El dilema de reconstruir a Puerto Rico o pagar la deuda

Por Joel Cintrón Arbasetti y Carla Minet

Centro de Periodismo Investigativo

La sala #3 del Tribunal Federal en San Juan está llena; las palabras que se escuchan entre el murmullo colectivo son en inglés. Las pronuncian principalmente hombres blancos en gabanes oscuros, que se callarán de un golpe, cuando entre una mujer negra: la jueza federal de quiebras Laura Taylor Swain.

Recomendados

Gobierno de Estados Unidos anuncia subvenciones para proyectos solares

Cangrejeras de Santurce se coronan campeonas del voleibol femenino

Sistema de salud de Haití se tambalea con pocas reservas, hospitales atacados y puertos cerrados

Es el 9 de agosto, y faltan 40 minutos para que comience la sesión, la tercera del Título III bajo la ley federal PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016) donde se dilucida el caso de quiebra del gobierno de Puerto Rico, el más grande en la historia de una jurisdicción estadounidense. Aquí se perciben las tensiones de la batalla legal por el cobro de $74,778 millones de deuda, que tendrá repercusiones para toda la población y para personas fuera de la isla. Esta deuda se suma a las obligaciones del sistema de pensiones, que ascienden a $49 mil millones.

La aglomeración de un centenar de abogados en esta sala no debe confundirse con representación de la mayoría de la gente a la que el caso impacta. Muchas de las personas que tienen deuda del gobierno no están representadas, como por ejemplo, los llamados bonistas individuales: inversores inexpertos que confiaron sus ahorros a fondos mutuos como Franklin Advisers y Oppenheimer Funds, o a casas de corretaje como Popular Securities, UBS o Santander Asset Management.

Por el contrario, la batalla legal por los fondos públicos bajo el Título III la protagonizan inversionistas especializados: compañías de fondos mutuos, fondos buitre expertos en litigar por el cobro de deudas, y compañías aseguradoras de bonos responsables de pagar el total de la deuda a sus clientes. Las aseguradoras reclaman en conjunto $21 mil millones.

La estrategia de los abogados de estas empresas, con grandes cantidades de dinero que ganar o perder en la deuda de Puerto Rico, en ocasiones, se torna violenta.

“Soy de Queens (Nueva York) y recuerdo que, cuando no pagas, hay consecuencias”, dijo durante la vista Susheel Kirpalani, abogado de las firmas de inversión que integran la Coalición de Bonistas Seniors de Cofina, en obvia referencia a la práctica común del bajo mundo, en donde se amedrenta o se asesina al deudor. El deudor en este caso es el Estado Libre Asociado, que se supone que está representado por la Junta de Control Fiscal (JCF) que impuso el Congreso de Estados Unidos un año atrás bajo la ley PROMESA, para que el gobierno pague y pueda volver a emitir deuda.

Si el escenario era complicado, luego del huracán María entra en juego una nueva factura para el gobierno de Puerto Rico que podría superar la de la deuda pública: la de los daños causados por el disturbio atmosférico, que podrían fluctuar de entre $45,000 millones y $95,000 millones, estima un informe de Moody’s.

Según el gobernador Ricardo Rosselló, en la cuenta del Departamento de Hacienda quedan solo $2,000 millones, por lo que el gobierno alertó que podría quedarse sin dinero en octubre. Desde junio la Junta de Control Fiscal advirtió que el gobierno podría quedarse sin dinero para la nómina de los empleados públicos en noviembre o diciembre.

La pregunta que todos tienen en la mente es si las firmas de inversión que reclaman millones en deuda seguirán adelante con sus reclamos bajo el nuevo panorama del país; que ahora, a casi un mes de la tormenta, tiene más de 5,000 refugiados, comida y agua potable racionada, con solo una parte de sus hospitales funcionando, 90% de la isla sin servicio de energía eléctrica y fallos generales en las telecomunicaciones.

“Tenemos que mirar toda la estructura de su deuda. Deben mucho dinero a los amigos de Wall Street y tendremos que eliminar eso. Vamos a tener que decirle adiós a eso. No sé si es Goldman Sachs, pero quien sea, se puede despedir de eso. Tendremos que hacerlo porque la deuda era masiva en la Isla”, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de su visita relámpago a Puerto Rico en una entrevista a Fox News. Al día siguiente, el director de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, le salió al paso en otra entrevista: “creo que lo que escucharon decir al presidente es que Puerto Rico tendrá que encontrar una manera de resolver su problema de deuda”.

