La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó hoy, a viva voz, el P.C. 335 que busca establecer la “Carta de Derechos de la Comunidad Escolar Sorda en Puerto Rico“.
La medida, de la autoría de María Milagros Charbonier Laureano, dispone sobre los derechos y beneficios de la comunidad ante la sociedad puertorriqueña.
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Entre los objetivos del proyecto de ley se encuentra “garantizar el acceso oportuno a la educación a las personas sordas, en la modalidad que hayan escogido libremente”.
Asimismo, busca garantizar que las personas sordas “participen en los servicios educativos que favorezcan mejor su condición y desarrollo con el apoyo profesional y ayudas técnicas requeridas. Promover la formulación de programas que atiendan las necesidades educativas de las personas con sordera. Garantizar que las personas sordas alcancen su máximo desarrollo y su plena participación social”.
Según el Artículo 4 de la medida, se le reconocerá “el derecho de libre opción de las personas sordas al aprendizaje del lenguaje oral y utilización de los medios de apoyo a la comunicación oral, así como el aprendizaje, conocimiento y uso del lenguaje de señas”.
Además, el Departamento de Educación tendrá que disponer todo lo necesario para facilitar el aprendizaje del lenguaje oral y de señas que requiera el estudiante.
“Las autoridades educativas, las universidades públicas y privadas y las entidades asociativas, fomentarán la creación de carreras técnicas y profesionales; así como cursos de capacitación para el personal que atiende a las personas sordas. Deberán incluir en su currículo cursos de lenguaje de señas y de estrategias para el aprendizaje del lenguaje oral y uso de las ayudas técnicas”, se desprende de la medida.
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Asimismo, las agencias del gobierno quedan “obligadas” a prestar recursos humanos, técnico y económicos para hacer valer la Carta de Derechos.
Las autoridades educativas, también, tendrán que promover planes y programas de formación para los docentes que atiendan a los alumnos sordos.
El P.C. 335 fue radicado el 3 de enero de este año y pasará al Senado para su discusión.
De aprobarse y ser firmada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, toda institución pública o privada sujeta a estas disposiciones tendrán tres años para comenzar la prestación de los servicios.
