HOUSTON — Una niña mexicana con parálisis cerebral que vive en Estados Unidos sin autorización legal desde hace una década, podría ser deportada después de pasar por un puesto de control fronterizo en Texas para que le realizaran una operación de emergencia de la vesícula, dijo el jueves un abogado de su familia.
Activistas están protestando por el caso de Rosa María Hernández, de 10 años, y dicen que la Patrulla Fronteriza debería de usar su criterio en casos de menores enfermos que viven sin autorización en el país pero que necesitan tratamiento médico.
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Leticia González, abogada de la familia Hernández, dijo el jueves que Rosa María fue llevada, junto con un primo, de la ciudad fronteriza de Laredo a un hospital de niños de Corpus Christi, a unas 150 millas (240 kilómetros) de allí. Para eso, tuvieron pasar por uno de varios puntos de control de la Patrulla Fronteriza en el sur de Texas, al norte de la frontera con México.
González dijo que agentes fronterizos la dejaron pasar a ella y su primo, pero siguieron al vehículo del hospital que los llevaba. En el nosocomio, los agentes montaron guardia y no permitieron que un familiar de la menor cerrara la puerta de su cuarto para que ellos pudieran vigilarla, agregó la abogada. Después de la operación, los agentes estaban listos para escoltar a la niña a un centro de detención para menores no acompañados, ubicado a 225 kilómetros (140 millas), en San Antonio.
Rosa María está detenida allí de manera indefinida, agregó la abogada. Aun cuando fuera eventualmente entregada a un tutor autorizado por el Departamento de Salud, su caso será procesado y podría ser deportada. González dijo que podrían pasar semanas antes de que ella salga en libertad.
“Ellos simplemente no quieren que la niña se vaya a casa”, dijo la abogada.
En un comunicado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza confirmó que sus agentes escoltaron a Rosa María desde la caseta de control hasta el hospital. Dijo que los agentes “están comprometidos a aplicar las leyes de inmigración de este país”. El comunicado agregó que “una vez que la parte médica esté superada su caso será procesado conforme a la ley”.
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El Departamento de Salud, que supervisa los centros de detención para menores no acompañados que están en el país sin autorización, no contestaron a un mensaje que se les dejó en busca de comentarios.
González dijo que la menor “tiene dificultades para entender exactamente lo que está ocurriendo” y su desarrollo es como la de un niño de 4 o 5 años. Sus dos padres viven sin autorización en el país, a donde llegaron con Rosa María en el 2007, cuando la niña era una recién nacida, en parte en busca de un mejor tratamiento médico para su mal.
Los padres enviaron a su hija con su primo, quien es ciudadano estadounidense y podía pasar por el retén migratorio.
