WASHINGTON — El exfiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo, quien encabeza un proceso en la OEA que busca evidencias de presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela, denunció el martes una campaña periodística contra él y esa Corte que beneficia al gobierno venezolano.
“Yo no sé si fue Venezuela responsable del ciberataque a nosotros, pero sí sé que están aprovechándolo”, dijo Moreno Ocampo a reporteros. “Hay una campaña periodística no solamente contra mí, hay una campaña periodística contra la Corte Penal Internacional, contra la fiscal” Fatou Bensouda, agregó.
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Moreno Ocampo se refería a reportes de prensa publicados este mes sobre funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) que presuntamente habían interactuado de manera indebida con él.
En la audiencia pública del martes en la OEA Moreno Ocampo afirmó que sigue participando en el proceso pero de forma inusual se sentó en la sección reservada al público y no en la mesa que preside la sesión. Tampoco había acudido a la sesión de la víspera.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, encomendó en julio a Moreno Ocampo diseñar un proceso para evaluar la posible existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, para lo cual Moreno reclutó a tres expertos.
“Sigo a disposición de ellos (los expertos) si necesitan cualquier ayuda mía. Ellos son tres súper expertos que van a ser los que lleven al tramo final de esta audiencia y ellos van a hacer el informe final”, explicó Moreno Ocampo a la prensa.
La OEA le había agradecido públicamente la semana pasada “sus contribuciones en el diseño y puesta en marcha del proceso” sugiriendo que ya había culminado su participación.
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Prensa Asociada solicitó una aclaración a la OEA sin recibirla de inmediato.
La indefinición sobre el rol de Moreno podría convertirse en una distracción importante del proceso, que durante su cuarta audiencia pública escuchó los testimonios de varios alcaldes venezolanos que acusaron al gobierno de Nicolás Maduro de amenazarlos, agredirlos y atacarlos judicialmente por su postura política.
“La persecución de alcaldes opositores es una política de Estado”, dijo el alcalde del municipio capitalino El Hatillo, David Smolansky, quien salió del país tras ser condenado en agosto. “Desde 2013 el régimen destituyó a 12 alcaldes, seis están en el exilio y cuatro están presos”, añadió.
Venezuela, que en abril inició un trámite de dos años para abandonar la OEA, se opone a la celebración de estas audiencias por considerar que no corresponden a la misión del organismo hemisférico.
