisiera salir de mi pueblo, nací allí, y no conozco a nadie aquí tampoco. Allí [en Salinas] me conocen”, sostuvo.
No hay récord de las ayudas disponibles por el gobierno de PR
Más de 75,000 viviendas en Puerto Rico fueron destruidas en su totalidad a causa del huracán María, mientras que alrededor de 335,000 sufrieron daños leves o moderado, según el DV.
Además de los apartamentos en residenciales públicos, la agencia ofrece la posibilidad de solicitar el programa federal de Sección 8 para subsidiar el alquiler de viviendas a personas de escasos recursos económicos.
Gil Enseñat no proveyó estadísticas sobre las ayudas que se habían otorgado hasta el momento. Mencionó que, previo a María, la Administración de Vivienda Pública tenía cerca de 1,500 unidades disponibles, y alrededor de 800 ya están ocupadas.
El Departamento de la Vivienda anunció desde finales de octubre que iniciaría el programa Tu Hogar Renace con fondos de FEMA para hacer reparaciones menores, como el reemplazo de puertas y ventanas, y corregir filtraciones, de manera que la residencia sea funcional. Esperan impactar 75,000 unidades de vivienda, y cada una tendrá un tope de $20,000 en las ayudas. Pero esta iniciativa aún no ha comenzado, pues alegadamente la agencia sometió a competencia a los contratistas que se encargarán de las obras, y los contratos no han sido adjudicados. Leticia Jover, portavoz de Vivienda, dijo que esperan tener el programa “activo” a finales de diciembre o principios de enero.
Además de los programas que maneja el gobierno de la Isla, FEMA administra algunas iniciativas dirigidas a proveer un techo temporero a los damnificados mientras culminan las obras para restaurar o reconstruir las estructuras impactadas. Entre esas alternativas, está el programa de los “techos azules”, a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, mediante el cual se habían instalado el mes pasado 14,779 toldos alrededor del país.
Igualmente, está disponible el programa de alojamiento transitorio mediante el cual los refugiados pueden cualificar para hospedarse en hoteles o moteles en Puerto Rico o Estados Unidos. En la actualidad, la isla carece de suficientes habitaciones disponibles, así que gran parte de las personas que han solicitado esta ayuda se encuentran en otras jurisdicciones estadounidenses.
Datos de FEMA indican que, al finalizar noviembre, había 1,758 unidades familiares -equivalentes a 4,597 personas- hospedadas principalmente en Puerto Rico, Florida, Texas, Massachusetts, y en Nueva York.
Alejandro de la Campa, director de FEMA en Puerto Rico y el Caribe, destacó igualmente que la agencia federal provee recursos para alquilar viviendas desocupadas que permitan reubicar temporeramente a los refugiados, e identifica y repara propiedades multifamiliares para establecer en ellas a los damnificados. Además, provee asistencia financiera para atender necesidades de vivienda. El funcionario recalcó que quienes tengan propiedades disponibles, que puedan utilizarse con esos fines, pueden comunicarse al 202-705-9140.
“Es todo voluntario. Uno no puede obligar a una persona a que se relocalice. Es un reto que siempre tenemos porque, si en un terreno vivieron los abuelos, la familia, sabemos que culturalmente es un reto. Tratamos de trabajar con el gobierno de Puerto Rico, tratamos que las personas entiendan que es la forma más efectiva de poder vivir en un lugar más seguro, más tranquilo y construido a código (de construcción)”, enfatizó De la Campa.
La vivienda digna es un asunto de derechos humanos
Liza Gallardo, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Puerto Rico, advirtió que atender las necesidades de vivienda de las personas desplazadas por un desastre natural es un proceso a largo plazo, que debe tener como norte identificar un lugar salubre, seguro y digno.
Las gestiones para cumplir con ese objetivo, resaltó Gallardo, deben incluir la participación activa de los afectados en la toma de decisiones, deben evitar la separación de la familia y la ruptura del “hilo social” comunitario, y deben tomar en cuenta las economías locales para que las personas reubicadas puedan tener medios para ganarse la vida.
“El Estado puede proveer una vivienda, pero no es adecuada si no puedes trabajar cerca, si no puedes llevar a tus niños y niñas a la escuela, no es adecuada sin un sistema pluvial de alcantarillado, tu vivienda no es adecuada si no puedes poner sistema de electricidad. Esos son otros elementos que permiten que tu vivienda sea digna”, subrayó.
“Hay un punto importante y es que el Estado sea cauteloso en no convertir este proceso de construcción en una oportunidad para que se enriquezcan algunas personas. Aquí la prioridad tiene que ser hacer esta reconstrucción tomando en cuenta los derechos humanos”, puntualizó Gallardo.
Esta historia fue posible como parte de una colaboración con Futuro Media Group respaldada por la Ford Foundation.
Para ver la versión original de esta historia, acceda a www.periodismoinvestigativo.com
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