Una protesta poco común sorprendió en horas de la noche de ayer a los turistas que caminaban por las calles del centro de Barcelona en Cataluña. La sorpresa de los peatones era evidente, ante el sonido que se escuchaba a lo largo de distintas avenidas y callejones, un ruido que provenía principalmente de los balcones de los edificios residenciales.
Asomados en sus apartamentos, catalanes hacían sonar ollas o sartenes con un cucharón, una manifestación en contra del encarcelamiento de Jordi Sanchez, de la Asamblea Nacional Catalana, y Jordi Cuixart, del grupo Ómnium Cultural, que se produjo minutos antes de que diera comienzo la protesta. Se trata de dos de los principales líderes de la lucha por la independencia catalana, que se encuentra en su momento de mayor tensión frente al gobierno español.
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En varios de esos balcones, colgaba la bandera de Cataluña. En la comunidad autónoma se respira un aire de tensión, pese a que en las calles todo aparenta transcurrir con total normalidad. Sergi Vega, un catalán residente de Barcelona, se unió de inmediato a la protesta y con una llave comenzó a hacer sonar un metal.
“Yo no soy un técnico jurista, no soy un entendido de las leyes, lo que sí veo es que hay una desproporción absoluta, digamos, del poder del estado con sus facultades respecto a un problema que en principio tendría que arreglarse políticamente”, manifestó el hombre de 47 años.
“Ellos (el gobierno español) están absolutamente cerrados a cualquier forma de diálogo”, afirmó el catalán a Metro. “Cataluña esta cada vez más intervenido por el estado español, esa es la realidad, es una situación que va empeorándose con los años”, añadió.
Pero en las calles de Barcelona, no todos están a favor del movimiento independentista.
“Desde mi punto de vista, intentaría un acuerdo, que se pongan de acuerdo las dos partes”, dijo Iñaqui Aldrei, de 27 años. El catalán favorece la unión de Cataluña con el resto de España, pero aclaró que “se puede estar unidos de muchas maneras”.
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La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ordenó el encarcelamiento de los líderes, a quienes se les imputa un delito de sedición, por alegadamente dirigir y alentar las manifestaciones del 20 y 21 de septiembre en Barcelona. Más de 40 mil personas marcharon para esas fechas, según reseñó El País, en contra de la detención de “11 altos cargos” que alegadamente se encargaban de la logística del referéndum ilegal del 1 de octubre, que finalmente se llevó a cabo. Los encarcelados anoche deberán estar presos, al menos hasta que culmine la investigación y se llegue a una determinación.
La jueza también determinó que el jefe de la policía regional de Cataluña, Josep Lluis Trapero, y su colega, la teniente Teresa Laplana, podían enfrentar su proceso en libertad bajo ciertas condiciones, como entregar sus pasaportes y presentarse en el tribunal cada dos semanas, según explicó Prensa Asociada.
Sánchez y Cuixart son los vocales más fuertes del movimiento independiza catalán, según explicó el profesor Ángel Rosa, quien se encontraba precisamente en Barcelona al momento de la manifestación.
“Les han acusado de un delito político muy poco utilizado ya en nuestro tiempo que es el delito de sedición, un delito que fundamentalmente es el de incitar a la separación política o al levantamiento político de alguna región, por lo tanto es una movida ya bastante arrojada del estado español”, dijo el experto en política exterior.
“Ante la petición del juzgado, de la fiscalía española que es el gobierno, lo que quiere decir es que ya no hay marcha atrás en la posibilidad de que se restaure el diálogo como había pedido el líder catalán, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y que ya el estado español este decidido a aplicarle la Constitución a Cataluña, es decir, este es el punto de no regreso de este movimiento”, añadió el profesor de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez.
El presidente de España, Mariano Rajoy, dio a Puigdemont hasta el jueves como segundo plazo, para que aclare si el pasado 10 de octubre declaró o no la independencia de Cataluña. De no hacerlo, el gobierno activará el artículo 155 de la Constitución, que establece que el gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a la Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso de sus obligaciones o para la protección del interés general del país.
