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Asamblea Municipal SJ respalda ideas de Yulín presentadas en EEUU

Exigen que la Junta de Control Fiscal devuelva los $350 millones que les redujo el gobierno a los municipios

La Asamblea Municipal respaldó una resolución para respaldar las iniciativas que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, ha impulsado en Washington con el propósito de reconstruir un mejor Puerto Rico tras el embate hace 45 días del huracán María, que dejó a miles sin hogares y el colapso de la infraestructura eléctrica.

La resolución de la Asamblea Municipal, que preside Marco A. Rigau, acogió un plan de la alcaldesa de 9 puntos que propenden a dar solución a problemas puntuales que afectan a Puerto Rico, como la articulación de un plan comprensivo que tome en consideración la realidad de que los municipios son la primera línea de defensa que tiene los ciudadanos, “especialmente cuando se están desarrollando crisis humanitarias y de salubridad”.

El plan debe incluir áreas tan diversas como educación, energía, salud y desarrollo económico, entre otros.

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Además, se insistió en la necesitamos que la junta de control fiscal impuesta por Washington en virtud de la legislación federal Promesa devuelva los 350 millones de dólares que les quitó a los municipios para pagarle a los bonistas.

Ese dinero, se indicó, se podría utilizar para ayudar a quienes necesitan servicios básicos, aparte que de no producirse su devolución se espera que desaparezcan por lo menos 50 municipios en 2018, dejando una gran cantidad de ciudadanos sin acceso a los servicios esenciales.

La resolución de la Asamblea Municipal de San Juan, en contra de la cual votó la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), propone una moratoria de al menos tres años para que los municipios paguen ciertos préstamos para de este modo aumentar el flujo de efectivo en caja, necesario para proveer los servicios básicos a la ciudadanía.

Tal como ha reclamado la alcaldesa Cruz Soto, también se solicitó que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que preside Christian Sobrino, reembolse a los municipios “el dinero en efectivo que ha mantenido secuestrado y que es utilizado en la transacción para saldar su deuda con los bonistas”.

Otro reclamo, el cual corresponde poner en marcha al presidente estadounidense Donald J. Trump, es eximir a Puerto Rico de la Ley Jones por los próximos cuatro años para recibir ayuda humanitaria.

Igualmente, como ha reiterado la alcaldesa de San Juan, se peticiona que la deuda pública de Puerto Rico, ascendente a más de 70 mil millones de dólares, se condone o perdone, y de no ejecutarse este mecanismo, que los pagos de la deuda se suspendan por los próximos 10 años para en ese periodo reactivar la ya agonizante economía puertorriqueña.

“Aunque agradecemos grandemente el préstamo de 4.900 millones de dólares que el Congreso de Estados Unidos  otorgó a Puerto Rico, este debe convertirse en una donación (puesto que) uno no puede quejarse de una deuda de 72 mil millones de dólares y después “ayudar” a aumentarla con un préstamo”, estableció la Asamblea Municipal de San Juan.

Adujo que una porción del préstamo/donación debe ser enviado directamente a los municipios, los cuales también han compartido la carga del estancamiento de la economía del país.

“La justicia debe prevalecer y nosotros debemos recibir la paridad en los fondos de Medicare; nosotros pagamos lo mismo (que los ciudadanos en Estados Unidos) así que debemos de recibir los mismos beneficios”, expresó la resolución.

La Asamblea Municipal capitalina reclamó, además, un esfuerzo inmediato para lograr que las escuelas y los hospitales usen energía solar, de manera que sean funcionales y no dependan de cuándo o cómo se restablezca la infraestructura eléctrica.

“Tenemos que revitalizar nuestra economía y reconocer el derecho de los puertorriqueños a entrar en acuerdos comerciales con otros países”, planteó el documento propuesto por la alcaldesa Cruz Soto y sancionado por los asambleístas municipales.

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