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Congresistas urgen paridad de fondos en Medicaid para Puerto Rico

Doce senadores firmaron una carta en la piden al Congreso paridad de fondos para la Isla lo antes posible

National Capitol Washington DC, United States landmark. National Capitol building with US flag. (Marek SLUSARCZYK/Getty Images/iStockphoto)

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Ante la complicada situación que vive Puerto Rico y los retos que asoman respecto a la salud pública, 12 senadores demócratas del Congreso de Estados Unidos firmaron ayer una carta enviada a los líderes de la mayoría y minoría, en la que urgen al Congreso otorgar paridad de fondos en Medicaid para la Isla, al menos de forma temporera.

“Es imperativo que los residentes de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos también mantengan acceso a la cobertura y los servicios de Medicaid”, afirmó el grupo en la misiva.

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“Nuestros compatriotas estadounidenses en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos están en su momento de mayor necesidad, a medida que se recuperan de la devastación causada por los huracanes Irma y María”, añaden.

La carta enviada al republicano Mitch McConnell, presidente del Senado, y al demócrata Chuck Schumer, líder de la minoría, fue firmada por los senadores demócratas Robert Menendez (Nueva Jersey), Kirsten Gillibrand (Nueva York), Elizabeth Warren (Massachusetts), Benjamin Cardin (Maryland), Patricia Murray (estado de Washington), Richard Blumenthal (Connecticut), entre otros.

“El Congreso también debe eliminar el límite de los fondos de Medicaid para los territorios con el fin de proporcionar a las islas el alivio necesario para recuperarse”, añade el grupo de senadores.

Los senadores señalan que entre “los muchos desafíos” que enfrentan los territorios se encuentran las preocupaciones médicas y de salud pública que van desde el control de afecciones crónicas, la prevención de la propagación de enfermedades y el apoyo a personas con problemas de salud mental, como la depresión y el trastorno de estrés postraumático.

“A medida que el Congreso continúa considerando legislación para desastres en áreas afectadas por desastres en 2017, escribimos para instar a su apoyo a políticas que refuercen los programas de Medicaid de los territorios y garanticen que los afectados por los huracanes Irma y María tengan acceso a la cobertura de salud necesitan”, lee la carta.

El grupo de congresistas reiteró que Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos han experimentado disparidades en el financiamiento de Medicaid en comparación con los 50 estados y Washington D.C. Los senadores explican que en los estados los fondos federales son abiertos, es decir, que la contribución federal varía del 50% para los estados más ricos al 83% para los estados más pobres.

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Sin embargo, en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes de Estados Unidos el financiamiento federal de Medicaid tiene un tope y la contribución federal se establece legalmente en un 55%, “muy por debajo de la tasa que la isla recibiría si su tasa se calculara de la misma manera que en los estados. Esto ha llevado a desafíos de financiación y deficiencias que solo han sido exacerbadas”, apuntó el grupo en la carta.

La Cámara de Representantes federal aprobó a principios de noviembre la asignación de $1,000 millones de Medicaid para Puerto Rico, acción que si se repitiera en el Senado permitirá prácticamente salvar el programa de Medicaid en la Isla y el plan médico de cientos de miles de ciudadanos, al menos hasta 2019.

El HR 3922, conocido como Championing Healthy Kids Act, es una de las mayores apuestas de la comisionada residente en Washington, Jennifer González-Colón. El proyecto reautoriza el State Children’s Health Insurance Program (CHIP, por sus siglas en inglés) por 5 años e incluye, entre otras disposiciones, la asignación de $1,000 millones para el programa de Medicaid en Puerto Rico. Sin embargo, se encuentra detenido en el Senado. Anteriormente, en mayo el Congreso aprobó unos $300 millones para Medicaid en la Isla, lo que representó un alivio para el sistema de salud, aunque la cantidad se encuentra aún lejos de los alrededor de $900 millones necesarios para que el sistema opere sin problemas al menos hasta el 2019.

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