En efecto, Goldman Sachs Asset Management (GSAM) compró $120 millones en la emisión de bonos de Obligación General que hizo el gobierno de Puerto Rico en 2014, mientras Goldman Sachs & Co., otra de las divisiones de The Goldman Sachs Group, fue uno de los bancos vendedores de esa emisión. En 2015 GSAM llegó a tener $1.3 mil millones en bonos de la isla.

El fondo mutuo Oppenheimer Fund reclama la mayor cantidad de deuda bajo el Título III de PROMESA, según una lista generada por el Centro de Periodismo Investigativo a partir de documentos sometidos por los abogados de las firmas en el caso de quiebra. Oppenheimer reclama $4.9 mil millones en bonos de Obligación General, Cofina, Autoridad de Carreteras y Transportación, y de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE); a través de 16 fondos que pertenecen al Mutual Fund Group.

Franklin Funds, fondo mutuo que pertenece al mismo grupo, ocupa el segundo lugar con $1.8 mil millones en bonos de Obligación General, Cofina y la AEE distribuidos en 22 fondos.

Aunque también son fondos mutuos, el UBS Puerto Rico Family of Funds, manejados por UBS Asset Managers of Puerto Rico, no forman parte del Mutual Fund Group. Están en el tercer lugar, con $1.4 mil millones distribuidos en 89 fondos con bonos de Cofina, la Autoridad de Carreteras y Transportación y el Sistema de Retiro.

Entre 2013 y 2016, Oppenheimer, Franklin y UBS, los tres principales acreedores del gobierno de Puerto Rico, pagaron $378 millones en multas por fraude a la Security and Exchange Commission (SEC) y al Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). En el caso de Oppenheimer y UBS, la SEC los multó por “venta impropia” de bonos de la isla.

Aparte de las multas de las agencias reguladoras por las que UBS ha tenido que pagar millones, la cantidad que han pagado a individuos por demandas y por arreglos fuera del tribunal por la venta de bonos de Puerto Rico podría estar cerca de los mil millones “y creciendo”, dijo al CPI uno de los abogados que llevan casos contra esa casa de corretaje.

Debido al paso del Huracán, la jueza Swain pospuso hasta nuevo aviso la vista general del Título III que iba a tener lugar el 4 de octubre en el Tribunal Federal de San Juan. Pero el caso continúa, con una vista argumentativa que se iba a llevar a cabo el  27 de septiembre y que se celebró el 4 de octubre en un tribunal de Nueva York. Y mientras casi toda la isla se encuentra sin luz y sin acceso estable a internet, los abogados de las partes interesadas en el proceso no han parado de someter mociones en el archivo digital del caso.

PROMESA es un nuevo tipo de experimento social cuyas consecuencias empiezan a mostrarse: una Junta de Control Fiscal que ha reclamado que las leyes del territorio no le aplican, que ordenó reducción de jornada laboral y fue al tribunal a hacerla valer, aunque desistió después del huracán María, corte de servicios como la educación y la salud, privatización de bienes públicos, alza en las tarifas del agua, y medidas de austeridad en general, sin consulta o sin mostrar estudios o argumentos que sustenten los beneficios de esas políticas.

El Título III, que es el último chance que le da la Ley PROMESA al territorio no incorporado para negociar y pagar a los acreedores, pone al país de nuevo como un conejillo de Indias, a prueba ante un código de quiebra nunca antes implementado en los Estados Unidos, y que luego de probarse en la isla podría aplicarse en otros territorios.

Hasta ahora, los casos de quiebra que se ventilan en corte son los del gobierno central, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la Autoridad de Carreteras y Transportación, Autoridad de Energía Eléctrica y la Administración de los Sistemas de Retiro. Los bonos que a través de los años emitieron cada una de estas entidades ahora son objeto de una gran batalla legal.

Las firmas de inversión que protagonizan la contienda han formado grupos de acuerdo al tipo de bonos que poseen: contratan a bufetes de abogados y actúan como una alianza que puede variar en miembros (algunos entran, otros salen) durante el proceso de tratar de cobrar su deuda. También sucede que según la conveniencia, no todos los nombres de las firmas que pertenecen al grupo se hacen públicos.

