Mientras negó que haya división en el liderato de Puerto Rico por los mecanismos utilizados para combatir la reforma contributiva federal, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares llamó a centrar la lucha contra el Congreso, quienes están legislando la medida.
“Mas que una cuestión con distintos compañeros aquí, mi llamado y mi pelea es con el Congreso. Cómo ustedes (en referencia a los congresistas) van a hacer una Junta de Supervisión Fiscal hace poco más de un año solicitando que Puerto Rico tenga desarrollo económico, solicitando que podamos cuadrar la caja y después vengan con una medida que no tiene impacto, o tiene impacto muy pequeño fiscal, que nos quita recaudos y nos quita la habilidad de desarrollarnos económicamente”, expresó Rosselló. Sus expresiones surgen en reacción a que la comisionada residente, Jenniffer González, cabildea a favor de que la isla sea incluida como jurisdicción doméstica, lo que podría representar el pago de contribuciones federales.
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Sobre las gestiones de González, el primer ejecutivo sostuvo que “mi posición es bien clara, hay una serie de incentivos que ella ha circulado y favorezco los incentivos, pero segundo, yo no creo que aquí se debe dar un trato diferente o especial a Puerto Rico”. A juicio de Rosselló, los incentivos presentados no son suficientes para balancear lo que sería la pérdida en recaudos.
“La Comisionada residente y yo tenemos el mismo objetivo, y el presidente del Senado y la Cámara y los alcaldes, es tener igualdad y poner a Puerto Rico en una posición de progreso. En términos de los mecanismos de cómo se llega seguro que sí (hay diferencias)”, justificó el mandatario.
Hizo un llamado a que “en vez de tratar de buscar una controversia a nivel local donde no la hay, la controversia es con el Congreso, que tiene una responsabilidad de actuar”.
El gobernador viajará el domingo nuevamente a Washington, donde realizará varias paradas que según indicó están “dirigidas a trabajar los asuntos importantes de la reforma contributiva, saben mi posición que sea trato igual en el sistema territorial, eso significa que no nos imponen las mismas tasas que le impondrían a las corporaciones foráneas”.
“Si nosotros no recibimos igual remuneración en programas federales porqué vamos a estar solicitando que se pague lo mismo en contribuciones”, cuestionó Rosselló. Según el primer ejecutivo, de aprobarse esta medida implica que se ponga en peligro 243 mil empleos, el 42 % de la economía, el 70 % de los recaudos contributivos en Puerto Rico, y el 30 % de los recaudos generales del gobierno.
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Alcaldes se unen al gobernador
El presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina, aseguró que “estamos a tono con la posición del gobernador y nosotros por lo menos yo soy estadista y yo lo que quiero es que la estadidad y los beneficios de la estadidad lleguen”.
Las expresiones de Molina se dan en la conferencia de prensa donde el gobernador anunció un Fondo de Recuperación Municipal en el que repartirán 100 millones de dólares entre los ayuntamientos tras el huracán María.
Los miembros de la Junta Directiva de la Federación se reunieron con el mandatario ayer para también discutir los retos que enfrenta Puerto Rico ante la discusión de la reforma contributiva federal y advertir al Congreso sobre el impacto que tendría esta medida en la economía de la Isla.
