El libreto está montado, solo queda ver si tiene los resultados esperados por el Congreso de los Estados Unidos: imponer mayor control sobre los fondos de revitalización luego del golpe del huracán María
Esta, según el abogado y analista político Phillip Escoriaza, es la intención del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja nacional, grupo que citó a una audiencia el próximo martes al director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Ricardo Ramos. Los congresistas, además, solicitaron la comparecencia de los alcaldes Carmen Yulín Cruz, de San Juan, Ángel Pérez, de Guaynabo, así como a Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF) y Noel Zamot, recién nombrado administrador de emergencia de la corporación pública.
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De acuerdo a la agenda creada por el Congreso, en la primera parte de la vista depondrán los miembros de la JCF y en la segunda los agentes del gobierno de Puerto Rico. Según Escoriaza, la idea es contrastar las acciones del ente fiscal y la preparación de Zamot con la administración fallida de Ramos en la AEE.
“El movimiento del Congreso es para darle a la JCF la jurisdicción inicial sobre todos los fondos de ayuda de recuperación que vienen a Puerto Rico. Yo pienso que ese será el resultado de todo este fiasco que vamos a ver el martes”, expresó el también profesor.
De hecho, Escoriaza apunto´ que la pasada reunión de la JCF, celebrada el martes 31 de octubre, es un preámbulo de lo que quiere lograr el ente que dirige al país, en términos del manejo de los fondos de recuperación.
Puntos que tendrá que defender Ramos según el profesor:
- Un contrato de $300 millones sin competencia, evaluación profunda o rendir explicaciones a Fortaleza
- Las credenciales de Whitefish Energy
- Las ilegalidades en el lenguaje del contrato entre Whitefish Energy y AEE
- Contradicciones en su discurso
“La JCF aprobó una resolución que dicta que todo contrato de $10 millones tiene que ser aprobado por ellos. Pero lo que la gente no miró es que tiene una segunda parte: los miembros de la Junta se reservaron el derecho de examinar cualquier contrato del gobierno de Puerto Rico”, destacó Escoriaza.
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Asimismo, que no haya ningún representante del gobierno central en la agenda, agregó Escoriaza, “te da un indicio de por dónde viene el interés de estos congresistas, que es explotar políticamente y para los medios todas las irregularidades que están asociadas con el contrato a Whitefish Energy”.
Las preguntas de los congresistas, de acuerdo al abogado, podrían provocar –si no logra defenderse– la salida de Ramos de la AEE.
Yulín dice que no asistirá
Aunque la semana pasada la alcaldesa capitalina se quejó porque el Congreso suspendió una vista en la que hablaría sobre la situación de Puerto Rico, ayer dijo a los medios que no asistirá el próximo martes a deponer.
Y es que, sentenció, “mi trabajo está en San Juan, el mensaje que yo quería llevar a Washington lo llevé la semana pasada”.
La alcaldesa comentó que en días pasados pidió al Congreso la eliminación de las Leyes de Cabotaje por cuatro años, un rescate para la isla que no sea un préstamo, la devolución de los $30 millones que la administración de Ricardo Rosselló quitó a los municipios y una exención al Stafford Act, por el cual se dirige FEMA.
