La directora de la Oficina de Etica Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, confirmó hoy que investiga al exdirector del Sistema de Emergencias 9-1-1 para determinar si en efecto solicitó $460 de 11 empleados y un contratista para devolver unos $6,000, que debió pagar de su propio peculio.
La OEG le había exigido el pasado 14 de noviembre a Torres Calderón, aún director, que devolviera de su propio peculio el salario devengado de una empleada porque ese nombramiento se hizo de manera ilegal.
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Torres Calderón debió consultar dicho nombramiento pues la empleada contratada, Quetsy Báez Vega, era la hija de la directora de Administración, Quetsy Vega García, esta última también nombrada por Torres Calderón al puesto en febrero.
Sin embargo, fue mucho tiempo después de que se hiciera el nombramiento de la hija de su administradora que Torres Calderón decidió consultar a la OEG.
La empleada trabajó como telecomunicadora I del 5 de mayo al 15 de agosto. El nombramiento se declaró nulo el 8 de agosto. La OEG determinó que el nombramiento violó los reglamentos y fue declarado nulo ab inicio, por tanto, Torres Calderón debía devolver el salario.
INS supo que la defensa de Torres Calderón es que no sabía que era la hija de su jefa de Administración, aunque ambas llevan el mismo nombre.
La agencia Inter News Service (INS) publicó estos sucesos y su desenlace. Pero las fuentes de INS aseguran además que Torres Calderón le exigió a 11 empleados de su círculo íntimo y a un contratista que le dieran $460 cada uno para él pagar la deuda de casi $6,000. Este dinero, según un informante de INS, se los devolvió Torres Calderón a sus empleados luego que INS publicara una nota sobre el asunto hace una semana.
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Rosario aclaró hoy en entrevista con la prensa luego de una vista con legisladores, que no hubo una querella para iniciar la investigación inicial contra Torres Calderón.
“No hay querellas, lo que sucedió es que el entonces director del 9-1-1 solicitó una consulta a la Oficina sobre el nombramiento de una empleada que quería traer. La Oficina (la OEG) tenía que intervenir porque esa empleada tenía una relación de parentesco con otra empleado del 9-1-1, así que tiene que pedir autorización de la Oficina y justificar el por qué esa persona es la idónea, teniendo un pariente trabajando allí”, señaló.
Es durante ese proceso de evaluación que la OEG se percató de que ya Torres Calderón había hecho el nombramiento “sin la autorización de la Oficina (de Etica Gubernamental), así que activamos uno de los artículos de la ley, que nos da la potestad de declarar nulo ab initio el nombramiento y exigir la restitución de todos los fondos que fueron erogados como secuencia de ese nombramiento”, agregó Rosario, quien es abogada.
Según supo la directora de Etica, Torres Calderón le certificó a la OEG que repuso el dinero exigido. No obstante, la OEG lo está corroborando.
Lo que está “fresquecito”, como dijera la propia Rosario, es la investigación sobre la información publicada en exclusiva por INS el pasado 30 de noviembre. El pasado viernes, al leer la nota de INS, la jefa de ética ordenó que se investigue las alegaciones de las fuentes de INS.
“Con relación a Torres Calderón hubo unas imputaciones que salieron en los medios de que hubo algún tipo de solicitud de dinero, alegadamente, a sus empleados. Y eso sí está en el proceso de investigación. Esa parte de esta situación esta siendo investigada por la Oficina”, señaló a la prensa hoy.
“Leímos un articulo publicado (el de INS) donde hace una relación de unas supuestas exigencias de dinero a los empleados para sufragar la devolución del dinero que erogó el nombramiento, porque eso tenía que venir de su bolsillo, ni siquiera de la empleada, de su bolsillo, porque la autoridad nominadora es la quien tiene la autoridad”, reiteró Rosario.
“Nunca nos imaginamos que una situación que se manejó como una consulta llegara a estos extremos, pero así es la vida, nosotros estamos curados de espanto”, manifestó.
Si bien Rosario tiene “un correo electrónico de él (Torres Calderón) dirigido al área de asesoramiento, que él repuso el dinero, ahora lo que queremos es la corroboración. De dónde provino ese dinero, yo no lo sé. Esos son otros asuntos. Esa parte está bajo investigación”, afirmó.
“Esa es la parte que ahora estamos investigando. Eso está fresquecito. No tenemos que hacer referidos (a Justicia). Nosotros somos la única agencia que combate la corrupción que podemos procesar, somos cuasijudicial. Una vez el área de investigación concluye la misma y determina que en efecto hay violaciones a la ley de ética, procede a la radicación de una querella dentro de la misma oficina y eso lo manejan los oficiales examinadores de la oficina”, señaló.
El artículo 4.2 (Prohibiciones éticas de carácter general) de la Ley de Etica prohíbe en su sección (g) que un servidor público intervenga en cualquier asunto en el que tenga un conflicto de intereses que resulte en la obtención de un beneficio para él.
En su sección (c) no se permite al empleado público obtener beneficios como pagos por realizar los deberes y las responsabilidades de su empleo que resulte en la obtención de un beneficio para él.
Mientras, en la sección (b) se determina que un empleado público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo para obtener cualquier beneficio que no esté permitido por ley.
Las violaciones a los apartados (b) y (c) son graves, que conllevan penas mandatarias de reclusión de cuatro años y 8 años, respectivamente, multas y restitución, y no tienen derecho a sentencia suspendida.
