A 48 días desde que el huracán María azotó a Puerto Rico, aún hay sobre 2,800 personas que perdieron todo albergadas en los 62 refugios alrededor del país.
De estas estructuras, 45 son escuelas públicas habilitadas como refugios, lo que se ha convertido en una preocupación para padres de estudiantes que aún no comienzan sus clases en esos planteles y parecen no tener fecha puesto que dependen de la salida o relocalización de los damnificados por el huracán en otros centros.
A pesar de múltiples gestiones que han hecho los padres de la escuela Eloísa Pascual en Caguas, conocida como Bairoa III, la agencias del gobierno parecen no darle una solución. “Ha sido bien drenante. Cada día son cuatro a cinco gestiones distintas y una (dependencia) nos dice que es la otra”, dijo Janelly Marcano, madre de un estudiante de cuarto año de esa escuela, que aseguró ha hecho gestiones en el municipio de Caguas, en el Departamento de Educación y en el Departamento de la Vivienda, sin embargo, ninguna agencia parece tener la solución. Mientras, Aimé Cora, madre de otro alumno, expuso que “nos ha dado un poco de ansiedad porque ya estamos en noviembre”.
Marcano explicó a Metro que sugirieron mover los refugiados a una escuela en desuso, a centros comunales u ofrecerles vivienda pública, sin embargo ninguna de las alternativas se ha concretado al momento por lo que permanecen 23 personas en ese plantel que tiene unos 500 estudiantes y está preparado con salones contenidos para acoger estudiantes con necesidades especiales.
Al igual que la escuela en Caguas, Metro supo que casos similares se registran en la escuela vocacional de Canóvanas, William Rivera Betancourt, y en la escuela superior José Emilio Lugo, de Adjuntas, la única en ese municipio.
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En ambos planteles Vivienda aún no ha trasladado a los refugiados, mientras crece la ansiedad de los alumnos por comenzar sus clases. De hecho, en la escuela canovanense los alumnos y padres han realizado protestas para comenzar sus clases.
Educación trabaja alternativas
La secretaria Julia Keleher expresó que “estamos consientes de las necesidades de los refugiados. Estoy clara en que Vivienda está haciendo el trabajo con la mayor flexibilidad posible, sin afectar las necesidades de los refugiados, para liberar las escuelas”. Una de las posibilidades, en caso de que se extienda el proceso, podrían reubicar a los alumnos en otras escuelas.
Mientras, el jefe de Seguridad en Educación, César González Cordero, quien funge como enlace entre el DE y Vivienda, explicó que Vivienda les solicitó las escuelas en desuso para habilitarlas como refugios, pero queda ahora en manos de Vivienda ese proceso. González Cordero dijo que también han hablado con alcaldes para pedirles instalaciones municipales que puedan funcionar como hospedajes.
Metro intentó comunicarse con el Departamento de la Vivienda, pero al cierre de esta edición no estuvo disponible para responder qué gestiones están realizando para mover a los damnificados por el huracán.