El Mutual Fund Group es el que reclama la mayor cantidad de deuda con $7.2 mil millones en varios tipos de bonos, y lo integran, además de Franklin y Oppenheimer funds, Santander Asset Management (First Puerto Rico Family of Funds), que exige $478 millones en bonos de Obligación General, Cofina y de la Autoridad de Carreteras. Santander Securities pagó $8.4 millones por dos multas, una 2011 y otra en 2015, de FINRA.

Los demás grupos representados en el Título III son la Coalición de Bonistas Seniors de Cofina, el Ad Hoc Group de Bonos de Obligación General, el ERS Secured Creditors y el QTCB Noteholders Group. A estos se suma el grupo de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay firmas que no pertenecen a ningún grupo, como Goldman Sachs y UBS. También forman parte, aunque no en un grupo, las aseguradoras Assured Guaranty, National Public Finance, Ambac Insurance, Syncora y Financial Guaranty.

El Ad Hoc Group de bonos de Obligación General comenzó con más de 30 firmas y ahora que están en el tribunal dice tener siete, mientras que la Coalición de Bonistas Seniors de Cofina ha ido sumando integrantes hasta llegar a 44. Ambos grupos se formaron antes de que comenzara el Título III, tal vez en anticipación de lo que venía, y ahora son los principales rivales dentro del caso. La Coalición exige $3.2 mil millones en bonos y el Ad Hoc $3.3 mil millones.

El Employee Retirement System (ERS) Secured Creditors reclama $1.4 mil millones en bonos de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados de Gobierno y la Judicatura (ASR). El Plan Fiscal aprobado, y un memorando de la JCF sobre la reforma al sistema de retiro, incluyen una reducción anual de 10% a las pensiones. Según este grupo de bonistas, las aportaciones del gobierno a los pensionados son la fuente de repago para sus bonos.

Por su parte, el QTCB Noteholders Group tiene $690 millones en bonos de la Autoridad de Edificios Públicos.

Todos estos grupos están dominados por fondos buitre, a excepción de los fondos mutuos y su grupo.

Un informe publicado en 2016 por la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidos alerta que los fondos buitre pueden socavar la reestructuración ordenada de la deuda soberana. Y aunque la de Puerto Rico no se considera deuda soberana debido a la relación colonial que existe entre la isla y Estados Unidos, las estrategias desplegadas por estas firmas de inversión en la compra de bonos de Puerto Rico y en el proceso de quiebra, son las mismas con las que el informe de la ONU y otros expertos definen a los fondos buitre.

“En el contexto de la reestructuración de una deuda pública, su rol es esencialmente el de buitres (pure vulture)”, dice el informe.

“Los fondos buitre son ‘bonistas pacientes’, en el sentido de que su poder legal y financiero les permite oponerse a la reestructuración y a cualquier recorte en el valor de sus bonos que esta pueda conllevar”. Al oponerse a una reestructuración, “hacen que el proceso sea más lento, más difícil e incierto, provocando costos económicos y sociales para el país deudor en necesidad de un alivio por la deuda. La presa de estos fondos es el país deudor, pero en el proceso, pueden hacer daño a otros acreedores al rechazar alguna forma de repartir la carga entre los tenedores de bonos”, señala el informe, preparado por el economista senior de la Universidad París-Dauphine, Edgardo Torija Zane.

Usando estos parámetros, el CPI identificó al menos 24 fondos buitre distribuidos entre los grupos representados en el Título III en Puerto Rico.

Hay firmas de fama internacional por su agresividad a la hora cobrar deudas de países en crisis, como Aurelius Capital, quienes se oponen a cualquier recorte de deuda y en una demanda argumentan que la ley PROMESA viola la constitución estadounidense, por lo que piden que se desestime el caso del Título III. Se oponen a la reestructuración y argumentan que el gobierno debe usar todos sus recursos para pagar la deuda de Obligación General.

Tilden Park, Värde Partners, Whitebox, y Autonomy Capital, son firmas que están en los grupos del proceso de quiebra y que aparecen en el Top 100 Hedge Funds (fondos de cobertura) 2016 del medio especializado Barron’s.

Al margen de los bufetes y las tácticas legales en el proceso de negociación, están los bonistas individuales. No forman parte de los grupos organizados o de los comités oficiales, y si deciden entrar al caso, tendrán que pagar por su representación legal.

