Insisten en eliminar el uso del gilfosato en la propiedad pública

Juan Dalmau Ramírez, senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), insistió hoy en que la Asamblea Legislativa debe prohibir el uso del glifosato en cualquier propiedad pública y que le debe imponer el límite de 500 acres a terrenos de las multinacionales de semillas transgénicas.

El glifosato es considerado un peligroso herbicida.

“Diversos países han prohibido el glifosato luego de que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, entidad francesa adscrita a la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificara en el 2015 el glifosato como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”. Por ejemplo, en Francia está prohibida la fumigación con glifosato en espacios abiertos al público desde enero de 2017. Puerto Rico debe dar un paso hacia la protección de la salud de nuestra gente y del ambiente en general”, sostuvo Dalmau en declaraciones escritas.

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Por tal razón, Dalmau presentó el Proyecto del Senado 130, para prohibir el “uso del glifosato en el desyerbado de autopistas, carreteras, avenidas, calles y caminos estatales o municipales, canales de riego y cualquier propiedad pública”. 

La Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, que preside el doctor Carlos Rodríguez Mateo, sometió un Informe Positivo con la aprobación del proyecto, pero fue devuelto a Comisión en espera de opinión de Departamento de Agricultura que fue citado varias veces y no compareció, aseguró Dalmau.

La exposición de motivos del PS 130 explica que en la Universidad de Caen en Francia se realizaron estudios donde se advirtió que aun en dosis inferiores a las usadas en la agricultura, el glifosato comercial estimula la muerte de las células de embriones humanos, lo que podría provocar malformaciones, abortos, problemas genitales o de reproducción y cáncer.

Por otro lado, el legislador del PIP también hizo un llamado a evaluar las ejecutorias de las empresas multinacionales que se dedican a la producción de semillas transgénicas en el país.

“Presenté el Proyecto del Senado 441 y la Resolución del Senado 245 para revisar el control de terrenos agrícolas y los privilegios contributivos otorgados a estas empresas. Recientemente México revocó el permiso a la empresa Monsanto para vender la soya transgénica en siete estados de ese país. El huracán María reafirmó la urgencia real de confeccionar un Plan Nacional de Soberanía Alimentaria donde podamos aumentar y consolidar la producción local de alimentos. Y proteger al agricultor local. Los productos que desarrollan las empresas multinacionales transgénicas en Puerto Rico no son parte de la canasta básica de alimentos en nuestra isla. Si queremos transformar nuestro sistema agrícola, hay que comenzar por proteger los productos locales, los pequeños agricultores, apoyar el desarrollo de la agricultura sustentable y orgánica”, concluyó.