Como un intento de suprimir la libertad de expresión, así fue catalogada una legislación que persigue añadir la difamación al delito de intrusión en la tranquilidad personal.
El proyecto de la Cámara 63, aprobado en ese cuerpo y que va rumbo al Senado, fue presentado el 2 de enero y busca que se considere como delito el hecho que una persona que por cualquier medio, incluyendo en sitios de Internet, “publique intencionalmente y a sabiendas información falsa y difamatoria sobre otra persona”.
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El presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Torres, criticó que es una legislación innecesaria pues ya existe la tipificación de delito de calumnia en el plano civil y libelo en el ámbito criminal.
“Todo apunta a que es un intento más de callas las voces de protesta. Además de que una denuncia de una actividad ilegal podría ser procesada como delito”, dijo a Metro el presidente del Colegio, quien señaló que la medida presentada desde el 2 de enero “se presta para interferir con la libertad de expresión”.
Torres expuso que la pieza legislativa tiene rasgos inconstitucionales en su aplicación. Esto, pese a que fue avalada por el Departamento de Justicia luego de recomendar unas enmiendas, entre ellas, una para aumentar la pena.
El proyecto establece que de violar esta ley se incurrirá en delito menos grave, sin embargo, se añade una pena de reclusión de tres años si se produce un patrón de conducta. Ante preguntas de Metro sobre si es punitivo, el presidente del gremio detalló que “es punitivo en cualquier modalidad, sea un dólar de multa o tres años de cárcel, porque se está criminalizando la libre expresión”.
Por su parte, el catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Efrén Rivera Ramos, destacó que “el nuevo lenguaje suscita problemas constitucionales. Usa términos ambiguos, susceptibles de múltiples interpretaciones. Su contenido puede incluir expresiones protegidas por la libertad de expresión”.
“Puede tener un efecto inhibitorio que desaliente la expresión perfectamente amparada por la garantía de la libertad de expresión de la Constitución. No contiene criterios claros sobre lo que constituye ‘información falsa’ o ‘difamatoria’”, añadió el analista en derecho.
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Atenta contra libertad de prensa
El presidente a la Overseas Press Club, Ángel Rodríguez, señaló que aunque de primera instancia no se opone a rechazar la difamación, levantó bandera sobre varios aspectos del proyecto.
Entre ellos, la pieza define la “información difamatoria” como “información que tienda a desacreditar y afectar la reputación de la persona a la que se refiere”. En ese sentido, discrepó de esa definición al sostener que “si uno como periodista publica una información cierta, pero que desacredita o afecta la reputación de una persona, ¿entonces la estoy difamando? Me preocupa esa definición”.
Rodríguez coincidió con Torres en que ya existen mecanismos para denunciar la difamación.