“Nosotros no somos miembros de ningún grupo organizado”, dijo refiriéndose a su familia un trabajador de la industria agrícola que pidió anonimato. Tiene bonos de Cofina, de Obligación General y de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). “Están los (bonos de Cofina) Senior y los Subordinated; todo el mundo tiene de todo, porque en ese momento, cuando yo lo compré, yo no sabía qué era subordinated y ni qué era Senior, ni ná’. Tú comprabas lo que estuviese disponible… Se los compré a Popular Securities, a mi me gustaban porque son de aquí”, mencionó antes de enfatizar su preferencia por ese banco.

El trabajador y su familia, contrataron a un abogado que ya sometió un proof of claimpara cada uno de los casos donde sus clientes tienen bonos. “Ese proof of claim es la reclamación de cada uno de los individuos que está siendo radicada con el propósito de hacer constar de que ellos tienen esa reclamación, de forma que cuando venga el momento de una distribución (del dinero), no se queden fuera”, explicó el abogado, que pidió no ser identificado.

“Ahora mismo (mis clientes) no tienen participación en las negociaciones, porque la Junta de Control Fiscal sometió un documento para la aprobación de la jueza para que se designe a un representante de los bonos de Obligación General y otro de Cofina; con el propósito de que se lleve a cabo un procedimiento de mediación encaminado a llegar a un acuerdo con relación a la controversia existente entre esos dos tipo de bonistas. Me imagino que cuando llegue el momento de esa mediación, las organizaciones que están establecidas y tienen sus representantes y forman agrupaciones (en el Título III), ellos participarán de las mismas y en ese momento si nosotros entendemos que debemos participar, yo lo haría a nombre de mis clientes”, añadió.

Mientras tanto, aunque le cuesta, el abogado observa el proceso a distancia.

“La jueza le da a uno la oportunidad para que si uno tiene interés en alguna de las controversias y quiere ser oído, radique una moción a esos efectos, de manera de poder participar durante las vistas. Otra forma de participar en las vistas, pero ya es más bien en calidad de oyente para uno saber lo que está pasando, es que lo podemos hacer telefónicamente y hay que inscribirse. Yo no voy a comparecer, pero la voy a escuchar. La llamada cuesta $70, pero puedes escuchar el procedimiento como si estuvieras en el tribunal”.

Asistir en persona para ser escuchado, es todavía más caro, pues hay que pagar $300 al Tribunal para someter la moción de comparecencia.

“Los bonistas individuales no están realmente representados (en el caso de Título III). Es demasiado caro y toma demasiado tiempo para ellos involucrarse y tratar de influir en una solución. Es diferente para los inversionistas institucionales que han hecho apuestas más grandes, como porciones de los activos de sus compañías. La excepción son los fondos de cobertura, las aseguradoras de bonos y algunos fondos mutuos, para quienes tiene sentido involucrarse”, explicó Matt Fabian, analista del mercado de bonos municipales y socio de la firma Municipal Market Analytics, en entrevista con el CPI.

El Mutual Fund Group y el Ad Hoc Group de bonos de Obligación General tienen conflictos de interés en el caso del Título III por tener varios tipos de bonos que están en disputa entre sí. Por ejemplo el fondo mutuo Franklin, que forma parte de ese grupo de fondos mutuos, también está en el Ad Hoc Group donde adopta las mismas estrategias legales que caracterizan a los fondos buitre que dominan el grupo.

Por su parte, Cofina Senior Bondholders Coalition se adjudica la representación de bonistas individuales y retirados de pocos recursos, pero es controlado por fondos buitre como The Baupost Group, uno de los más grandes del mundo, Canyon Partners, GoldenTree Asset Management y Tilden Park Capital Management, los cuales exigen a sus clientes un mínimo de inversión que fluctúa de entre 1 millón y 5 millones de dólares.

De otra parte, está el caso de los fondos de UBS y Santander Asset Management, que reclaman en el Título III que se les paguen deudas relacionadas con emisiones de bonos por las que han sido demandados.

