Varios profesores de dos facultades de Derecho en San Juan manifestaron sus inquietudes y preocupación por los proyectos de reforma del sistema de procesamiento y reclusión juvenil.
Los proyectos de la Cámara 1035 y 1036 pretenden cambios sustanciales al sistema de justicia juvenil en la Isla y derogar la Ley 88 de 9 de julio de 1986 (Ley de Menores”.
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Estos emitieron una declaración conjunta.
“Solicitamos al gobernador (Ricardo Rosselló Nevares) que no apruebe estos proyectos mediante su firma. Después de todo, lo que está en juego es el futuro mismo de nuestro país: nuestros niños y niñas. Estos ciudadanos tan vulnerables lo que necesitan es que el Estado, en lugar de darlos por perdidos, asuma la responsabilidad de atender sus necesidades”, expresó el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Julio Fontanet.
Otros que suscribieron la declaración Dora Nevares, de la Universidad Interamericana y Oscar Miranda Miller e Iris Rosario, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
“Nos oponemos a los proyectos porque desconocen la publicación por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos de un importante grupo de casos que han dado cuenta sobre una realidad innegable: que los menores son sujeto de derecho distintos a los adultos, que estos no pueden motivarse por una norma penal de la misma forma que un adulto, puesto que son inmaduros, están sujeto a muchas presiones por parte de sus pares y porque son incapaces de hacer una análisis sobre las consecuencias de las conductas antijurídicas en las que incurren”, precisó Fontanet.
El grupo de profesores enumeró ocho razones que demuestran que estos proyectos no se deben aprobar.
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Según el análisis de los profesores de Derecho penal, los proyectos disminuirían la edad para que más menores sean juzgados como adultos, se extendería la cantidad de delitos que pueden ser catalogados como la peor falta que puede cometer un menor y se ampliaría la pena, además, aumentaría las penas que no deberían catalogarse como graves.
Igualmente se quebraría el manto de confidencialidad de los procedimientos de menores, se limitaría el procedimiento de desvío para que el menor pueda recibir tratamiento, disminuiría la posibilidad de que puedan haber procesos de mediación, se impondría a los menores la pena especial que ya se impone en los tribunales para adultos y es muy cuestionable y se le otorgaría al Estado la posibilidad de ampliar el periodo de tiempo para llevar a acabo procedimientos, aun cuando los menores estén ya en instituciones juveniles.
Los declarantes exhortaron a las cámaras legislativas a que, antes de aprobar proyectos de tanta envergadura y trascendencia como pueden ser los que pretenden hacer cambios al sistema de justicia juvenil, se den a la tarea de hacer investigaciones más profundas y sobre todo, que no dejen de tomar en cuenta lo que declara la Corte Suprema de Estados Unidos a estos fines.
Los abogados recomendaron crear un Comité Interdisciplinario que reúna diferentes profesionales que puedan hacer un verdadero análisis que aporte los cambios que beneficien a nuestros niños y jóvenes.
