El congresista estadounidense Sean Duffy, promotor de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés), creada para abordar la deuda de la isla, dijo hoy que esa norma puede sufrir modificaciones debido al huracán María.
Duffy, que visitó la isla junto a un grupo de congresistas para conocer de primera mano la situación provocada por el paso del huracán, apuntó la posibilidad de enmiendas dado el estado de las finanzas públicas locales, sin liquidez y con escasas posibilidades de recaudar impuestos dada la situación de emergencia de Puerto Rico.
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“Creo que tenemos que volver a evaluar la Ley Promesa tras los desastres que hemos visto”, señaló el congresista republicano, aunque sin entrar en detalles sobre qué modificaciones podrían introducirse.
Duffy sostuvo que los cambios también podrían afectar a la Junta de Control Fiscal (JCF), la entidad que establece Promesa y que se superpone al Ejecutivo local que lidera Ricardo Rosselló.
Matizó que, no obstante, la Junta de Control mantiene sus funciones sobre el asunto de la deuda pública.
En el asunto del desarrollo económico, dijo, sí que quizá deberá ser abordado de forma diferente dadas las circunstancias.
El huracán María destrozó las infraestructuras de la isla caribeña y causó daños que el gobernador señala podrían alcanzar los 90.000 millones de dólares, según estimaciones de terceros.
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El Congreso en Washington aprobó en junio de 2016 la Ley Promesa, norma que establece la Junta de Control, entidad de control al Ejecutivo local, además de la reestructuración de una deuda que ronda los 70.000 millones de dólares.
El Congreso estadounidense, ante la esperada batería de demandas por parte de los acreedores que se avecinaba, aprobó Promesa.
La norma fue aprobada después de que en agosto de 2015 el Gobierno que entonces lideraba Alejandro García Padilla incurriera en un primer impago a los acreedores, al que siguieron nuevos incumplimientos durante meses.
Puerto Rico no podía acogerse a la ley de bancarrota federal de EE.UU., lo que facilitó la aprobación de Promesa, una ley que incluye en su Título III un tipo de proceso de quiebra en el que está inmersa la isla.
El título III, un híbrido entre los capítulos 9 y 11 del Código de Quiebras de EE.UU., paraliza todas las demandas judiciales y, tras la presentación de reclamaciones de acreedores y objeciones del deudor -en este caso el Gobierno-, deja en manos de un tribunal las decisiones sobre el pago.