Los abogados que intervienen directamente en el caso de quiebra llegan a la vista en el Tribunal Federal antes de las 8am, pasan los puntos de cateo y a la hora del almuerzo comen en la cafetería del piso #7, segregados como tribus en las mesas del salón. Muchos trabajan para los bufetes más cotizados de Wall Street, y por cada bufete extranjero hay uno local contratado. Por ahora, más de 55 firmas de abogados de la isla han sido reclutadas por los acreedores para que los representen en el Título III de la ley PROMESA.

“Algunas personas o entidades contratan a un bufete en EEUU, en el cual dos, tres, o cuatro abogados del mismo bufete las asesoran y representan. Esos bufetes no pueden venir a Puerto Rico a ejercer y comparecer en el tribunal si no están admitidos al ejercicio de la abogacía aquí, o en el Tribunal Federal de Distrito, ya que se requiere pasar una reválida para ser admitido a ejercer allí. Por lo tanto, tienen que contratar abogados en Puerto Rico admitidos en ese tribunal para que endosen su solicitud de que se les permita comparecer pro hac vice (por este caso o por esta ocasión)”, explicó Carlos Rodríguez Vidal, del bufete Goldman Antonetti & Córdova que representa en el caso del Título III a la aseguradora Syncora.

En el vestíbulo del Tribunal, Arthur González, miembro de la Junta de Control Fiscal, conversa con Jaime El Koury, asesor legal de esa entidad. Las voces suenan como rumor en el vacío. Se escuchan suelas pegándose al piso, el tún tún seco de los tacones y el brincoteo de los maletines que ruedan llenos de documentos.

Algunos bufetes de abogados también podrían tener intereses que entran en conflicto.

Por ejemplo, el bufete puertorriqueño McConnell Valdés fue contratado en 2016 como cabildero en la Cámara de Representantes por dos firmas del Ad Hoc Group de bonos de Obligación General, Aurelius Capital y Stone Lion Capital. A la vez, es representante legal de Autopistas de PR, LLC, Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico, Puerto Rico Telephone Company (Claro) y Rexach Hermanos, Inc, en el caso del Título III. Cualquier reclamo de cobro de estas compañías al gobierno, podría estar en contraposición de los reclamos de Aurelius Capital y Stone Lion, de que el estado debe usar todos los recursos disponibles para el pago de las deudas de Obligación General.

Los abogados y asesores de estas firmas van entrando a la sala de la Jueza Swain, y entre ellos está Matt Rodrigue (sin z), director general del banco Miller Buckfire que asesora a la Coalición Cofina Senior, junto a Rafael Escalera, del bufete local que representa a ese grupo, Reichard & Escalera. Entra también, con su lazo al cuello, Hermann Bauer, abogado del bufete O’neill & Borges, que en este caso le hace pareja al bufete estadounidense Proskauer Rose en representación de la Junta; y Andrés López, abogado de AAFAF, quien fue mencionado el año pasado como uno de los posibles candidatos a formar parte de la Junta y que tiene su oficina en San Juan. La AAFAF también tiene un contrato de $18 millones con el bufete estadounidense O’Melveny & Myers para el Título III.

Cuando entra la jueza, todos se callan y se ponen de pie, como en la iglesia. Swain dice “buenos días”, en español, y comienza la vista, en inglés. Casi siete horas después, una guagua negra de puerta corrediza y cristales ahumados recoge a los abogados de los bufetes estadounidenses y los transporta en grupos hacia el hotel, o directamente al aeropuerto.

Luego del huracán María, el medio estadounidense The Intercept contactó a 51 acreedores de Puerto Rico para preguntarles si apoyarían una moratoria o cancelación de la deuda debido a la crisis humanitaria que vive la gente. También preguntaron si harían algún donativo por la emergencia. De los 51 acreedores contactados solo contestaron Goldman Sachs, Citibank y Scotiabank, quienes donaron en conjunto $1.25 millones para Puerto Rico y otras zonas del Caribe. Por su parte, el Cofina Senior Bondholders Coalition publicó un comunicado donde indican que harán una donación a la Cruz Roja Americana, capítulo de Puerto Rico, sin especificar la cantidad.

La serie Los acreedores que controlan la quiebra de Puerto Rico del Centro de Periodismo Investigativo indaga en las características y el trasfondo de las firmas de inversión que hasta ahora han dominado el escenario del caso de quiebra del gobierno de Puerto Rico. Las próximas historias se publicarán esta semana y la próxima.

Laura Moscoso colaboró en esta historia.